Tijuana.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, descartó que la reciente detención y vinculación a proceso del directivo de Banca Afirme, Nabor, sea una persecución política, sino que es un tema patrimonial por defender los recursos de los bajacalifornianos.
“No es un tema político. No es ni siquiera mi estilo la persecución política. Yo veo hacia delante no hacia atrás”, declaró hoy Ávila Olmeda.
Cuestionada por PUNTO NORTE en su conferencia “Miércoles de Mañanera” sobre la carta escrita desde prisión por Nabor Medina Garza, el director de Banca Afirme vinculado a proceso por el delito de abuso por retención, quien se calificó como “víctima de intereses políticos”, la mandataria estatal descartó que el caso fuera de esa índole.
“Es un tema de combate a la corrupción, de recuperar recursos públicos que le corresponden y le pertenecen a las y los bajacalifornianos, al Estado de Baja California”, manifestó.
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Marina del Pilar recordó que el asunto penal deriva del contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que no se realizó “y que no se va a realizar porque no cuenta con los permisos”.
Recordó que la propia Secretaría de Energía, entonces encabezada por Rocío Nahle, envió un oficio al gobierno del Estado a cargo de Jaime Bonilla, en el que dice: “no tienes permisos, no los vas a tener, no puedes realizar o construir una planta fotovoltaica sin permisos”.
Aún así, se llevó a cabo este contrato donde como garantía se establecen participaciones federales del gobierno del Estado.
“Yo como gobernadora cuando llegamos y nos encontramos ante esta situación, evidentemente interpusimos los recursos que nos permitan terminar con esa situación, con ese contrato”, planteó.
Por lo que agregó “no se trata de una simple licitación, va mucho más allá. Estamos hablando de miles de millones de pesos”.
Incluso, precisó que la vía penal no fue la primera opción por la que intentaron recuperar los 123 millones, proveniente de participaciones federales, que se depositaron en un fideicomiso en Banca Afirme, como parte de las cláusulas del contrato de la planta de energía que fue cancelado al inicio de su administración.
“Primeramente nos fuimos por la vía mercantil, administrativa y un Tribunal determinó que la primera ministración de recursos, los 123 millones de pesos que fue retenida por el Banco Afirme impactó directamente las finanzas públicas de Baja California”, afirmó.
Y detalló que aunque el tribunal ordenó el regreso de ese recurso al Estado o su vez a la Secretaría de Hacienda del gobierno federal para que lo devolviera a Baja California, que es a quien le pertenecen esas participaciones federales, esto no ocurrió así.
“Hubo varios requerimientos a la banca. Hubo audiencias donde Banca Afirme no se presentó”, explicó Marina del Pilar.
La gobernadora insistió en que le interesa dejar claro que este asunto no es un tema político, sino un tema en el cual están los recursos de los y las bajacalifornianas.
“Al día de hoy si no se hubieran interpuesto los recursos legales serían más de 5 mil millones de pesos los que hubieran sido retenidos por algo que no se va a construir y 37 mil millones de pesos por la terminación del contrato”, indicó.
Por su parte, en la misma respuesta a PUNTO NORTE, Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno de Estado, indicó que la aprehensión de Nabor fue por cumplimiento a un mandato judicial en el marco del debido proceso.
Señaló que el directivo de Banca Afirme, quien la semana pasada dirigió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a la fiscal general María Elena Andrade Ramírez, pasó más de dos años prófugo de la justicia “promoviendo lo que le convenía” e incluso solicitó asilo político en Estados Unidos.
No acudió a comparecencias, lo que obligó a que se le impusiera prisión preventiva.
El funcionario estatal consideró que es un contrasentido que Nabor señale que no tiene facultades para devolver 123 millones de pesos retenidos al gobierno de Baja California, pero sí demandó a Baja California para que no se devolviera esa cantidad y se siguieran afectando las finanzas de los bajacalifornianos.
