Averiguación Previa es la columna del periodista Isaí Lara Bermúdez, director general de Punto Norte.
En Baja California, los delitos más graves como el secuestro y la desaparición forzada se están procesando en las sombras. Cada vez es más frecuente que la Fiscalía General del Estado y algunos jueces del Poder Judicial nieguen el acceso de periodistas de PUNTO NORTE a audiencias públicas, sin justificación legal y en violación directa al principio de máxima publicidad que rige el sistema penal acusatorio.
Esta política de opacidad se ha hecho habitual en la administración de la fiscal general María Elena Andrade Ramírez y se ha intensificado cuando los casos se refieren a detenidos por desapariciones de mujeres y adolescentes o secuestros. Varios de estos detenidos, sospechosamente, son dejados luego en libertad sin la posibilidad siquiera de que se haga público.
A lo largo de los últimos meses, PUNTO NORTE ha documentado múltiples casos en los que, sin causa jurídica válida, nuestros reporteros han sido expulsadas de audiencias decisivas.
Periodistas que no solo están capacitadas legalmente, sino que asisten a los juzgados sin protección, frente a imputados y operadores del sistema, con la única intención de cumplir su labor informativa. Documentar la actuación de jueces, fiscales y defensores no es una amenaza, es parte esencial de un sistema penal que se jacta democrático y se presume de justicia abierta.
La negativa se ha vuelto constante, disfrazada de “protección de derechos” y restricciones legales; sin sustento jurídico. Por el contrario, es una violación a los derechos de acceso a la información, al derecho a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada, pero sobre todo, una violación a uno de los fundamentos del sistema penal que rige al país.
Uno de los casos preocupantes ocurrió el 18 de junio, durante la audiencia por desaparición forzada contra Christian Hilario “El Camarón” y Guillermo “El Flaco”, acusados de la desaparición de cuatro mujeres en la Zona Este de Tijuana.
Al inicio de la audiencia, el juez Ángel Manuel Guillén evidenció su actuar irregular pues ya sabía que la Fiscalía pediría que la periodista de PUNTO NORTE fuera retirada. Sin que la audiencia hubiese comenzado formalmente, sin que se manifestara esa solicitud ante las partes o el público, el juez dijo: “tengo entendido que la fiscalía tiene una petición…”. Lo sabía de antemano.
Fue entonces que la agente del Ministerio Público Paola Lizeth Cervantes solicitó restringir la audiencia por tratarse de víctimas adolescentes. El juez no cuestionó, lo concedió de inmediato, no ponderó otras medidas menos invasivas, como omitir datos personales, apercibir a la periodista. Simplemente decretó la privacidad total de la audiencia, impidiendo el acceso de nuestra reportera y vulnerando la legalidad del proceso.
¿Cómo es posible que el juez supiera de antemano que la Fiscalía solicitaría la privacidad si la audiencia aún no comenzaba? El Código Nacional de Procedimientos Penales es claro: cualquier petición, cualquier acuerdo entre partes, debe realizarse durante la audiencia, con la presencia de defensa, juez y la representación social. ¿En qué momento hablaron? ¿bajo qué condiciones, instrucciones o acuerdos? ¿Qué otros pactos se decidieron fuera del estrado?
No es la primera vez que esta fiscal y algún juez actúan en conjunto para ocultar lo que debería estar a la luz.
En otro caso, más reciente, el 10 de julio, el juez Francisco Alberto Molina también ordenó restringir la audiencia a solicitud de la misma fiscal Paola Lizeth Cervantes, en el mismo caso de desaparición forzada de cuatro mujeres en la Zona Este de Tijuana.
Ese día, fue presentado Iván “El Talibán” como imputado en la misma carpeta de investigación. De nuevo, sin atender los principios del sistema penal de máxima publicidad, el juez limitó el derecho a la información de manera arbitraria.
Otro caso es el de Salvador “El Güero” o “El 08”, acusado de ser parte de una banda de secuestradores que tenían amarrada a una mujer en una casa de seguridad en Tijuana y por la que exigían una enorme cantidad de dinero y la cual fue rescatada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
En ese caso, la agente del Ministerio Público, Xóchitl Orozco, pidió al juez José Acevedo Chavira que la periodista de Punto Norte saliera de la sala con el pretexto de que “la carpeta de investigación aún está abierta” y el juez aceptó la petición sin requerir justificación jurídica, como si se tratara de un favor personal y no en una audiencia de control de legalidad.
Durante una audiencia relacionada con el homicidio de un hombre, el secuestro e intento de feminicidio de una mujer y el rapto de un bebé en Tijuana por parte de un grupo criminal, también se impidió la entrada a la reportera de PUNTO NORTE. En ese caso, el juez Sergio Horta Espinoza, aceptó la solicitud de una fiscal de homicidios. El argumento fue, otra vez, “la protección” de la víctima menor de edad, sin que existiera un solo argumento.
No cuidan a los menores, se cuidaban entre ellos. ¿Qué tienen que ocultar? ¿Errores procesales? ¿Acuerdos previos? ¿incompetencias?
Esta tendencia no es nueva, pero sí se ha agudizado bajo la administración de la fiscal general María Elena Andrade Ramírez, y más con su fiscal de secuestros y desapariciones, Fidel Corvera Gutiérrez. Jamás se había utilizado de manera tan descarada el argumento de “proteger a las víctimas” como pretexto para proteger a fiscales incompetentes.
PUNTO NORTE ha sido el único medio que ha documentado públicamente cómo, por deficiencias en su labor (pensando en el mejor de los casos y no por corrupción), agentes de la Fiscalía han provocado la libertad de secuestradores, violadores de menores, feminicidas, ebrios que han quitado vidas al volante y sicarios de los cárteles de las drogas.
Estos casos se han dado con nombres, fechas y evidencia. Ejemplos sobran: Dos agentes del MP acusados de haber provocado la libertad de un violador de menores, un caso que la propia Fiscalía terminó imputándole delitos, llevándolos ante un juez, que por cierto, asunto que la Fiscalía perdió nuevamente por deficiencias procesales. También el caso del sicario que desapareció a Adara Paulina en 2024, la conductora de plataforma tipo Uber, quien pudo quedar libre por fallas de la FGE, como no presentar datos de prueba correctamente, aunque fue detenido de nuevo.
Además, el caso del asesino de un arquitecto y unos empresarios de Mexicali, liberados por errores graves de la Fiscalía, por falta de argumentos, un deficiente trabajo de la institución, hechos que fueron publicados por este medio.
La lista sigue y es larga. Y en muchos de estos casos, la sospecha común es la misma: la incompetencia de la fiscalía o la complicidad judicial.
Los periodistas de PUNTO NORTE no acuden a las audiencias solo a criticar el trabajo deficiente de los agentes del Ministerio Público, también se han publicado casos donde fiscales logran mantener presos a los delincuentes, en donde se logran sentencias ejemplares.
El argumento de “proteger a las víctimas” no puede seguir usándose como escudo. Hay formas legales y técnicas de resguardar la integridad de menores sin cerrar la puerta a la prensa. Se puede reservar identidad, se restringen imágenes, está prohibido grabar, evitar nombres, omitir ciertos datos. Lo que no se puede —ni debe permitirse— es excluir por completo al único actor externo que cuenta con el derecho de observar lo que ocurre entre fiscales, defensores y jueces.
La fiscal María Elena Andrade debe responder: ¿es esta política de cerrar audiencias parte de su estrategia institucional? ¿Instruyó a sus Fiscales a restringir el ingreso de periodistas? ¿Está de acuerdo con que se tomen decisiones fuera de audiencia, en lo privado, con el juez, sin transparencia? ¿Por qué no se han hecho públicos los múltiples casos en los que secuestradores fueron liberados bajo su gestión?
Y al presidente del Poder Judicial de Baja California, Isaac Fragoso López: ¿hasta cuándo seguirán validando restricciones arbitrarias, casualmente con jueces allegados a él? ¿Cuántos jueces más están dispuestos a decretar privacidad sin sustento legal, solo para no incomodar a la Fiscalía o para poder dictar acuerdos sospechosos o bajo secrecía ilegal?
La máxima publicidad en los procesos penales no es un favor para los periodistas: es una obligación del sistema y sus operadores. La opacidad nunca protege a las víctimas, solo protege a quienes les están fallando.
Si en Baja California los casos de desapariciones y secuestros se están resolviendo en las sombras, no es por razones jurídicas o porque la prensa represente un peligro para las víctimas, es por razones políticas o de protección institucional. Los lectores tienen derecho a saberlo. Y PUNTO NORTE el deber de documentarlo.
En la versión original de esta columna se señaló incorrectamente al juez Francisco Alberto Molina Hernández como el responsable de haber iniciado la audiencia en la que anticipó la solicitud de la Fiscalía General del Estado para decretar el carácter privado de la sesión.
Sin embargo, quien realmente encabezó esa audiencia fue el juez Ángel Manuel Guillén Armenta. Esta audiencia ocurrió el 18 de junio de 2025.
Ambos jueces han presidido audiencias diversas en la misma carpeta de investigación por el caso de desaparición forzada de cuatro mujeres en la Zona Este de Tijuana —cada una con imputados distintos— y ambas fueron declaradas privadas. Fue el juez Guillén Armenta quien evidenció que ya conocía de antemano la solicitud de la Fiscalía, antes incluso de que comenzara formalmente la sesión.
La información ya fue corregida y actualizada en esta versión actualizada. Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores por la imprecisión.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
