Tijuana.- El Ayuntamiento de Tijuana debe pagar 300 mil pesos en multas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por omisiones cometidas en la administración pasada al ejecutar el proyecto de rehabilitación del malecón de Playas de Tijuana, informó la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán.
Fue también por irregularidades con esta obra que recientemente se dio a conocer la inhabilitación por un año, del exsecretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA), Juan Enrique Bautista Corona y del exdirector de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, Marco Antonio Campoy Arce.
Así como también a la ex subdirectora de Normatividad de SDTUA, Laura Alicia Celtran Robles, quien fue inhabilitada para tener un cargo público por tres meses.
En el caso de los tres ex funcionarios se determinó en la Sindicatura Procuradora que cometieron faltas administrativas.
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Sin embargo, al ser cuestionada al respecto en una rueda de prensa realizada ayer lunes 25 de agosto, la síndica subrayó que no se trata de una persecución por parte del gobierno municipal contra la anterior administración, sino que también “otros órdenes de gobierno sancionaron a la administración pasada por esta obra”.
En ese sentido, la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, dio a conocer que en septiembre de 2024, la administración encabezada por la ex alcaldesa Monserrat Caballero Ramirez, recibió dos multas debido a las obras en el malecón.
“La primera de 79 mil pesos por realizar trabajos de construcción y no de rehabilitación, como se había mencionado”, explicó Balderas Beltrán.
La funcionaria agregó que, en su momento, la Profepa requirió al Ayuntamiento qué tipo de trabajos se realizarán en el malecón, a lo cual la administración informó que serían sólo trabajos de tipo rehabilitación, cuando en realidad llevó a cabo construcción de obra nueva.
“Se contaba con una licencia del 2015 para remodelaciones y ellos utilizaron esta licencia para construir. Profepa se da cuenta que no están rehabilitando, sino construyendo de nuevo algo y multa al Ayuntamiento”, precisó la funcionaria.
La segunda multa, por otro lado, le fue impuesta al Ayuntamiento por no contar con la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra, por lo que se le impuso el pago de 220 mil pesos alrededor.
“No se acata esta multa, siendo ésta un adeudo que el municipio tiene que pagar y causando un daño, tengo que decirlo así, por alrededor de 300 mil pesos entre las dos multas”, mencionó.
Balderas Beltrán Añadió que para no generarle recargo u otro tipo de procedimientos al Ayuntamiento, hace dos semanas se le solicitó a la Tesorería Municipal que se liquiden estas multas que fueron impuestas a la administración pasada.
Una vez saldadas las multas, dijo, se haría otro tipo de procedimiento por daño al erario en el Tribunal Administrativo de lo Contencioso, para que se promueva que los responsables puedan resarcir.
Teresita Balderas también aclaró que el periodo de inhabilitación por parte del Ayuntamiento es la máxima sanción que la Sindicatura Procuradora puede imponer.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo puede imponer sanciones desde cinco hasta diez años de inhabilitación.
Incluso, dijo Teresita Balderas, la misma Sindicatura puede abrir nuevos procedimientos en contra de las personas, y agregar sanciones a las ya establecidas.
Con información de Iliana Carapia
