Tijuana.- Amador Rodríguez Lozano, quien durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez ocupó el cargo de secretario general de Gobierno y fungió como el segundo hombre más influyente de aquella administración, aprovechó el incidente de ayer, cuando más de 300 niños de Tijuana resultaron intoxicados tras consumir desayunos escolares, para lanzar acusaciones (nada precisas) contra la empresa encargada de preparar los alimentos.
Desde su cuenta de Facebook, el ex funcionario aseguró que la empresa era propiedad de Rodrigo Llantada, ex policía municipal, ex presidente de Coparmex en Mexicali y actual secretario del Ayuntamiento en la capital del Estado, a quien calificó como “amigo de Marina”, en alusión a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La publicación del también ex senador del PRI decía: “El pollo estaba descompuesto, muchos niños enfermos en BC, empresa es de Llantada, amigo de Marina”.
Sin embargo, el señalamiento resulta falso. Documentos oficiales revisados por PUNTO NORTE demuestran que la empresa contratada por el gobierno para elaborar los desayunos escolares es AB Alimentos Nutraseúticos Funcionales, S.A. de C.V., propiedad del empresario sonorense Mario Abeyta Ruiz, quien cuenta con tres socios minoritarios.
Entre ellos figura su hermano Alberto, con apenas cinco acciones de un total de cien, mientras que Mario posee el 70% de las acciones.
La sociedad fue fundada en 2004 y desde entonces ha participado en licitaciones y contratos en distintos estados del país, siempre enfocada en el suministro de alimentos en gobiernos para programas sociales.
El error en el señalamiento de Amador no sólo recae en la atribución de la propiedad, sino en el hecho de que la contratación original de la empresa en Baja California ocurrió justamente durante el gobierno de Jaime Bonilla, cuando él mismo era secretario general de Gobierno y señalado por sus entonces compañeros de gabinete como uno de los que aprobaban contratos a cambio de sobornos.
Documentos en manos de PUNTO NORTE demuestran que el 19 de febrero de 2021 (en el gobierno de Bonilla), el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado emitió el acta de fallo a favor de AB Alimentos.
En esa fecha, tras el análisis de propuestas, se decidió adjudicar el Servicio para la Preparación de Desayunos Comunitarios para la Secretaría de Integración y Bienestar Social, con una proyección mínima de 26 millones 379 mil 213 pesos mensuales más el 16% de IVA, lo que representaba un estimado anual de 367 millones 162 mil pesos.
El documento de fallo especificaba que la empresa debía encargarse de la preparación y entrega diaria de raciones alimenticias bajo un esquema comunitario. Entre las obligaciones contractuales, se incluía el cumplimiento con normas de higiene, conservación en frío y transporte, así como la supervisión por parte de la Secretaría de Integración y Bienestar Social.
El señalamiento de Amador resulta aún más llamativo si se recuerda que en aquel momento, él presidía muchas de las mesas de análisis y participaba en las decisiones del gabinete estatal, de modo que no podía desconocer la procedencia del contrato.
De hecho, el fallo se llevó a cabo bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de Gobierno Estatal con la presencia de funcionarios de primer nivel y el registro de representantes de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Honestidad, cuyas firmas aparecen al pie del documento.
Lo que Amador quiso decir…
Aunque resulta imposible adivinar lo que la lucidez de Amador pretendió comunicar con su publicación en redes sociales, lo cierto es que su confusión parece estar relacionada con otra empresa en la que sí estuvo involucrado Rodrigo Llantada.
Se trata de Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla S. de R.L. de C.V., una empresa señalada en diciembre de 2019 (cuando arrancaba el gobierno bonillista) por pagar millones de pesos en sobornos a altos funcionarios a cambio de recibir contratos de alimentos, entre ellos, desayunos escolares.
De hecho, se trató de una investigación publicada por PUNTO NORTE, en la cual se documentó que Llantada figuraba (según documentos oficiales) como directivo de la empresa, junto con Gustavo de Hoyos Walther, entonces presidente nacional de Coparmex.
Ambos aparecían en actas de asamblea y en registros de consejo de administración, simultáneamente se formalizaba como proveedor de programas alimentarios del gobierno estatal.
Según testimonios y documentos obtenidos entonces por PUNTO NORTE, la empresa habría ofrecido aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo para garantizar su inclusión en contratos de desayunos escolares, en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Bienestar, encabezada entonces por Cynthia García Soberanes.
Ese episodio reflejó el peso político que tenía Gustavo de Hoyos en ese periodo, con relaciones personales que se enraizaban en los poderes sociales, empresariales y políticos en Baja California.
Luego de la investigación, se especuló si Llantada y de Hoyos utilizaban su posición en la Coparmex y en las cámaras empresariales para consolidar negocios privados con la operación de programas de gobierno.
En el marco de esas denuncias, también se señaló a Amador Rodríguez Lozano como parte del entramado de negociaciones, dada su cercanía con los funcionarios que administraban los programas sociales.
Y es que en ese entonces, Rosendo Colorado —quien era colaborador de la Secretaría de Bienestar— difundió las capturas de sus conversaciones de WhatsApp con la titular Cynthia Gissel García Soberanes, en las que se hablaba de los sobornos y contratos.
En esos mensajes, atribuidos a García Soberanes, se leen dos frases que marcaron el caso: cuando ella le responde que él no alcanzará parte del soborno millonario: “No me va a tocar a mí hasta el segundo (contrato) imagínate como estoy… Amador resultó más cabrón que bonito”.
Hoy, Gustavo de Hoyos es diputado federal por Movimiento Ciudadano, uno de los partidos más críticos de la administración actual, particularmente en el caso de la intoxicación de los menores en Tijuana.
Quizá, en realidad, Amador Rodríguez, el ex secretario general de Gobierno de Bonilla se refería a aquella empresa vinculada con Llantada y de Hoyos cuando escribió su publicación en Facebook.
Sin embargo, la confusión y el señalamiento equivocado terminaron por desempolvar un caso de corrupción que lo envolvió.
