Tijuana.- Las organizaciones civiles Artículo 19 como CIMAC (Comunicación e información de la mujer) emitieron alertas para condenar el actuar del ex delegado de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien atacó con descalificaciones a la periodista de Tijuana, Yolanda Caballero.
El 3 de octubre, en una conferencia de prensa encabezada por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, la corresponsal de Canal 66, Yolanda Caballero, cuestionó a la líder del partido sobre irregularidades cometidas por Ruiz Uribe, en relación con el uso de servidores públicos, en específico a personal de la Secretaría de Bienestar, para afiliar a Morena a personas que esperaban ser atendidos mientras hacían fila afuera de las oficinas de la dependencia.
Después de que se hiciera pública esta denuncia, hace unas semanas, Ruiz Uribe fue destituido del cargo que venía ocupando desde 2019.
Además de esta situación, el partido político Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) por actos anticipados de campaña en contra del entonces funcionario federal, debido a la instalación de anuncios espectaculares con sus apellidos en varios municipios de Baja California.
Y es que Ruiz Uribe es uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para la gubernatura de Baja California en 2027.
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Horas después de la conferencia de prensa, Ruiz Uribe recurrió a sus redes sociales para atacar a la periodista, a quien calificó de “mentirosa” y “maliciosa”, afirmando que su intervención fue “dictada por encargo”.
Además, invitó a sus seguidores a comentar, lo que derivó en una serie de mensajes hostiles contra la periodista, configurando un acto de hostigamiento digital e incitación a la violencia.
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“Este tipo de expresiones desde actores con poder político vulneran los estándares internacionales sobre libertad de expresión, al generar un ambiente de estigmatización y deslegitimación del trabajo periodístico, contrario a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha reiterado que las y los funcionarios públicos deben promover un discurso favorable a la prensa y abstenerse de emitir declaraciones que aumenten el riesgo para periodistas”, señaló la organización civil internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
De igual manera, Artículo 19 recordó que “el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio del periodismo, lo que implica abstenerse de emitir discursos estigmatizantes o descalificatorios que incrementen el riesgo para la prensa”.
En vista de lo anterior, la organización civil hizo un llamado al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a otorgar medidas de protección urgentes, eficaces e integrales para la periodista, tomando en cuenta el contexto de riesgo en Baja California.
Y a la dirigencia nacional y estatal del partido Morena, se les pide pronunciarse públicamente contra los ataques y deslindarse de las expresiones emitidas por Jesús Alejandro Ruiz Uribe, comprometiéndose a garantizar un ambiente libre de violencia y hostigamiento hacia la prensa.
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Por su parte, CIMAC también emitió una alerta para condenar los actos de intimidación y la campaña de desprestigio contra la periodista Yolanda Caballero.
La organización explicó que además de los comentarios intimidatorios y acusaciones públicas, que buscan desacreditar su labor, hechas por el ex delegado, éste señaló que publicará en su página de Facebook los nombres de otras personas reporteras que realicen cuestionamientos similares, lo que constituye un acto de hostigamiento y exposición pública.
“Las preguntas críticas y el escrutinio público no tienen fines políticos, son parte esencial del ejercicio periodístico. Cuestionar a las autoridades forma parte del derecho a informar y del deber de rendición de cuentas, por lo que ningún intento
de desacreditar o intimidar a la prensa puede ser tolerado”, manifestó la organización.
Por lo que hizo un llamado a las autoridades estatales, a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a garantizar su seguridad y el libre ejercicio del periodismo sin violencia.
