Tijuana.- Tres magistrados del Poder Judicial de Baja California redujeron drásticamente el monto que debía pagar Armando Partida González, un ingeniero de la empresa Samsung en Tijuana, responsable de un accidente automovilístico que dejó cuadripléjica a una joven estudiante.
Karina Michelle tenía 19 años cuando el auto en el que viajaba fue embestido por un conductor ebrio en el bulevar Insurgentes. Era de madrugada en noviembre de 2019, cuando se dirigía por una ficha para tomar el examen de admisión a la Universidad Autónoma de Baja California e ingresar a la carrera de Ingeniería en Sistemas.
Desde entonces, permanece postrada, sin poder mover su cuerpo del cuello hacia abajo, luego de sufrir fracturas en la columna, así como ser sometida a la extracción del bazo y a múltiples intervenciones médicas para mantenerla con vida.
Por meses, la joven respiró por medio de una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en realizarle una abertura en el cuello para conectar directamente su tráquea.
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Durante años, su padre, quien vende dulces y recolecta botes de aluminio, ha cuidado de ella de tiempo completo en una vivienda modesta donde cada día es un desafío conseguir los recursos para su alimentación, medicamentos y terapias.
Mientras las condiciones de salud y económicas de Karina empeoran, Armando Partida González ha recibido todas las facilidades por parte del Poder Judicial, de jueces y magistrados, para evitar ir a prisión y evadir pagar por su irresponsabilidad.
Seis años sin justicia para Karina
En marzo de 2024, la jueza Cecilia Osuna Acosta sentenció a Armando Partida González a tres años y seis meses de prisión, así como al pago de más de 14 millones de pesos por concepto de reparación del daño, monto que cubriría los gastos médicos y las necesidades de la víctima.
Sin embargo, en noviembre de 2024, tras una apelación por parte del sentenciado, tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California redujeron esa cifra: de 14 millones a sólo 34 mil pesos.
Los magistrados Gustavo Medina Contreras, Miriam Niebla Arámburo y Sonia Mireya Beltrán Almada, pertenecientes a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia, no sólo redujeron el monto para la reparación del daño, sino que también disminuyeron el monto de “fianza” para que el delincuente llevase su condena en libertad: de 100 mil pesos que había dictado la jueza, a sólo 10 mil.
“…esta Sala Revisora, estima que cien mil pesos (…) es una cantidad elevada para cumplir con todas las obligaciones, por tanto se concluye que, debe modificarse el monto”, es parte de lo que se puede leer en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia elaborada por los tres magistrados.
Sin ninguna otra consideración, deciden hacerle un descuento del 90 por ciento en la fianza que evita la prisión.
Personas cercanas al caso, aseguraron que el abogado defensor del delincuente, Jorge Alberto Escárcega Germán, ha presumido tener cercanía con “el magistrado del Poder Judicial”, por lo que sospechan de tráfico de influencias o actos de corrupción en la decisión de jueces y magistrados.
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Su camino a UABC, interrumpido por un ebrio protegido por el sistema judicial
Aquella madrugada del 14 de noviembre de 2019, Karina Michell viajaba en los asientos traseros de un taxi de la plataforma Didi, un Fiat Uno gris, cuyo conductor se detuvo frente a un semáforo en rojo sobre el bulevar Insurgentes.
En otro carro, un Toyota, Armando Partida González manejaba ebrio y a exceso de velocidad, impactando con fuerza la parte trasera del taxi.
El golpe fue tan violento que Karina, quien iba en el asiento trasero, quedó prensada entre los restos del automóvil, y fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja y bomberos de Tijuana para liberarla.
Armando, el conductor ebrio, de entonces 26 años, resultó ileso.
Los resultados de los exámenes practicados al responsable arrojaron concentraciones elevadas de alcohol en sangre y en orina, niveles que confirmaron su estado de ebriedad al momento del impacto.
Policías municipales lograron detenerlo esa misma madrugada y ponerlo a disposición del Ministerio Público, pero fue dejado en libertad.
Armando Partida González es ingeniero electrónico egresado del Instituto Tecnológico de Tijuana, donde obtuvo su cédula profesional en 2022. De acuerdo al Registro Nacional de Profesionistas, se tituló en Ingeniería Electrónica, y en su perfil profesional en línea se presenta como Líder de Grupo de Control de Calidad en Samsung.
Según su perfil profesional, se ha desempeñado en cargos en el área de control de calidad dentro de la división de telecomunicaciones de Samsung, donde pasó de inspector a ingeniero y posteriormente a líder, encargado de coordinar proyectos y supervisar equipos enfocados en la calidad de los productos.
A más de seis años del accidente, el ingeniero continúa en libertad, mantiene su posición laboral en la compañía y no ha pagado un solo peso para reparar el daño que ocasionó.
Una sentencia injusta y por debajo de lo que la ley contempla
Tras casi cinco años de proceso penal, Armando Partida González nunca aceptó su responsabilidad y el caso terminó en juicio oral.
En marzo de 2024, la jueza Cecilia Osuna Acosta, emitió una sentencia condenatoria en su contra. Culpable de dos delitos: lesiones culposas y delito contra la seguridad de tránsito de vehículo de motor, conducir en estado de ebriedad.
El Código Penal establece (en su Artículo 139) que a quien cometa lesiones que produzcan “la pérdida definitiva de cualquier función orgánica, miembro órgano o facultad, o causen una enfermedad segura o probablemente incurable o deformidad incorregible, o incapacidad por más de un año o permanente para trabajar”, como es el caso de Karina, se le impondrá de tres a ocho años de prisión.
Además, el Artículo 140 del mismo Código establece que si las lesiones “ponen en peligro la vida” se le impondrán otros tres a seis años de prisión, independientemente de la pena en el artículo anterior.
El segundo delito contra la seguridad del tránsito de vehículo (manejar ebrio) se establece en el artículo 155 del Código, el cual sumaría de seis meses a tres años de prisión.
A pesar de la gravedad del caso, de las lesiones irreversibles a Karina, de que el imputado nunca aceptó su responsabilidad y optó irse a juicio, así como de las penas que establece el Código, la jueza Cecilia Osuna Acosta únicamente sentenció a Armando Partida a tres años y seis meses de prisión, es decir, por debajo de la pena mínima.
De 14 millones a 34 mil pesos para “reparación del daño”
La jueza además lo sentenció a cubrir una reparación del daño superior de 14 millones 397 mil pesos, monto que debía destinarse al tratamiento médico y a las necesidades vitales de la víctima, quien requiere atención permanente y terapias de por vida.
El fallo desglosó cada concepto de la reparación: Terapias físicas y pulmonares, indispensables para mantener con vida a la joven, silla eléctrica, cama especial con grúa y equipo médico, alimentación y pañales por los años de esperanza de vida estimada y apoyo psicológico únicamente por 52 sesiones y costos hospitalarios derivados de las múltiples cirugías.
Además, ordenó al sentenciado la suspensión de su licencia de conducir y el pago de una fianza de 100 mil pesos, en caso de solicitar beneficios de libertad anticipada.
En su sentencia, la jueza acordó que Armando purgaría su condena “en semi-libertad”, es decir, que debía de “ingresar los días lunes a las 8:00 horas, debiendo salir los sábados de cada semana a las 8:00 horas durante el tiempo que dure su condena”.
A pesar de lo blanda que podría parecer la sentencia, el abogado de Armando Partida González interpuso un recurso de apelación, de tal suerte que el caso fue llevado ante los magistrados a quienes le solicitó exoneraran a su representado.
Decisión de los magistrados: más beneficios al delincuente
Meses después de la apelación, en noviembre de 2024, la resolución de los magistrados de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia cambiaría parcialmente el sentido de la sentencia original, reduciendo el monto de la reparación del daño de más de 14 millones a apenas 34 mil pesos, y con ello, abriendo la puerta para que el responsable continuara en libertad. Y como si fuera poco, los magistrados también redujeron la “fianza” de 100 mil a 10 mil pesos.
En su resolución, los magistrados de la Quinta Sala dejaron sin efecto los pagos más significativos de la reparación del daño que la jueza había ordenado.
Entre ellos, anularon el monto de gastos hospitalarios y cirugías, con el argumento de que esos costos habían sido cubiertos por la aseguradora y por instituciones médicas públicas y porque el padre de Karina era derechohabiente del Seguro Social (lo cual actualmente no es cierto).
También eliminaron los cálculos de manutención y cuidados vitalicios, terapias físicas y pulmonares, silla eléctrica, cama especial con grúa, pruebas de respiración, alimentación con base en canasta básica y uso de pañales. Todos esos montos se eliminaron de la sentencia.
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Los magistrados escribieron textualmente “que la única cantidad por concepto de reparación del daño que se encuentra debidamente cuantificada, es la condena al pago por concepto de la terapia psicológica”.
Indicaron que, con base en la declaración de la psicóloga Yahaira Alicia Chávez Márquez, la víctima requería “como mínimo 52 sesiones con costo de $660.00 cada una, equivalentes a $34,320.00”.
Así, los magistrados revictimizaron a Karina e ignoraron que se trata de una joven de 25 años que perdió la movilidad total de su cuerpo y que necesitará atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico por el resto de su vida.
La consecuencia inmediata de reducir las cantidades al sentenciado es para que obtenga su libertad, en caso de algún día pisar la cárcel. La sentencia explica:
“…una vez que pague los conceptos de la reparación del daño a que fue condenado el sentenciado Armando Partida González, (los 34 mil pesos) se le conceden los beneficios de sustitución de la pena de prisión, por libertad, semilibertad, o trabajo en favor de la comunidad, para que opte por el que más le convenga… previa garantía que exhiba por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos)”.
Así, los magistrados autorizan que el sentenciado puede “cambiar” la prisión por libertad, siempre y cuando pague la cantidades reducidas.
Los tres magistrados calificaron de “omisa” a la jueza para brindarle más beneficios al sentenciado, por ejemplo, en la sentencia original, se ordenó la cancelación de “permiso y/o licencia para conducir vehículo de motor por el periodo de noventa y un días” a Armando Partida González.
Sin embargo, los magistrados, aseguraron que esa determinación “no se encuentra fundada ni motivada” y la dejaron sin efecto, pues, a su criterio, el cancelar la licencia de conducir por 92 días “viola en perjuicio del sentenciado el derecho a la seguridad jurídica y el de legalidad”.
Desde el 1 de septiembre de este año, cuando rindieron protesta los jueces y magistrados votados en la elección judicial, la magistrada Sonia Mireya Beltrán y Miriam Niebla Arámburo dejaron sus cargos, pero el magistrado Gustavo Medina Contreras sigue en su cargo.
Sin una explicación clara, Armando Partida González sigue sentenciado pero libre y no existe mandato judicial para que se cumpla la condena. La familia y amigos de Karina sospechan de corrupción en el Poder Judicial. Ha pasado más de un año desde que los magistrados confirmaron su responsabilidad y el caso simplemente sigue igual.
En sus redes sociales, el ingeniero de Samsung presume una vida de lujos, de viajes y la adquisición de un vehículo deportivo.
“No está en la cárcel, y ni creo que vaya a pagar”
PUNTO NORTE visitó a Karina Michell y a su padre, Miguel Campos. A sus 25 años, Karina permanece en una cama de hospital dentro de un cuarto adornado con versículos bíblicos escritos por su padre. Con un control remoto en la mano, enfrenta cada día sin sus terapias, con infecciones recurrentes y dolores insoportables.
“Que el muchacho pague, que se haga responsable. Ya lo sentenciaron, pero aún así no está en la cárcel y ni creo que vaya a pagar”, dice Karina, con voz pausada.
Su padre ha cubierto los gastos médicos con la venta de dulces y la recolección de aluminio, así como personas que los ayudan. Los costos semanales de pañales, gasas, medicamentos, antibióticos y terapias superan varios miles de pesos.
Karina, que hoy tiene 25 años, pasa los días en una cama de hospital y aun así, conserva la esperanza.
“Me dicen que soy valiente, pero no es eso. La fuerza me la da Dios”, dice con serenidad.
Su padre sigue vendiendo dulces y recolectando botes para costear pañales, gasas, medicamentos y antibióticos.
Sin embargo, el responsable de haberla dejado en esa condición sigue libre, con un puesto de “líder” en una empresa internacional y protegido por un sistema judicial que le puso precio a una vida.
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