Mexicali.- Familiares de personas desaparecidas, especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil que aspiran a integrar el Consejo Ciudadano Estatal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Baja California, fueron entrevistados por diputados locales como parte del proceso de selección.
Las entrevistas tuvieron lugar ayer lunes 27 de noviembre por parte de las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, mediante una sesión virtual.
Y es que desde abril de 2024, cuando se aprobó la Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas de Baja California, no se ha llevado a cabo la designación ni la instalación de este órgano de consulta.
Aunque la convocatoria para aspirantes se aprobó a finales de julio de este año en el Congreso del Estado, apenas el 10 de noviembre, la XXV Legislatura dio a conocer los nombres de las personas que se registraron y cumplieron con los criterios de elegibilidad para formar parte del Consejo Estatal Ciudadano.
Se trata de un órgano de consulta de la Comisión Estatal de Búsqueda, que se plantea como un ente que medie entre los distintos sectores interesados de la sociedad civil, y la autoridad, el cual tendrá diversas funciones como proponer acciones o hacer recomendaciones para mejorar sus labores, ampliar sus capacidades, así como evaluar su desempeño.
También, solicitar información a cualquier autoridad para el ejercicio de sus atribuciones, y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a las instituciones públicas, así como acceder sin restricciones a la información estadística de la Comisión Local de Búsqueda, entre otras funciones.
Por ello, durante la sesión, los aspirantes, manifestaron las principales necesidades en la materia.
Destacaron entre ellas, la transparencia en el registro de desapariciones y hallazgos, puesto que hay varios registros cuyos datos se contraponen, mayor seguridad para los familiares de víctimas durante las jornadas de búsqueda, y atención a su salud mental.
De acuerdo a la convocatoria -emitida por tercera vez en julio de este año-, el Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión Estatal de Búsqueda, se integrará por nueve personas. En el proceso que se lleva a cabo actualmente, participan doce.
Serán cinco familiares de víctimas, dos especialistas en Derechos Humanos, búsqueda de personas, investigación o persecución del delito de desaparición, al menos uno con experiencia en materia forense, así como dos representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos.
Por estos puestos, que se desempeñarán sin ningún pago y como una labor honorífica,
fueron entrevistados como familiares de personas desaparecidas María Teresa Figueroa Chacón, integrante del colectivo Armadillo Rastreadores Ensenada, quien busca a su hijo Raúl Alejandro Vélez Figueroa, desaparecido en 2013.
Entre las recomendaciones de la activista, está avanzar en la búsqueda y localización, “teniendo en el centro a las familias de las víctimas y los derechos de las personas que nos hacen falta”, dijo.
También participa Raúl Cornejo Carvajal, presidente del colectivo Enlace y Restauración AC, quien busca ​​a su hermano Óscar, desaparecido en 2022.
Cornejo Carnaval destacó la importancia de la participación ciudadana para fortalecer las instituciones, y entre sus propuestas está atender a jóvenes y niños que quedan desamparados cuando desaparece su cuidador o cuidadora, así como la actuación del Estado desde los principios de empatía, transparencia, corresponsabilidad y respeto a la dignidad.
Por su parte, María Emilia Morales Arroyo, integrante del colectivo Armadillos de Mexicali, con tres años en las búsquedas desde la desaparición de su hijo, ofreció sus conocimientos profesionales en anatomía, como ingeniera zootecnista que es de formación.
Ella propuso fortalecer el apoyo en el aspecto técnico y adaptarlo a las necesidades en cada región del estado, pues no son las mismas, así como el cruce de información entre carpetas, puesto que existe información que puede estar relacionada con más de una víctima.
También participa en el proceso Eddy Carrillo Lepe, presidente de la Fundación Todos somos Erick Carrillo, iniciada tras la desaparición de su hijo en Tijuana en 2019, y la cual registra hasta ahora mil 795 hallazgos.
Eddy Carrillo destacó la importancia de realizar los análisis de contexto fundamentados para llevar a cabo las búsquedas, así como la debida planeación y ejecución de estas; personal especializado en identificación de estados y la colaboración y compartir información entre los diferentes estados del país, además de fortalecer la seguridad para los buscadores.
En el mismo sentido se manifestó Irma Leyva Sosa, fundadora del colectivo de búsqueda Madres Unidas y Fuertes en Mexicali, y quien busca a su hijo Diego Alonso Hernández Leyva, quien desapareció en el año de 2007.
En la sesión también fue entrevistada Milagros Galaviz Rios, socióloga, quien cursa la Maestría en Políticas Públicas con tesis sobre desaparición y quien lleva cinco años en el colectivo Siguiendo Tus Pasos, desde la desaparición de su padre en 2018 en Culiacán, Sinaloa.
Ella busca impulsar la comprensión del fenómeno desde el impacto a las buscadoras, tanto física como mentalmente, así como la atención de la salud mental, pero desde un enfoque no tanatológico o de pérdida, sino que de margen a quienes buscan a sus familiares en vida.
También resaltó la importancia de fortalecer la identificación de cuerpos en Semefo, donde se han calculado hasta 14 mil sin identificar, “y que pueden ser alguno de los tesoros que estamos buscando”, expresó.
Y finalmente , como familiar participa en el proceso Mónica Mariscal, fundadora del colectivo de madres buscadoras Hasta Encontrarte Tecate, formado desde hace seis años, con la desaparición de su hijo David Alberto Mijares Mariscal en 2019, quien el 7 de octubre de este año, le informaron que el 2 de julio fue encontrado en restos.
Debido a la dificultad para realizar las pruebas de ADN para la identificación de restos humanos dañados por calcinación o el paso del tiempo, también propuso integrar a personal capacitado. De igual manera, expresó las necesidades de seguridad que se requieren durante las jornadas de búsqueda.
Por otra parte, como especialistas en protección y defensa de derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas, participan José Luis Pérez Canchola, con más de 30 años en defensa de los derechos humanos, especializado en migrantes, así como ex procuradora de Derechos Humanos de Baja California, además de ocupar otros cargos en distintos órdenes de gobierno.
A pregunta de los diputados y diputadas, Pérez Canchola señaló como urgente mejorar la seguridad de los buscadores, con coordinación entre la Policía Municipal y la Fuerza Estatal, así como fortalecer los protocolos de acompañamiento y protección a familias
También ponderó la existencia de una base única de datos genéticos en el país, que permita y facilite que los estados puedan compartir información que pueda ser accesible a los familiares que buscan a sus desaparecidos.
En tanto que Ernesto Moreno Alcaraz, psicólogo, egresado doctorado en salud mental, perito en Psicología desde 2013 para el Poder Judicial en Semefo, y otros cinco años a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
Por su experiencia en acompañamiento a víctimas de desapariciones, y atención a su salud mental, consideró que se requiere especialización para atención al estrés postraumático, depresión y ansiedad que se pueden desarrollar por la angustia e incertidumbre sobre la localización de sus familiares.
Y por último en esta categoría se entrevistó a Adriana Jaén Manuel, docente socióloga y maestra en estudios culturales, con experiencia en investigación e intervención comunitaria desde OSC, y desde instituciones como el Instituto de la Mujer Baja California, así como colectivos, la Fiscalía, CEDHBC, Comisión Estatal de Búsqueda.
Destacó la importancia de la búsqueda de mujeres desaparecidas con perspectiva de género, puesto que el 90 por ciento de las personas que buscan a desaparecidos son mujeres y porque existe una alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad.
Entre otras propuestas, Jaén Manuel mencionó fortalecer al Consejo Estatal Ciudadano de manera que permita participar e incidir, así como focalizar la atención de la Comisión Atención a Víctimas con capacitación en atención y acompañamiento del duelo.
Finalmente, se presentaron tres aspirantes a los dos puestos para organizaciones civiles.
José Luis Pérez Canchola, quien participa además en la categoría de especialistas en protección y defensa de derechos humanos.
Así como Renata Demichelis Ávila, directora para México de Elementa DDHH, organización que colaboró con el Congreso en el diseño de la Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas de Baja California, y quien propone aportaciones desde lo técnico en temas de desaparición con enfoque de derecho humanos, así como en el trabajo de consejo, como la promoción de experiencias identificadas en otros estados.
Asimismo, dijo que como el primer Consejo Ciudadano, tendrá como responsabilidad establecer sus propias reglas de operación, y propuso que mediante esto funcione como un impulso para la instalación del mecanismo estatal de búsqueda, que aún no se ha conformado.
Como una de las tareas básicas, señaló la necesidad de un diagnóstico de necesidades que permita que las actuaciones que este Consejo están orientadas a la creación de política integral estatal en materia de desaparición.
Así como promover buenas prácticas, exigir la transparencia en registros de personas desaparecidas y hallazgos forenses, con información actualizada en tiempo real, que proteja datos personales, pero que sean accesibles para las búsquedas, lo cual “no lo están haciendo ahorita”, mencionó.
El mayor reto de este Consejo, agregó, es que sea “tan funcional y operativo” que gane la confianza de las familias de personas desaparecidas, dijo.
Y agregó que debido a la falta de confianza en las autoridades y en el proceso, muchas personas no quisieron participar “porque creen que no va a tener tanta incidencia”.
Y por último, se entrevistó a Elizabeth Nataly Rosas Rábago, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, abogada con estudios de doctorado y docente investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Con experiencia en análisis de la situación de la desaparición de personas, desde los Derechos Humanos, propone participación humana con ese enfoque, de manera que pueda incidir en la consolidación de los registros de las desapariciones.
Recordó que existen registros “oficiales y no oficiales con discrepancias, lo que implican retos en la gestión, clasificación y depuración de datos de las autoridades”.
Pero además, se requiere impulsar lineamientos claros para la búsqueda inmediata de las personas, promover uso de indicadores de desempeño y sistematizar las buenas prácticas, priorizar la comunicación y diálogos con la familia, e intentar incidir en reformas a la norma, para señalar de forma clara el monto del fondo para la operatividad de la Ley Estatal.
Todos los aspirantes tuvieron cinco minutos para su presentación y propuestas, y posteriormente respondieron preguntas de las y los integrantes de la comisión legislativa y otros diputados.
Aunque en la sesión se conectaron Diego Echavarría, del PAN; Julia González, Evelyn Sánchez y María Teresa Méndez, de Morena; Daylín García, de Movimiento Ciudadano y Diego Lara del Partido Fuerza por México Baja California, únicamente la diputada Michel Sánchez (Morena) hizo cuestionamientos a todos los participantes, mientras que los también morenistas Juan Manuel Molina y Alejandra Ang realizaron preguntas en una sola ocasión.
Una vez realizadas las entrevistas, la Comisión de Gobernación del Congreso deberá elaborar un dictamen sobre los doce aspirantes evaluados, para someterlo a análisis, votación y en su caso aprobación en el Pleno la designación de quienes consideren más aptos.
