Tijuana.- La Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, a la cual pertenecía la abogada Emilia Ortega Aceves, quien fue asesinada el 18 de noviembre, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la investigación llegue a los autores intelectuales y no sólo a los autores materiales.
Esto luego de que ayer, la Policía Municipal de Tijuana informó de la detención de un menor de edad implicado en el crimen.
Por su parte, la FGE dio a conocer hoy que son tres las personas detenidas relacionadas el el asesinato de la abogada y profesora de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a quienes identificó como Bryan, Daniel “El Güero” y Guadalupe Verónica.
“Esperemos que se siga investigando y que se llegue realmente a todas las personas que hayan estado involucradas”, declaró la presidenta de la agrupación de abogadas, Estefanía Campos García.
La Barra de Abogadas convocó a una conferencia de prensa, la mañana de hoy martes 2 de diciembre acerca de una iniciativa que la asociación civil presentó ante el Congreso del Estado, la cual busca castigar de manera directa a cualquier autoridad que incumpla su deber de protección hacia niñas, niños y adolescentes, así como personas con discapacidad en el Estado.
En el apartado de preguntas y respuestas, PUNTO NORTE cuestionó a las abogadas sobre la detención de uno de los implicados en el homicidio de la litigante.
Las abogadas señalaron que, si bien la aprehensión representa un avance, aún falta identificar y detener al autor intelectual del homicidio.
La presidenta de la agrupación, Estefanía Campos García manifestó “esperamos que se continúe con la investigación, que se termine de investigar y que se llegue con todos los responsables”.
Campos García recordó que al tratarse el detenido de un menor de edad, el proceso penal que enfrentará es distinto al de los adultos, incluyendo penas menores en caso de ser encontrado culpable.
“Lo que vemos muy grave es que menores de edad estén involucrados en este tipo de delitos graves. En cualquier otro tipo de delito, hay situaciones que se tienen que atender y que se tienen que evitar para que los menores tengan una vida libre de violencia y no estén involucradas en estas situaciones”, refirió.
Por su parte, la abogada Irma Hernández Monge, titular de la Comisión de Penal de la Barra de Abogadas, refirió “es el autor material, pero sabemos que el autor intelectual no fue él”.
Por lo que las abogadas consideraron que, a pesar de que la penalidad máxima sea de cinco años en el caso de menores de edad culpables de homicidio, esa decisión no se debe tomar a la ligera, puesto que, implica un profundo análisis del contexto socioeconómico cultural del menor de edad en cuestión.
“Si bien es cierto, no se puede juzgar como un adulto, pero también lo que es la penalidad de cinco años es muy reducida”, manifestó la abogada.
De igual manera, coincidieron en que, en la mayoría de casos, las y los menores de edad son utilizados por grupos criminales, los cuales les pagan bajas cantidades de dinero siendo presionados por la situación de vulnerabilidad y necesidad en la que se encuentren, como lo son las adicciones o vivir en situación de calle.
“Un menor que comete un delito, siendo menor de edad, muy probablemente sea un adulto que también se convierta en un delincuente”, afirmó Estefanía Campos García.
Además, resaltaron que, las autoridades correspondientes tienen la obligación de garantizar entornos seguros y libres de violencia con oportunidades de acceder a la educación, salud, deporte y cultura para que se pueda prevenir su participación en delitos.
Emilia Ortega Aceves, abogada en materia civil y familiar y catedrática de UABC, fue asesinada a balazos cuando estaba a bordo de su vehículo particular, la mañana del martes 18 de noviembre en una calle de la colonia Altamira Sur.
Los responsables huyeron en un vehículo, el cual dejaron abandonado a una calles de distancia.
El homicidio de Emilia Ortega Aceves, de 59 años , quien era una figura reconocida en el gremio de abogados de la ciudad, causó respuestas de conmoción y una serie de protestas, desde minutos de silencio, la exigencia de la renuncia de la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, hasta una marcha.
Con información de Andrea Pérez
