Tijuana.- Seis funcionarios de la administración de la ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramirez, fueron vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, como parte de una investigación penal por la adquisición de un programa de cómputo con un costo de casi 93 millones de pesos, el cual nunca funcionó.
PUNTO NORTE fue el único medio de comunicación presente en la audiencia que se prolongó 13 horas y en el que uno de los ex funcionarios vinculados a proceso es el ex oficial mayor del Ayuntamiento de Tijuana, Marcelo de Jesús, quien hasta el final del gobierno de la morenista formó parte de su gabinete y mantiene una relación de amistad con la ex alcaldesa.
En agosto de 2024, cuando la entonces presidenta municipal rindió su último informe de gobierno, dedicó unas palabras a su oficial mayor.
“Cuando viene a mi mente la palabra honestidad, pienso sin duda en mi Oficial Mayor: Marcelo de Jesús, cuidando las finanzas del municipio, porque el dinero alcanza, cuando nadie se lo roba”, señaló Montserrat Caballero frente a cientos de asistentes.
Hoy, Marcelo de Jesús se encuentra vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, por lo que tiene lo opción de llegar a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en específico la Fiscalía Anticorrupción, para declararse culpable y aceptar un procedimiento abreviado, con una condena reducida, o bien, irse a juicio.
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Como parte de los procedimientos en la cobertura de audiencias, la jueza a cargo del caso, Verónica Cataño, indicó a esta reportera no publicar los apellidos de los ex funcionarios, a petición de éstos de mantener privados sus datos personales.
Además del ex oficial mayor, fueron vinculados a proceso el ex tesorero municipal, Raymundo; el ex director de Recursos Materiales, Armando; el ex asesor jurídico de la Consejería Jurídica, Rúben Germán, así como Francisco Javier como representante de la ex regidora y ahora delegada de Otay Centenario, Claudia Casas.
La audiencia a cargo de la jueza Cataño inició a las 9:00 horas del martes 2 de diciembre por medio de una videoconferencia, en la que los seis ex funcionarios se enlazaron por separado, así como sus respectivos abogados particulares.
El software que nunca sirvió
La investigación de la FGE por las que se les imputó el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones a los seis ex funcionarios del gobierno de Montserrat Caballero Ramírez es por su participación directa e indirecta en la adquisición ilícita del sistema de armonización contable REGER.
Este software supuestamente realizaría tareas de control administrativo, contable y presupuestal, así como control de recursos financieros, materiales y humanos hasta el control del patrimonio del municipio.
El dictamen de adquisición para la entrega del contrato a la empresa Management Technology Innovations (MTI), compañía ligada a Jorge Figueroa Barrozo, ex presidente de Canacintra y uno de los empresarios más cercanos al gabinete de Montserrat Caballero, fue votado el 28 de julio de 2023 en una sesión del Comité de Adjudicaciones.
Dicho comité era conformado por el ex Oficial Mayor, Marcelo de Jesús; el ex Tesorero, Raymundo; el ex Consejero Jurídico, Rodolfo Epifanio; la ex regidora presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Claudia Casas, así como del director de Transparencia, Conrado MacFarland.
De acuerdo a los datos de prueba que los agentes del Ministerio Público, Ana Lilia Marín y Atalo Machado presentaron ante la jueza en la audiencia inicial de vinculación el proceso, el dictamen de compra fue elaborado a partir de una petición para la compra del software por parte del ex director de Tecnologías de la Información, Gabino Orrostieta Soto, quien fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones en octubre de este año.
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Según lo vertido en la audiencia, el ex oficial mayor, Marcelo de Jesús, en su calidad de presidente del Comité de Adquisiciones, giró oficios a los demás miembros para votar a favor del dictamen.
Sin embargo, en la sesión del Comité de Adquisiciones, programada para el 28 de julio de 2023, se presentaron el entonces director de Recursos Materiales, Armando en representación del Oficial Mayor, Marcelo de Jesús, así como el asesor jurídico de la Consejería Jurídica, Rúben Germán, en representación del Consejero Jurídico, Rodolfo Epifanio.
En representación de la entonces regidora presidenta de la Comisión de Hacienda, Claudia Casas, acudió por designación Francisco Javier.
También participaron el ex tesorero municipal, Raymundo y el ex director de Transparencia, Conrado MacFarland, quien el 29 de noviembre fue vinculado a proceso dentro de la misma carpeta de investigación.
Como datos de prueba que formaron parte de la audiencia de formulación de imputación de la FGE, de la audiencia celebrada el 27 de noviembre, el dictamen que se aprobó por unanimidad de los miembros del Comité de Adquisiciones fue resultado del uso ilícito de las facultades de los servidores públicos, indica la FGE.
Esto quedó asentado con base al reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el municipio de Tijuana, el cual indica que toda adquisición de bienes, servicios o arrendamiento se debe realizar bajo ciertos lineamientos.
Dentro de estos, se desprende que si el monto de un dictamen de adquisición es mayor a 2100.0 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAS), debe ser llevado a licitación pública para la transparencia del servicio.
Por lo que el dictamen fue aprobado sin que ninguna de las partes hiciera conocimiento que su valor de 92 millones 916 mil 107.88 pesos, con IVA incluido, lo obligaba a que el servicio se adquiriera por licitación pública y no adjudicación directa.
De esta manera, el mismo día que fue aprobado, el entonces oficial mayor, Marcelo de Jesús, firmó un oficio dirigido al entonces ex consejero jurídico para que girara instrucciones para la elaboración y verificación del contrato de adjudicación del sistema REGER por medio de la empresa MTI.
Este contrato fue consumado y firmado el 10 de agosto de 2023 por Marcelo de Jesús; el ex director de Recursos Materiales, Armando; el ex director de Tecnologías de la Información, Gabino Orrostieta Soto y el representante de MTI, Luis Mario León Estrada.
Sin embargo, casi un año después de la compra, en julio de 2024, cuando aún era síndico Rafael Leyva Pérez, dos funcionarios presentaron una denuncia en Sindicatura Procuradora debido a que el programa no funcionaba.
En ese momento, ya se había cubierto un 90 por ciento del total del monto, pero el sistema no funcionaba ni permitía hacer operaciones sencillas.
La fecha límite para que entrara en marcha el sistema de armonización contable era el 15 de agosto, un mes después de que se presentó la denuncia.
La fecha para la implementación del programa ya se había pospuesto, pues originalmente el día límite era el 30 de abril de 2024.
Sin embargo, los problemas en el sistema, como la falta de módulos digitales y fallas en el código fuente, impidieron que funcionara correctamente.
”Tenía la obligación de analizar los recursos”, dice jueza sobre ex oficial mayor
En la audiencia de vinculación a proceso de ayer, el abogado Leonardo Martínez Delgado, defensor privado del ex oficial mayor, intentó convencer a la jueza de que su representado no había cometido ningún delito, pues no estuvo presente en la sesión del Comité.
El litigante explicó que al haber girado un oficio de comisión para que el entonces director de Recursos Materiales acudiera en su lugar, Marcelo de Jesús no votó a favor del dictamen.
Durante más de una hora, el abogado defensor abordó datos de pruebas que obran en la carpeta de investigación como un dictamen jurídico que da fe del análisis del contrato de adjudicación.
Además, presentó como evidencia el dictamen que corrobora la escritura pública de la marca, el dictamen de derechos de autor, entrevistas realizadas por agentes estatales de investigación a Claudia Casas y al ex síndico procurador, Rafael Leyva Pérez, quienes manifestaron que “no existía ninguna irregularidad” en el dictamen.
La defensa intentó desvirtuar los argumentos de los fiscales, al señalar que el XXV Ayuntamiento de Tijuana había realizado un contrato de adjudicación en enero de este año, a la empresa AGEN, bajo los mismos lineamientos de los que se acusaba al ex oficial mayor.
Sin embargo, la jueza de control, en más de una ocasión, le pidió al abogado no ser repetitivo en su argumentación.
“No me lo repita, he sido muy paciente, ya me lo dijo, no le limito su derecho a declarar, pero está siendo repetitivo”, señaló la juzgadora en más de dos ocasiones al defensor.
De acuerdo con su abogado, el ex oficial mayor firmó el contrato para adquirir el software porque de no haberlo hecho así, tras el dictamen votado en el Comité de Adquisiciones, habría incumplido con sus atribuciones en la ley como funcionario público.
El abogado incluso defendió que si el sistema no funcionó es porque estaba en proceso de prueba y que faltaron 9 millones del pago estipulado en el contrato, por lo cual no se hizo completa la transacción de los más de 92 millones de pesos que costó el programa.
Al concluir con su intervención, el abogado intentó darle la palabra a Marcelo de Jesús, quien estaba sentado a su lado, conectado desde una computadora, vestido con traje de azul y camisa amarilla.
“Yo sólo quiero reiterar lo que dijo mi abogado…”, dijo el ex oficial mayor, antes de ser interrumpido por la jueza, quien le indicó que lo que declarara, podría ser usado en su contra.
Tras escuchar esto y consultarlo con su abogado, el ex funcionario municipal optó por guardar silencio y escuchar la contraargumentación de los fiscales, quienes desestimaron los datos de prueba de la defensa.
Los agentes del Ministerio Público aseguraron que el ex oficial mayor tenía pleno conocimiento del contrato, pues él ordenó la creación del mismo, después de la sesión celebrada por el Comité.
Tras cinco horas de audiencia, la juzgadora procedió a vincular a proceso al ex oficial mayor, pues aunque no asistió a la sesión, sí giró oficios para sesionar, teniendo conocimiento pleno de lo que se votaría.
“Tenía la obligación de analizar los recursos, lo cual no hizo”, manifestó la jueza de control.
Además observó que el entonces funcionario pasó por alto el que debido al monto del contrato de más de 92 millones de pesos, el procedimiento debía ser una licitación pública y no adjudicación directa.
Incluso, recordó la juzgadora, Marcelo de Jesús firmó el contrato entre la empresa y el Ayuntamiento de Tijuana.
De esta forma, determinó vincularlo a proceso por el uso ilícito de atribuciones en calidad de autor directo.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE), no solicitó ninguna medida cautelar, ni prisión preventiva ni firma periódica, únicamente pidió a la jueza que exhortara su presencia en cada comparecencia a la cual sea requerido en un futuro.
Marcelo de Jesús es investigado por la Sindicatura Procuradora, luego de dos denuncias interpuestas en su contra por la adquisición de este software, acudiendo a comparecer en dos ocasiones, una junto a la ex alcaldesa Montserrat Caballero.
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Mientras que en octubre de 2024, fue inhabilitado por la misma Sindicatura Procuradora debido a la falta de 607 bienes muebles propiedad del gobierno municipal.
“Raymundo nunca otorgó una adjudicación”
En el caso del ex tesorero municipal, quien dejó el puesto antes de que concluyera el gobierno de Montserrat Caballero, su abogado Fernando Benítez, argumentó que él no otorgó la adjudicación directa para llevar a cabo el contrato, pues únicamente votó a favor del dictamen en la sesión del Comité de Adquisiciones.
“Raymundo nunca otorgó una adjudicación, no lo hizo, me remito a las facultades que prevé la norma, en ninguna otorga adjudicaciones. Él participó en discutir y votar un dictamen, que a su vez dio origen en un contrato en el cual no participó en la creación”, sostuvo el litigante.
De manera breve y sin ampliar en explicaciones, la defensa se limitó a utilizar como argumentación la gramática de las palabras, pues para el abogado no era lo mismo la creación de un contrato que la votación para su creación.
A pesar de los intentos de la defensa para comprobar que su representado, el ex tesorero municipal, no participó en la creación del contrato, pues nunca lo firmó y su participación se limitó a lo votado en la sesión del Comité de Adjudicaciones, la jueza de control determinó vincularlo a proceso.
“Queda justificado por el agente del Ministerio Público, al aprobar el dictamen que pudieron haberse opuesto al ir en contra, pero autorizaron la adjudicación, teniendo capacidad de analizar los requisitos que se aprobaron en la sesión de la Comisión”, manifestó la jueza.
Tras el resolutivo y sin que le fuera impuesta una medida cautelar al ex funcionario, éste y su abogado se desconectaron de la videoconferencia al escuchar a la jueza de control.
Se salva el ex consejero jurídico
Luego de más de seis horas de audiencia, tocó el turno de Rodolfo Epifanio, quien en 2023 fungía como consejero jurídico del XXIV Ayuntamiento de Tijuana.
De acuerdo con su defensa, el abogado Arturo Garrido, el ex consejero jurídico no estuvo presente en la sesión del Comité de Adquisiciones, ni tampoco en la firma del contrato de adjudicación del programa REGER.
Incluso, argumentó el litigante, no había ningún dato de prueba concreto en la carpeta de investigación que confirmara su participación en el contrato.
El abogado defensor sostuvo su argumentación bajo un oficio que fue girado el 28 de julio de 2023 por el entonces oficial mayor, Marcelo de Jesús, en el cual solicitó al consejero jurídico “girar instrucciones para la elaboración y validación del relativo a la contratación de la empresa MTI”.
También hizo ver que la Fiscalía General del Estado (FGE) no aportó como dato de prueba, algún oficio sellado o firmado, que corrobora que el consejero jurídico designó a algún otro funcionario para que acudiera en su representación a la sesión del comité del 28 de julio de 2023.
Por lo tanto, la jueza hizo valer la justificación de la defensa, al señalar que no existía ningún dato concreto que validara la imputación por el delito de uso ilícito de servicios y facultades, puesto que no estaba en la sesión ni tampoco firmó el contrato de adjudicación.
“No quedó claro que mandaron oficio de representación, no quedó claro que hubiera elaborado el contrato y de que privó al Estado de mejorar las condiciones, la argumentación de los hechos no concuerda con la formulación de imputación”, dijo la juzgadora a los fiscales.
Por lo tanto, el consejero jurídico no fue vinculado a proceso, pero no se le otorgó el sobreseimiento del proceso, pues la Fiscalía pidió realizar las investigaciones correspondientes para que en otro momento, retomar el caso y formular una imputación con pruebas comprobables.
El resto
En el caso de Ruben Germán, quien fue asesor jurídico del Ayuntamiento de Tijuana y acudió a la sesión del comité en representación del ex consejero jurídico, Rodolfo Epifanio así como de Francisco Javier, quien lo hizo en representación de la entonces regidora Claudia Casas, su participación en la aprobación del dictamen que dio origen al contrato, quedó asentada en video.
Sin embargo, la juzgadora hizo saber que su falta fue aún más grave, pues no sólo aprobaron un dictamen de manera ilícita, sino que no existía un dato de prueba que comprobara que ellos fueron facultados para estar presentes en la sesión del Comité de Adquisiciones el día en que se llevó a cabo.
“Francisco y Rúben comparecieron a pesar de no estar acreditada con oficio de asignación su participación y aprobaron el dictamen”, enfatizó la jueza de control.
La defensa de Francisco Javier, el abogado Faurso César Morales, insistió que en la carpeta de investigación obraba una entrevista de la ex regidora Claudia Casas, en la cual ella declaró que el día de la sesión, ella facultó a su colaborador para que acudiera a la sesión.
Mientras que la abogada particular de Rúben Germán, la abogada Claudia Soledad Íñiguez, agregó que existía un oficio que acredita que su representado fue designado bajo la instrucción de su jefe inmediato, el ex consejero jurídico, para que acudiera el 28 de julio de 2023 a la sesión del Comité.
Este mismo oficio fue motivo de argumentación por parte de los fiscales, quienes hicieron ver que no llevaba ninguna firma, ni fecha, solamente el sello de que fue recibido, por lo cual consideraron que no se acreditó su veracidad.
Por lo tanto, ambos fueron vinculados a proceso, pero sin una medida cautelar.
En el caso del ex director de Recursos Materiales de Oficialía Mayor, Armando, participó como representante de Marcelo de Jesús en su calidad de presidente del Comité de Adquisiciones, durante la sesión en la que se aprobó el dictamen.
Su defensa indicó que el ex Oficial Mayor le indicó que que votara a favor del dicamen.
A pesar de los intentos de la defensa, la juzgadora tuvo a bien vincularlo a proceso, pues a pesar de que se le había hecho del conocimiento que votara a favor, él pudo haber votado en contra, cosa que no hizo, lo que incurre en el ilícito de sus facultades como servidor público.
Además de los seis ex funcionarios que se presentaron ayer en audiencia, dentro de esta carpeta de investigación, ya han sido vinculados a proceso el ex director de Tecnologías, Gabino Orrostieta Soto.
También, el sábado 29 de noviembre, Conrado MacFarland, ex director de Transparencia, quien fue vinculado a proceso por su participación en la sesión del comité de adquisiciones con su voto a favor.
Se trata del primer caso en el que la FGE vincula a proceso a ex funcionarios del gobierno de Montserrat Caballero Ramírez, quien dejó la Presidencia Municipal de Tijuana el 30 de septiembre de 2024, tras no haber obtenido la candidatura de Morena para reelegirse.
