REPORTAJE ESPECIAL
Durante su periodo como delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, realizó un trato millonario con quien fuera el cabildero y director de la desalinizadora en la administración panista de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.
Ruiz Uribe ocultó la venta en sus declaraciones patrimoniales, lo cual es considerado “enriquecimiento oculto”, según la Ley.
Además, en el mismo año en que se concretó la compraventa del predio, el comprador fue incluido en un padrón oficial de la Secretaría de Bienestar como una de las personas que “recibieron y ejercieron recursos públicos” de dicha dependencia.
El ex funcionario federal en el gobierno de Morena negoció la venta de un terreno de más de 3 mil 600 metros cuadrados que años antes había registrado a su nombre y el cual estuvo destinado para una escuela.
La venta fue por casi 12 millones de pesos a la empresa Altitud 3 Inmobiliaria, propiedad de Milton Adán Rubio Díaz, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), amigo de Jorge Hank Rhon y ex director del proyecto de la desalinizadora cuya operación estaba pensada para vender agua a Estados Unidos.
Para esta transacción, se acordaron transferencias bancarias a una cuenta de Banorte a nombre del padre de Ruiz Uribe, el ex rector de CUT Universidad, Jesús Ruiz Barraza, quien falleció unas semanas después de la firma del contrato.
En dicho predio ubicado en Mexicali, se están terminando de construir 46 departamentos, los cuales comenzaron a ofrecerse en venta hace unos días, con precios que oscilan entre los 2 millones 700 mil y los 5 millones de pesos por unidad.
La transacción millonaria no fue reportada por Ruiz Uribe en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pese a que la Ley de Responsabilidades Administrativas obliga a presentar esta información bajo protesta de decir verdad.
La omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales está clasificada por la ley como una falta administrativa grave, lo cual podría provocar que Ruiz Uribe sea sancionado con la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante varios años.
Ruiz Uribe ha sido denunciado pública y formalmente por promover su imagen con recursos públicos, por presunto uso indebido de programas federales, así como por sospechas sobre el origen del dinero utilizado en su promoción personal durante su aspiración política en Baja California.
A lo largo de su paso por la delegación de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, de 2018 a 2025, Ruiz Uribe tuvo un sueldo bruto de 152 mil 337 pesos al mes.
La eterna aspiración del ex perredista por convertirse en candidato en Baja California y seguir viviendo del presupuesto público podría desvanecerse ante el ocultamiento de su millonario patrimonio.
Primero los pobres
PUNTO NORTE consiguió de manera exclusiva documentos oficiales, registros y escrituras públicas que detallan la compraventa entre Jesús Ruiz Uribe y la empresa del priista Milton Adán Rubio Díaz.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, consultado para este reportaje, se trata de un predio de 3 mil 682 metros cuadrados, ubicado en la avenida Hamburgo del fraccionamiento Villafontana, a un lado de las instalaciones de la II Región Militar.
En el contrato de compraventa, en manos de PUNTO NORTE, firmado por Ruiz Uribe en junio de 2023, se estableció que el monto a pagar por parte del comprador fue de 11 millones 172 mil 840 pesos.
El primer testimonio de la compraventa se llevó a cabo ante el notario adscrito Adolfo Ulises Silva Gutiérrez, de la Notaría 9, que titula el notario Carlos Enrique de Rivera Castellanos, en Mexicali.
Tres meses después, en septiembre de 2023, el Gobierno del Estado revocó la patente a Silva Gutiérrez por petición del notario titular.
En el contrato de compraventa, se acordó que Ruiz Uribe recibiría los más de 11 millones de pesos en diferentes formas: 100 mil pesos como anticipo un mes antes, el 21 de abril y 2 millones 134 mil 568 pesos el día de la firma del contrato, el 16 de junio de 2023.
El resto, es decir, 8 millones 938 mil 272 pesos, se distriburía mediante siete transferencias mensuales de un millón 276 mil 896 pesos, cada una.
Según los documentos consultados, la inmobiliaria del ex director de la desalinizadora realizó las transferencias bancarias a favor de Ruiz Uribe a una cuenta de Banorte a nombre de su padre, el profesor Jesús Ruiz Barraza, quien falleció unas semanas después la firma ante el notario, el 29 de julio de 2023.
El contrato de compraventa fue inscrito en el Registro Público con fecha 31 de julio de 2023, es decir, dos días después del fallecimiento de Ruiz Barraza, titular de la cuenta bancaria a donde se dirigieron los pagos faltantes.
El último pago establecido se fijó para enero de 2024, a la misma del profesor Ruiz Barraza, seis meses después de su muerte.
Enriquecimiento oculto
Cada año, los servidores públicos están obligados por ley a presentar su declaración patrimonial y de intereses, así como las modificaciones que hayan tenido durante el año, esto, como un mecanismo para detectar actos de corrupción.
El gobierno federal habilita una plataforma a partir del 1 de mayo para que los funcionarios presenten la información del año anterior.
En 2024, Ruiz Uribe estaba obligado a reportar no sólo los ingresos derivados de su sueldo como servidor público, sino también cualquier percepción obtenida por actividades profesionales o empresariales, así como ganancias provenientes de inversiones o compra de bienes inmuebles y cualquier ingreso generado por la venta de terrenos o viviendas, ya que la ley exige que todas las variaciones en su patrimonio queden asentadas con precisión en su declaración anual.
PUNTO NORTE obtuvo, por medio del Sistema Nacional de Transparencia, las declaraciones patrimoniales de Ruiz Uribe, en ls cuales se da cuenta que no reportó la venta millonaria del terreno, ni en 2024, ni 2025, antes de su destitución de la Secretaría del Bienestar.
El documento oficial en los archivos de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Función Pública establece que la dependencia recibió la declaración patrimonial de 2023, por parte de Ruiz Uribe el 15 de mayo de 2024.
Dizque austeridad
El morenista reportó ingresos por un millón 435 mil 706 pesos correspondientes a su remuneración anual como servidor público, ya descontados los impuestos. Además, declaró haber obtenido 2 millones 400 mil pesos netos por actividades “industriales, comerciales y/o empresariales”.
Es decir, Ruiz Uribe declaró tener ingresos por un total de 3 millones 835 mil 706 pesos en 2023, algo así como 319 mil pesos mensuales.
De acuerdo con lo asentado por el entonces funcionario, en 2023, recibió un millón 80 mil pesos libres como socio del Centro Bajacaliforniano de Educación Superior, S.C., institución que opera bajo el nombre de Universidad de Tijuana en Los Cabos, Baja California Sur.
A esto, sumó otro millón 80 mil pesos provenientes del Centro Escolar del Mar de Cortés, S.C., una escuela ubicada en Culiacán, Sinaloa y, finalmente, reportó ingresos por 240 mil pesos del Centro de Estudios Superiores de Baja California, S.C., es decir, la Universidad CUT con sede en Tijuana.
Sin embargo, Ruiz Uribe aseguró en su declaración patrimonial “bajo protesta de decir la verdad” que durante 2023 no recibió un solo peso por concepto de “enajenación de bienes” es decir, por ventas de muebles o inmuebles. El entonces funcionario reportó “cero” pesos en ese rubro.
Sin embargo, el ex delegado del gobierno federal declaró que en su patrimonio se encontraba el terreno de 3 mil 682 metros cuadrados ubicado en Mexicali y lo reportó con un valor solamente de 2 millones 997 mil 685 pesos.
En 2025, lo escondió de nuevo. Ese año, Ruiz Uribe presentó su declaración patrimonial el 22 de mayo, correspondiente al ejercicio 2024. En ella, volvió a omitir la venta del terreno, al declarar cero pesos en el apartado de ingresos por enajenación de bienes, como terrenos o viviendas.
Los únicos ingresos que reconoció fueron los derivados de su sueldo como funcionario público y de sus “actividades empresariales”.
Por su cargo como delegado de la Secretaría de Bienestar reportó un millón 504 mil 38 pesos de remuneración anual.
En cuanto a sus actividades privadas, declaró 2 millones 940 mil pesos, atribuidos a las mismas tres escuelas mencionadas anteriormente.
Ruiz Uribe aseguró en su declaración patrimonial que aún era el único dueño del terreno de 3 mil 682 metros cuadrados. De hecho, “bajo protesta de decir verdad”, estableció que era propietario del 100% del inmueble.
Para la fecha en que presentó su información patrimonial, los departamentos construidos en el predio de la calle Hamburgo —contemplados en una primera etapa— ya se encontraban prácticamente terminados. Aun así, Ruiz Uribe declaró que en ese terreno “no existían construcciones”, por lo que mantuvo el mismo valor del inmueble reportado en 2007, de 2 millones 997 mil pesos.
Las inconsistencias en las declaraciones de Ruiz Uribe abren únicamente dos posibilidades: o que ocultó a la Secretaría Anticorrupción del gobierno federal el incremento patrimonial derivado de la venta de un terreno o que, como él mismo reportó, continúe siendo propietario del proyecto y que la compraventa del terreno haya sido solo una simulación. Una de dos.
Lo que establece la Ley sobre falsedad en declaraciones patrimoniales
El artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que cuando un servidor público “falta a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses”, incurre en “enriquecimiento oculto”, lo que clasifica la conducta como una falta administrativa grave.
Este tipo de irregularidades derivan directamente en un procedimiento sancionador, donde se analiza si hubo los incrementos patrimoniales con los ingresos reportados.
Las sanciones para este tipo de faltas están contempladas en los artículos 78, 79 y 81 de la misma ley. El artículo 78 señala que las faltas graves pueden castigarse con “destitución del empleo, sanción económica e inhabilitación temporal”. El artículo 79 detalla que la inhabilitación puede imponerse por varios años, dependiendo del monto ocultado, el daño causado o el beneficio obtenido.
Finalmente, el artículo 81 establece que, cuando existe enriquecimiento oculto, la autoridad deberá imponer “una sanción económica equivalente al beneficio”, además de la destitución e inhabilitación del funcionario.
¿Quién es Milton Rubio? El director de la desaladora que amenazó con demandar a BC
Milton Adán Rubio Díaz, mexicalense y ex candidato del PRI, apareció públicamente como director de Aguas de Rosarito (N.S.C. Agua, S.A. de C.V.), la empresa creada durante el gobierno de Francisco “Kiko” Vega para impulsar la megaplanta desalinizadora proyectada en Playas de Rosarito.
Aunque no existe documentación pública que precise el año exacto en que fue nombrado director, para 2018 y 2019 Rubio ya ofrecía declaraciones como la cabeza visible de la compañía, cuya constitución formal ocurrió en 2016, en pleno periodo panista.
El proyecto que encabezaba prometía convertirse en una de las plantas de desalinización más grandes del continente, diseñada para operar durante 37 años mediante una asociación público-privada y con la capacidad incluso de vender agua al sur de Estados Unidos.
Tras la cancelación del contrato en 2020 por el gobierno de Jaime Bonilla —amigo de Ruiz Uribe—, Milton Rubio defendió públicamente la obra y advirtió que recurrirían a una demanda contra el gobierno de Baja California por un monto de 100 millones de dólares, es decir, alrededor de 2 mil millones de pesos.
PUNTO NORTE consultó la base del Registro Público del Comercio y constató que ese mismo año, el 23 de julio de 2020, Milton Rubio constituyó en Hermosillo, Sonora, la empresa Altitud 3 Inmobiliaria, S.A. de C.V., junto a una mujer de nombre María del Carmen. De acuerdo al acta constitutiva, la sociedad también incorporó como accionista a la empresa Senmont Inmobiliaria.
En 2022, Altitud 3 Inmobiliaria cambió su domicilio social de Hermosillo a Mexicali, y en 2023 adquirió el terreno de más de 3 mil 600 metros cuadrados que Ruiz Uribe había registrado previamente a su nombre y donde hoy se construyen 46 departamentos.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
