Tijuana.- Dueños, gerentes y empleados de funerarias de Tijuana denunciaron hoy que funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) mantienen acuerdos con un monopolio de dos funerarias para obligar a que contraten sus servicios los familiares de personas fallecidas por causas naturales.
Incluso, amenazando a las familias de que si no aceptan los servicios funerarios de estas dos compañías, los cuerpos de sus seres queridos serán remitidos al Servicio Médico Forense (Semefo), aunque sus muertes hayan sido certificadas como naturales por un médico.
Los representantes de la Unión Funeraria de Tijuana encabezaron una protesta pacífica con varios féretros vacíos y carrozas fúnebres, frente al Templo de Tijuana, una iglesia de la religión mormona ubicada en la Tercera Etapa Río Tijuana, la mañana de hoy martes 16 de noviembre.
De igual manera, ofrecieron una rueda de prensa para exponer las irregularidades en el actuar de funcionarios de la Fiscalía.
Iván Alvarado, de Funeraria San Ramón, explicó que “cuando fallece una persona en un domicilio, hay médicos que van al domicilio para certificar la defunción, se tiene que dar parte a la Fiscalía y cuando llega la Fiscalía, aunque son clientes que ya tienen planes pagado con nosotros, amedrentan a la familia para que no se queden con nosotros y nos ha pasado muchos casos donde las familias ya no tiene otra opción porque si no, se los van a llevar a Semefo”.
El integrante de la asociación manifestó “queremos que se acabe esta situación tanto en hospitales como en domicilios, que regrese todo a la normalidad conforme a Derecho, conforme a la Ley, porque ni en el Código Civil ni en la Ley General Orgánica del Registro Civil aparece que Fiscalía debe dar una liberación por cuerpos ya certificados”.
Por lo que el grupo de afectados pidió la intervención tanto de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda como de la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez.
Héctor Abasolo, titular de la Unión Funeraria de Tijuana, denunció que “ciertos actores internos de Fiscalía han estado beneficiando y apoyando a un par únicamente de funerarias de Tijuana con los procedimientos de los levantamientos de los cuerpos”.
Por lo que manifestó “ya estamos en una desesperación al grado de perder empleados, de estar en números rojos en cada casa funeraria y suplicarle a la gobernadora nos voltee a ver y haga algo al respecto, pueda voltear hacia debajo de la estructura de Fiscalía y poner orden, que no se beneficie a unos cuantos, que haya piso parejo para todos los compañeros y que no exista la intervención pública en los servicios privados funerarios”.
Abasolo indicó además que, bajo esta dinámica impuesta por jefes de Unidades de la Fiscalía, tanto las familias como otras funerarias se ven obligadas a esperar la liberación de una funeraria privada avalada por la FGE, lo que representa costos adicionales y tiempos más prolongados de espera, sumando así el riesgo de putrefacción de los cuerpos.
También precisó que las funerarias que forman parte de la Unión cuentan con la capacidad operativa y jurídica para realizar ese trabajo, y argumentó que el monopolio creado se ha traducido en pérdidas económicas y de empleos.
Por su parte, Gustavo Muñoz, de Funeraria Ebenezer, destacó que “la petición es cambiar la estrategia que está haciendo la Fiscalía y el apoyo para todos los funerarios que sea el piso correcto de trabajar honradamente y ser honestos para la gente que realmente necesitan los servicios funerarios”.
Mientras que Noé Herrera, de Latinoamericana Recinto Funeral, consideró que la Fiscalía no lleva a cabo su trabajo como lo marca la ley, además de que “a quien afectan de manera directa es a los dolientes”, ya que las personas que pierden a un familiar pasan a ser “objeto de procedimientos que dañan tanto la parte económica como psicológica”.
“Estamos uniéndonos porque queremos que esto llegue a los oídos y a los escritorios donde pueden tomarse decisiones y las cosas se lleven a cabo de manera correcta”, añadió Herrera.
De igual manera, Alejandra Alamillo, de Funeraria de la Cruz, consideró “estamos viviendo una competencia totalmente desleal”.
Alamillo, quien se identificó como pionera en la industria funeraria de Tijuana, explicó que al verse obligados a esperar la liberación en una casa funeraria en específico, los procedimientos se retrasan hasta tres días, agravando la situación.
Para Héctor Abasolo, el trasfondo de esta dinámica impuesta desde la FGE para beneficiar a dos empresas funerarias únicamente responde al interés económico de funcionarios de la institución encabezada por María Elena Andrade Ramírez.
