Tijuana.- Por tercera ocasión, se le negó salir de prisión a la mujer que en estado de ebriedad atropelló y acabó con la vida de la niña Silvia Aurora, de cinco años y de su abuelita, Silvia Yáñez, de 67 años.
PUNTO NORTE fue el único medio de comunicación presente en la audiencia para la modificación de medidas cautelares, la cual se llevó a cabo ayer, viernes 16 de enero.
Desde agosto de 2025, Carla Alejandra se encuentra en prisión preventiva tras haber sido vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo.
En esta ocasión, la imputada contó con un nuevo abogado defensor, Diego Iván Delgadillo García, quien solicitó mediante un escrito, con fecha del jueves 15 de enero, una audiencia de revisión para la modificación de medidas cautelares de Carla Alejandra.
Como parte de los argumentos para solicitar que a la mujer le sea permitido llevar su proceso en libertad, la defensa presentó un dictamen de análisis de riesgos procesales emitido por el perito criminólogo privado, José Luis Lizardo Gómez.
Antes de ingresar a la sala, la familia de Silvia Aurora y Silvia Yañez protestó frente a los juzgados penales, donde revelaron que el defensor les ofreció 800 mil pesos para retirar los cargos contra Carla Alejandra.
“Los hechos no se borran con dinero”, sentenció Alejandra López, madre de Silvia Aurora y nuera de Silvia Yáñez.
La mujer, quien junto a su hijo de ocho años también fue atropellada en el mismo hecho donde su hija y suegra fallecieron, ha encabezado una serie de protestas para exigir justicia por los hechos ocurridos el 12 de agosto de 2025.
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El nuevo defensor de Carla Alejandra solicitó a la jueza que la reportera de PUNTO NORTE no estuviera presente durante la audiencia bajo el argumento de que “diversas personas han publicado la audiencia a desahogar, desconocemos de dónde obtuvieron ciertos datos, por lo que pedimos que no se ventilen ni publiquen los hechos reproducidos en la audiencia”.
Por su parte, la jueza Estefany Moreno Gutiérrez solicitó que cada una de las partes se manifestaran si estaban a favor de que el medio de comunicación cubriera la audiencia.
Tanto el agente del ministerio público como el asesor jurídico de la familia de las víctimas, al igual que los integrantes de la familia que estuvieron presentes, manifestaron que no tenían inconveniente con la cobertura periodística, por lo que la jueza determinó que la prensa podía quedarse a reserva de publicar los datos privados e imagen de la imputada.
Antes de que la defensa presentara al perito criminólogo que realizó el dictamen de análisis de riesgos procesales, el señor Juan Carlos López, padre de Silvia Aurora e hijo de Silvia Yañez, le pidió a la jueza que le resolviera algunas dudas.
“Tengo unas dudas directamente hacia usted”, dijo el ofendido, mientras que la jueza le explicó que “no puedo asesorarlo, yo no puedo brindarle información, sería imparcial de mi parte el asesoramiento, pero voy a escuchar sus dudas”.
Entonces, el padre de la pequeña Silvia cuestionó a la jueza “¿cómo evitar la revictimización de la familia?”, pues ya llevaban tres audiencias solicitadas por la defensa de la imputada para que saliera libre.
“La ley no debería ser regresiva, debe ser progresiva”, sentenció.
La jueza por su parte, le recordó que Carla Alejandra puede solicitar un escrito para cambiar la medida cautelar y que el Poder Judicial debía atender esa solicitud.
“La imputada también tiene derechos”, señaló la jueza luego de que el padre le recordó que en audiencia del 24 de octubre de 2025, la misma jueza le solicitó a él quitar el fondo de pantalla en ZOOM, donde el padre e hijo de las víctimas tenía las fotografías de Silvia Aurora y Silvia Yañez.
Durante el desarrollo de la audiencia, Carla Alejandra se mantuvo con un semblante relajado, a diferencia de las audiencias anteriores. Llevaba el cabello recogido y portaba el uniforme naranja del Centro de Reinserción Social (Cereso).
Como parte de las pruebas que presentó la defensa para intentar que Carla saliera de prisión, procedió a interrogar al perito criminólogo que realizó el dictamen de análisis de riesgos.
Durante las preguntas del abogado defensor, el perito privado respondió que tiene más de 10 años de experiencia, ha sido docente en diferentes universidades, cuenta con una licenciatura en Criminalística y Derecho, así como una maestría en Criminología.
Además, el perito señaló que realizó diferentes actividades en campo y de oficina para llevar a cabo la resolución de que la libertad de Carla Alejandra no representa un riesgo para el proceso.
Algunas de las pruebas que se utilizaron para emitir el dictamen fue que en el Informe Policial Homologado, los oficiales que la detuvieron en flagrancias tras el atropellamiento no registraron que hubo un forcejeo por parte de ella en el momento de la detención, también que Carla Alejandra firmó, sin oponerse, la constancia de lectura de hecho.
Asimismo, se adjuntó el certificado de integridad física, el cual señala que ella estaba consciente, orientada y no expedía aliento alcohólico, diligencias de muestras de sangre y orina, así como el acta de individualización de la detenida.
El perito explicó que para determinar sus resultados también se agregó el examen toxicológico de drogas, pues la mujer dio negativo a mariguana, fentanilo, cocaína y otras drogas.
Sin embargo, no incluyó el examen que realizaron médicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cual indicó que la mujer presentaba un alto grado de alcohol en su cuerpo.
También explicó que los familiares de Carla Alejandra presentaron recibos de luz, agua, fotografías, una licencia y credencial para votar vigente de ella, así como un permiso para la venta en mercado sobreruedas expedido por el Ayuntamiento de Tijuana a su nombre.
Asimismo, el perito realizó dos entrevistas, una al padre de Carla Alejandra y otra a ella, dentro del Cereso de Tijuana, en la cual corroboró que cuenta con un domicilio fijo desde hace 10 años, donde hasta su detención vivía con sus papás y su hijo de dos años.
El perito calificó la actitud de la imputada como cooperativa, no tiene antecedentes penales, ni sentencias condenatorias, no ha manejado datos falsos, ni tampoco puede influir de manera negativa en funcionarios, pues a pesar de ser abogada “no ha ejercido la profesión ni conoce a personas del gremio”.
Además, el perito resaltó que la misma imputada solicitó poner a disposición su licencia de manejar a fin de no causar daños y abstenerse de manejar, por lo que todos estos datos que conforman el dictamen de análisis de riesgos procesales dan como resultado que “no hay indicios de amenazas hacia las víctimas, no hay indicios de comunicación con ellos, no tiene antecedentes penales, el riesgo es bajo”.
Tras terminar con el interrogatorio por parte de la defensa, el agente del Ministerio Público y el asesor jurídico resaltaron diversas inconsistencias del mismo análisis.
Por ejemplo, el dictamen se realizó a favor de la imputada ya que no se entrevistó a víctimas, ofendidos, amigos, vecinos o sociedad en general.
Tampoco se cotejó la carpeta de investigación que le proporcionó la defensa con la propia Fiscalía.
Y sobre todo, el perito no enlistó el examen de alcohol de la imputada, a pesar de tener conocimiento de él, haber leído la carpeta de investigación y tener conocimiento que el hecho por el que se le imputa es por homicidio por culpa y manejar vehículo de motor en estado de ebriedad.
La defensa intentó contraargumentar el interrogatorio del asesor jurídico y el agente del Ministerio Público, al reiterar que los datos objetivos de las medidas cautelares habían variado y que existían otras medidas para que Carla Alejandra llevará su proceso en libertad.
Incluso reiteró en diversas ocasiones que la Fiscalía General del Estado (FGE) no había presentado ningún dato que acredite que la imputada haya molestado a los familiares de las víctimas.
Antes de que la jueza resolviera, la madre de Silvia Aurora y nuera de Silvia Yañez, Alejandra López, solicitó la palabra y aseguró que el 17 de diciembre, el abogado defensor se acercó para ofrecerle 800 mil pesos para llevar el caso por medio de mediación y desistir del proceso penal en contra de la imputada.
Y que por tal motivo, la situación monetaria de Carla Alejandra no era un problema, como lo había planteado la defensa, puesto que hasta el momento ha contado con cuatro abogados y su familia se ha acercado a ella para ofrecerles un pago económico a cambio de retirar los cargos.
Alejandra López dijo que ellos contaban con vídeos del momento del accidente, cuando ella, sus dos hijos y su nuera quedaron tendidos en la calle luego de ser atropellados por Carla Alejandra y que en ese momento, los familiares de la mujer llegaron para llevársela antes de que fuera detenida, pero los vecinos lo impidieron.
“Nosotros íbamos caminando, ella iba al volante, me vio y aún así dirigió su camioneta hacia mí y mi familia…Tengo vídeos donde ellos querían llevarse, su papá llegó por ella para intentar sacarla”, manifestó.
El padre de Silvia Aurora e hijo de Silvia Yáñez, Juan Carlos Lólpez reiteró que durante las audiencias que se han llevado a cabo “nos humillaron, se burlaron de mí, hoy vuelvo a explicar porque nos revictimizar, me menciona que los derechos más importantes son los de la imputada” .
Al escuchar todos los argumentos la jueza consideró improcedente el cambio de medida cautelares. “Carla, espero entienda mi resolución”, le dijo a la imputada.
La juzgadora coincidió con el agente del Ministerio Público y el asesor jurídico al considerar que el perito no realizó un dictamen parcial y que el documento tenía diversas inconsistencias como no haber incluido el dictamen de alcohol.
Además, consideró que hubo errores en el domicilio de la imputada, pues en unos se mostraba con lote y manzana, mientras que en otros no llevaba estas connotaciones.
De acuerdo con la jueza, hubo un “escaso peritaje de campo”, pues no interrogó a más personas y consideró que a pesar de que la imputada sea mujer y madre, estas razones no significan que no sea un riesgo para la sociedad.
“Advierto una falta de imparcialidad en sólo entrevistar a los familiares de la imputada… por lo que no han variado las medidas cautelares y sigue impuesta la prisión preventiva justificada”, concluyó.
Se trata de la tercera audiencia donde la defensa de la imputada intenta obtener su libertad, tras dos audiencias para suspender el proceso y un juicio de amparo en los juzgados federales.
El 12 de agosto de 2025, en la colonia Valle Verde, Carla Alejandra conducía una camioneta tipo pick up en estado de ebriedad, cuando atropelló a la pequeña Silvia, a su abuelita, Silvia de 67 años, su hermanito de ocho años y su mamá.
Silvia Aurora y su abuelita perdieron la vida, por lo que ahora la familia de las víctimas impulsa una iniciativa para reformar la ley y agregar el dolo eventual en casos de atropellamientos por personas ebrias, los cuales actualmente son configurados como homicidios culposos.
