Tijuana.- La exigencia de renuncia que el presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO), David Rincón Rey, lanzó hace apenas unas semanas contra la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, por su “ineptitud” y falta de resultados, duró poco.
“Ante la ineptitud de la fiscal general, estamos pidiendo su destitución… Es momento de que alguien que conozca la Fiscalía en sus entrañas, tome las riendas y que la gobernadora nombre un sucesor”, fueron las palabras del presidente de la Fedabo, a finales de 2025, tras el homicidio de la abogada Emilia Ortega Aceves.
Luego de una reunión privada con funcionarios estatales, celebrada hoy en Tijuana, el dirigente del gremio no sólo modificó su discurso y su postura, dejando de lado la ineptitud y la renuncia de la Fiscal, sino que pasó al agradecimiento público por la “respuesta inmediata” de María Elena Andrade.
Además, consiguió que los abogados de su organización sean atendidos a través de “un módulo especial” dentro de la Fiscalía, con el objetivo de evitar “largas filas” al momento de presentar denuncias o dar seguimiento a sus asuntos.
Este martes 20 de enero, el secretario General del Gobierno del Estado, Alfredo Álvarez Cárdenas encabezó la reunión entre representantes de abogados y la titular de la FGE, así como con el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez.
El acto se llevó a cabo en un salón del Centro de Gobierno, conocido como Zócalo 11.
“Primero que nada, agradecer la apertura del secretario de Gobierno, de la fiscal y del secretario de Seguridad, la respuesta inmediata que le dieron a nuestra petición fue el día jueves”, dijo el presidente de Fedabo, David Rincón Rey al concluir la reunión de dos horas que sostuvo con los funcionarios y el resto del gremio litigante.
Por su parte, María Elena Andrade Ramírez salió de la reunión por una puerta alterna, la misma que utilizó para ingresar al edificio y evadir la entrada principal, donde se encontraban los medios de comunicación.
Ahí, ante la prensa, presumió el resultado del encuentro: “Quedamos en muy buen plan, quedamos en muy buenos acuerdos con ellos”, aseguró.
La fiscal señaló que cada tres meses se estará reuniendo con los abogados para revisar temas de “atención, de dudas, de seguimiento”, además de haberles autorizado un trato especial para que, a diferencia de los ciudadanos y de otros abogados, no tengan que hacer filas en las instalaciones de la Fiscalía.
“Les abrimos un módulo especial para la atención de los abogados, para la presentación de las denuncias, para que tengan una fila especial, un área especial, para evitar filas largas por su agenda que traen. Su trabajo es muy especializado, tienen audiencias todos los días al igual que nosotros”, dijo Andrade Ramírez.
Entre los asistentes estuvo Carlos Atilano Peña, abogado identificado como una de las voces críticas del gremio y ex candidato del Partido de Baja California, quien en noviembre de 2025 se sumó públicamente a la exigencia de renuncia tanto de la fiscal como del secretario de Seguridad, tras el homicidio de una de sus compañeras.
La reunión tuvo carácter de privada y se restringió el ingreso de la prensa y a otros abogados.
De hecho, para evitar el ingreso de quienes no fueron registrados, se colocaron dos hombres de seguridad privada en la puerta de acceso.
A pesar de que FEDABO convocó la reunión y tomó el liderazgo de los litigantes presentes, también se presentaron representantes de colegios de abogados de distintos municipios, como la Alianza Mexicana de Abogados en Baja California, la Asociación de Abogados Ignacio Luis Vallarta de Tecate, así como el Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana y de Tecate.
En un momento, los representantes de los distintos colegios protagonizaron una discusión frente a los medios de comunicación, derivada de diferencias internas entre ellos.
Esto ocurrió cuando integrantes de Fedabo aseguraron no conocer al presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Baja California, Rafael Mauricio Cruz, quien interrumpió al dirigente de la Federación para exponer su postura y señalar que la preocupación por la inseguridad no debía limitarse al gremio, sino a la ciudadanía en general.
El motivo de la convocatoria a los titulares estatales fue discutir tres acuerdos propuestos por FEDABO, luego del asesinato de dos integrantes del gremio en Baja California: Emilia Ortega Aceves, ocurrido el 18 de noviembre de 2025, y Arturo Pérez Anguiano, registrado el 29 de diciembre de 2025.
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“El primero tiene que ver con el trabajo conjunto de un protocolo de seguridad, con una respuesta para atender los temas donde se presente violencia contra el gremio de abogados y abogadas”, explicó el secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez, en entrevista con la prensa al terminar la reunión.
Este protocolo, cuyo objetivo es reforzar la seguridad de los litigantes, en especial de quienes llevan procesos penales vinculados a delitos de alto impacto, estaría listo en un plazo máximo de 20 días.
La segunda petición del gremio, sin embargo, no está relacionada con los homicidios de sus colegas.
Se trata de la firma de un convenio con el gobierno del Estado “para aprovechar el talento de las abogadas y abogados de los colegios en temas como asesoría, intercambio de información y revisión de productos legislativos, entre otros”, detalló Álvarez.
El titular de la Secretaría de Gobierno del Estado reveló que el convenio ya venía trabajándose desde antes, por lo que únicamente se revisarán “los últimos toques” para poder presentarlo el lunes 26 de enero.
El último acuerdo fue facilitar la comunicación entre las barras y las autoridades, tanto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California como la FGE y la Secretaría de Gobierno.
Esto con la finalidad de conocer de manera directa “cualquier tipo de problema o amenaza” para algún integrante de las asociaciones para prevenir situaciones de riesgo.
En ninguna de las declaraciones ante medios, tras finalizar la reunión, se tocó la demanda de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados que exigió abiertamente la salida de la fiscal María Elena Andrade Ramírez.
En aquella ocasión, David Rincón sostuvo que la postura del gremio no cambiaría y que no habría marcha atrás en su exigencia.
“No vemos resultados en ninguna investigación… en consecuencia no está trabajando; que lo deje, que le permita a alguien que sí lo quiera hacer, que lo haga”, dijo entonces.
Semanas después, el 30 de diciembre de 2025, tras el homicidio del abogado Arturo Pérez Anguiano, Febado volvió a exigir la renuncia de la fiscal.
En esa nueva declaración, Rincón Rey reiteró que su postura no había cambiado y que no darían marcha atrás: “Nosotros no vamos a cambiar nuestra posición”.
