Tijuana.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California rechazó el exhorto emitido por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales y de seis integrantes de Comités de Participación Ciudadana, quienes solicitaron la separación temporal del cargo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La presidenta del comité nacional hizo ese llamado luego de que se retomara por Televisa una información difundida el año pasado, en la que se señala que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el ex esposo de la mandataria, Carlos Torres Torres, derivada de una denuncia anónima enviada por correo electrónico.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California emitió una “opinión técnico-jurídico a propósito del exhorto al que se sumaron 6 de 32 Comités Estatales de Participación Ciudadana.
En su texto, el organismo habló de la necesidad de preservar un debate democrático libre de estereotipos y de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Planteó además que “emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs”.
De la misma forma que aclaró que las vías para la responsabilidad política o eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias (por ejemplo, mecanismos como el juicio político y la revocación de mandato, conforme al diseño constitucional).
Por lo que “los CPCs, por su naturaleza y mandato, no sustituyen a los órganos constitucionales ni a las instancias jurisdiccionales competentes”.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California insistió en que no corresponde a los Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción emitir exhortos ni fijar consecuencias político- electorales fuera de sus atribuciones.
Además recordó que el debido proceso y la presunción de inocencia constituyen estándares esenciales del Estado de derecho para evitar condenas anticipadas.
Y sostuvo que los debates públicos deben conducirse con responsabilidad, basados en información verificable y canalizados por las vías institucionales correspondientes.
Finalmente, dijo que se deben evitar llamados a la separación de cargos que excedan competencia.
