San Quintín.- Familiares del activista, defensor de derechos humanos e integrante de la comunidad indigena Triqui, Eugenio Martínez Cruz, quien fue asesinado en 2024, denunciaron ante las autoridades estatales que continúan recibiendo amenazas.
Por el asesinato del activista, hay dos personas detenidas, quienes se encuentran vinculadas a proceso penal y en espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) presente pruebas, hechos y el resto de los elementos que serán desahogados en el juicio oral por el delito de homicidio calificado.

En entrevista con PUNTO NORTE, Bonifacio Martínez Cruz, hermano de Eugenio y fundador y secretario de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, explicó que las amenazas a la familia del activista comenzaron desde ayer, jueves 12 de febrero.
“Apenas ayer se llevó a cabo una audiencia sobre el caso de mi hermano, pero al acabar, me habló la esposa de él y me dijo que empezó a recibir amenazas de un número desconocido para que dejaran el caso, si no nos iba a pasar lo mismo”, manifestó.
Previo al asesinato de Eugenio, su hermano Bonifacio estaba encargado de realizar un censo a la comunidad Triqui, quienes en 2020 huyeron desde Tierra Blanca Copala, Oaxaca hacia San Quintín, tras ser desplazados por el crimen organizado.
Durante el desarrollo del censo, Bonifacio y Eugenio denunciaron múltiples amenazas de muerte ante el entonces ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, tanto federal como estatal.
De acuerdo con Bonifacio, la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez había sido notificada de las amenazas y le solicitó el apoyo para contar con medidas de protección.
“Ya le había comentado a la Fiscalía en ese momento, cuando estaban estas amenazas hacia mi persona y mi familia, ya había hecho del conocimiento y aún así no hicieron nada”, explicó a PUNTO NORTE.
La tarde del 21 de julio de 2024, Eugenio Martínez Cruz se encontraba en una reunión familiar en casa de su hermano Bonifacio, ubicada en el fraccionamiento Las Misiones, al norte de San Quintín.
Testigos refirieron que ese día, sujetos armados descendieron de una camioneta tipo pick up marca Ram blanca, ingresaron a la casa y dispararon contra el defensor de derechos humanos.
Durante el ataque, resultaron lesionados Miguel, hijo de Bonifacio Martínez y Cirilo, otro integrante de la familia.
Bonifacio relató a PUNTO NORTE que, un día antes del asesinato de su hermano, habían sido amenazados cuando terminaron el censo de la comunidad Triqui desplazada.
El día del homicidio de Eugenio, elementos de la Guardia Nacional tardaron más de 20 minutos en arribar a la zona, a pesar de que su base de operaciones se encuentra a tan sólo 50 metros de la casa donde ocurrió el ataque.
El 7 de agosto de 2024, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) lograron detener a dos hombres, César y Edgar, quienes fueron presentados ante un juez y vinculados a proceso el 10 de agosto de 2024.
Ahora, a meses de iniciar el juicio oral en el que la Fiscalía desahogará cada una de las pruebas y testigos que tienen en contra de quienes le quitaron la vida a Eugenio, personas cercanas al caso han amenazado a la familia para que desista de la apertura del caso.
Por ello, en un comunicado publicado ayer, jueves 12 de febrero, a través del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la familia ha solicitado el apoyo de las autoridades de Baja California para que se brinden las medidas de protección necesarias mientras continúan el proceso penal contra los homicidas de Eugenio.
“Hacemos el más atento llamado a las autoridades bajacalifornianas para que en apego a sus facultades y obligaciones legales brinden la protección necesaria que garantice la vida y la integridad de las víctimas, así como que no exista impunidad en la grave agresión a Eugenio Martínez Cruz y la comunidad migrante indígena triqui…”, se lee en el comunicado.
Bonificacio Martínez explicó a PUNTO NORTE que espera que las autoridades les brinden medidas de protección y los apoyen a ingresar al Mecanismo de Protección, pues ha sido una “lucha larga” por la defensa de la comunidad Triqui y los jornaleros en San Quintín, que lo ha llevado a perder a dos de sus hermanos.
- Iliana Carapia
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