Mexicali.- Con los votos en contra de las diputadas y diputados de oposición, el Congreso de Baja California aprobó un decreto que autoriza al Gobierno del Estado a contraer una deuda de más de 2 mil 900 millones de pesos, para llevar a cabo las obras complementarias de la planta desalinizadora que construirá el gobierno federal en Playas de Rosarito.
En sesión ordinaria, celebrada hoy jueves 12 de febrero, las legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional (PRI) insistieron en que, si bien no están en contra de la construcción de la desaladora, no están de acuerdo con que el gobierno estatal contraiga una deuda.
Entre acalorados manifestaciones y enfrentamientos verbales, los representantes de Morena argumentaron que la deuda no impactará a los bolsillo de la ciudadanía, pues no se establece un aumento en las tarifas del agua.
Sin embargo, la oposición expresó que temen que eventualmente las tarifas subirán con el pretexto de la desaladora, o que el financiamiento que está por adquirirse impacte de otras formas a la economía del Estado.
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Por ello, la diputada por Movimiento Ciudadano, Daylin Garcia Ruvalcaba, les propuso a los diputados de Morena postergar la sesión, celebrada ayer jueves 12 de febrero, y convocar a otra en donde se revisaron otras opciones de financiamiento de la obra, sin comprometer las finanzas del Estado.
No obstante, su propuesta no fue secundada por alguna legisladora o algún legislador.
Sin embargo, en medio del debate, la facción del PAN retó a Morena a incluir una adenda en el decreto que garantizara que no incrementarán las tarifas de agua por este crédito, por al menos 30 años.
Los tres diputados blanquiazules aseguraron que de incluirse ese cambio en el decreto, votarían a favor de la medida.
Durante su acalorada participación, que hizo desde el púlpito como ningún otro legislador, el diputado Juan Manuel Molina García regresó la provocación a su vez a los del PAN a que votaran a favor, si hacían una adenda en ese sentido.
Enseguida Diego Echevarría le tomó la palabra y solicitó un receso para acordar los términos.
Pero tras casi dos horas, los diputados regresaron a la sala de sesiones y no llegaron a un acuerdo en una forma de texto de la adenda que fuera lo suficientemente explícita y sin lugar a interpretaciones para plantear el bloqueo de incrementos de la tarifa de agua en tres décadas.
Por lo que la presidenta de la Mesa Directiva, Michel Sánchez, tan pronto como reinició la sesión, indicó ir directamente a la votación.
No fue sino hasta que el diputado panista Diego Echevarría Ibarra pidió la palabra y explicó que en el receso no llegaron a un acuerdo, puesto que la oposición presentó una reserva y Molina García otra distinta.
El panista detalló que lo que el PAN proponía era agregar el párrafo: “Durante la vigencia del financiamiento que se autoriza en el presente Decreto, el Estado, hasta por un plazo de 30 años no autorizará incrementos a las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En ningún caso el costo del financiamiento podrá trasladarse directa o indirectamente a los usuarios mediante aumentos o la creación de tarifas, derechos, contribuciones o impuestos”.
Mientras que la de Molina indica: “Artículo 5, Fuente de pago, primero y segundo igual. El servicio de la deuda para el financiamiento que se autoriza no tendrá impacto en las tarifas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada”.
Tanto el decreto como su reserva fueron aprobados por la mayoría de las diputaciones de Morena y aliados, 19 a favor y 6 de la oposición en contra.
Como parte de la discusión, los legisladores y las legisladoras de la oposición, coincidieron en que no estaban en contra de la construcción de la planta desaladora y sus obras complementarias, sino del esquema financiero con el que se pretende obtener el recurso, pues consideraron que se compromete financieramente a la entidad.
En ese sentido, la diputada del PAN, Alejandrina Corral Quintero, argumentó que los incrementos tanto a las tarifas de agua potable y al impuesto sobre la nómina, se aprobaron previamente para destinar el recurso a obras de infraestructura hídrica, salud y seguridad, sin que hasta ahora se haya informado exactamente en qué lo invirtieron.
También informó que en diciembre de 2025, el gobierno estatal solicitó varios préstamos a tres bancos por 3 mil 150 millones de pesos a pagar en un año, sin que esa deuda haya sido autorizada por el Poder Legislativo.
“Endeudan al Estado sin cumplir con sus obligaciones del Congreso, nos ignoran por tres mil millones de pesos, ¿y nos vienen a pedir otros 3 mil millones de pesos más?”, cuestionó la legisladora.
También del PAN, Yolanda Gaona Medina, subrayó que la recaudación del Estado y las participaciones federales han incrementado sólo durante la actual administración.
Por lo que considera que hay recursos del Estado suficientes para pagar las obras hídricas necesarias, sin necesidad de endeudar al Estado.
En el mismo sentido, se manifestó la representante del Partido del Trabajo (PT), Yohana Hinojosa Gilvaja, quien sostuvo que, en el inicio de la actual gestión en 2022, se tenían ingresos por 68 mil millones mientras que en 2026 son 92 mil millones, por lo que considera hay recurso suficiente para financiar las obras requeridas y evitar endeudarse.
La petista también evidenció que, de origen, se había informado que las obras del sistema de distribución de la planta desaladora que acordó construir el Estado, requieren inversión de 2 mil 200 millones, y ahora solicitan 700 millones más sin explicar por qué.
Y asimismo, criticó que al comprometer un recurso tan importante como el impuesto sobre la nómina, por 30 años, le impidan a las siguientes Legislaturas tomar decisiones con respecto al uso del mismo, con incluso un artículo en el decreto.
“Están ustedes cavando su tumba política. Es un abuso desproporcional (sic)”, sentenció la legisladora petista.
En tanto que la legisladora por Movimiento Ciudadano (MC), Daylín García, dijo que no se puede justificar una necesidad con una acción irresponsable, puesto que, aseguró, la recaudación en el Estado ha incrementado en la actual administración, con casi tres mil millones para libre disposición, que puede utilizarse en este proyecto.
“Se ha recaudado tanto que hoy como nunca este Gobierno del Estado tiene dinero para invertir en lo que quiera, en lo que considere que más necesitan los bajacalifornianos”, dijo.
Y enfatizó que aunque los morenistas lo nieguen, la deuda sí la pagarán las ciudadanas y ciudadanos, de una manera u otra.
“Porque nos siguen incrementado los impuestos, porque cuando se va a comprar algo a un emprendedor en la esquina, sus costos son más caros; porque su nómina, porque los impuestos que pagan son más caros, porque el agua ya es más cara desde 2022 y 2023. Y eso lo terminamos pagando todos. Nos quieren decir que nosotros no vamos a pagar, pero si toda la lo vamos a pagar”, aseveró la diputada de MC.
Por su parte, los morenistas y aliados centraron sus argumentos por un lado en la necesidad de garantizar el derecho al agua a las y los bajacalifornianos.
Y por otro lado, en justificar las deudas previas, que, aseguraron, se han invertido en obras para resolver problemas estructurales en la entidad.
Otros como Jaime Cantón, se remitieron una vez más, al proyecto de APP (Asociación Público Privada) que el gobierno del ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019) propuso como solución a la problemática de la escasez de agua, criticando que aquello se trataba de privatizar el agua, en oposición al enfoque de Morena, que recurre únicamente a la inversión pública.
En el mismo sentido, durante el debate, cuando Juan Manuel Molina justificaba la aprobación del decreto, criticando las malas decisiones con respecto a proyectos de los exgobernadores Francisco Vega y Jaime Bonilla, refiriendo incluso que ha habido inhabilitaciones para algunos de quienes fueron funcionarios en esos sexenios.
Y aseguró que por eso, los diputados y diputadas de oposición no acudieron a la reunión convocada por la gobernadora Marina del Pilar, hace unos días en el predio donde se construirá la desaladora, para que conocieran el proyecto y respondieran a sus dudas.
“Por eso se les invita y no van, porque no les convienen, porque ya se les dijo que se les invitó el pasado lunes y no quisieron ir”, dijo.
Ante esas aseveraciones, la diputada Yohana Gilvaja lo interpeló en varias ocasiones, por lo que al cerrar su participación, el legislador afirmó que él respeta a sus compañeras, aunque ellas no lo respeten a él. En respuesta, Hinojosa Gilvaja le lanza un beso con su mano.
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Votaron en contra, los panistas Diego Echevarría, Alejandrina Corral, María Yolanda Gaona; de Movimiento Ciudadano, Daylín García; del Partido del Trabajo, Yohanna Hinojosa Gilvaja, y del PRI, Humberto Valle Ballesteros.
Dieron su voto a favor de la deuda, del Partido Encuentro Solidario (PES), Teresa del Niño Jesús Ruiz Mendoza y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Ramos y Adriana Padilla, así como del extinto partido Fuerza por México Baja California, Diego Lara Arregui.
Mientras que por parte de Morena, Julia Andrea González, Angélica Peñaloza, Eligio Valencia, Gloria Miramontes, Evelyn Sánchez, Jaime Cantón, Maythé Mendez, Fidel Mogollón Pérez y Juan Manuel Molina.
También, Araceli Geraldo, Ramón Vázquez, Dunnia Murillo, Michelle Tejeda, Alejandra Ang y la presidenta de la Mesa Directiva, Michel Sánchez.
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