Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana y ex colaborador cercano de Genaro Garía Luna, puso en venta su mansión por casi 34 millones de pesos, la cual está ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.
La residencia fue puesta en venta antes de que se revelara que el presidente del Comité también participa como socio de la empresa de seguridad Grupo Arza, beneficiada con contratos estatales en Baja California que superan los 170 millones de pesos.


La propiedad, anunciada en varios sitios de Internet, es ofrecida por 33 millones 750 mil pesos y se localiza en Bosque de Granados 243, en el fraccionamiento Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.


Se trata de una mansión de 972 metros cuadrados, con cuatro recámaras, cinco baños, salón de juegos, jardín con terraza y asador, garaje para cinco vehículos y tres bodegas.

Los anuncios inmobiliarios describen la casa del ex alto mando de la Policía Federal: un vestíbulo recibidor con baño y clóset, estudio, sala, comedor, desayunador y cocina integral con alacena, además de un hall distribuidor con “family room”.

En las fotos que se utilizaron para promocionar la enorme propiedad, se alcanzan a ver retratos de Flores Campbell, quien ha sido descrito como “cómplice” de Felipe Calderón por la escritora y periodista Anabel Hernández.

Flores Campbell además fue asesor del panista Jorge Ramos Hernández, hoy diputado local por el Partido Verde, aliado de Morena.

Cuando era diputado federal con el PAN, Jorge Ramos, en 2018 se vio involucrado en un caso relacionado con la delincuencia organizada en el secuestro de un agente de la Procuraduría General de la República, hechos que ocurrieron cuando el ex funcionario de García Luna lo asesoraba en materia de seguridad.
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La recámara principal cuenta con vestidor, baño y sala de estar; las tres recámaras secundarias tienen baño propio, dos con clóset y una con vestidor. También incluye cuarto de servicio con baño, lavandería con patio y jardín con medios baños para eventos.
Los anuncios de venta aparecieron a finales de 2025, meses antes de que se hiciera público que Flores Campbell figura como socio de una empresa de seguridad privada, misma que en 2025 obtuvo contratos estatales por más de 170 millones de pesos.

Entre ellos, un contrato superior a los 77 millones de pesos con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para la vigilancia de sus instalaciones, así como otro contrato por más de 94 millones de pesos para prestar servicios de seguridad a distintas dependencias estatales.
La publicación de sus contratos dejó expuesto el posible conflicto de interés, debido a que Flores Campbell encabeza un organismo supuestamente ciudadano que evalúa y emite posicionamientos sobre políticas públicas de seguridad en Tijuana, mientras participa como socio en una empresa que recibe recursos públicos en ese mismo ámbito.

Flores Campbell tomó protesta como presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana en 2023, cuando se renovó la integración de ese organismo.
En aquel entonces fue notorio que la posición la obtuvo por su cercanía a personajes panistas dentro del gobierno morenista de la entonces presidenta municipal Montserrat Caballero, particularmente con Miguel Ángel Bujanda, quien era secretario de gobierno.

Fuentes al interior de aquel gobierno explicaron que el ascenso de Flores Campbell se debió a la relación entre Bujanda y Jorge Figueroa Barrozo, otro contratista de gobiernos panistas (cercano a la administración de Montserrat Caballero) y señalado de haber participado en un acto de corrupción en la adquisición de un software de armonización contable (REGER-GRP) por más de 93 millones de pesos, el cual resultó obsoleto.
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Por esa compra fraudulenta, se encuentran vinculados a proceso 6 ex funcionarios del gobierno anterior, entre ellos Marcelo de Jesús Machain, ex oficial mayor.
Desde entonces, Flores Campbell ha participado en sesiones públicas, posicionamientos y reuniones con autoridades municipales y estatales en materia de incidencia delictiva, estrategia preventiva y evaluación institucional.
No es la primera vez que su patrimonio y sus vínculos con el gobierno generan escándalo mediático.

En 2014, cuando se desempeñaba como Comisario General Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, un deslave en una zona residencial de la Ciudad de México dejó al descubierto que era propietario de una residencia valuada en varios millones de pesos.
En ese momento, llevaba menos de un año al frente de esa área encargada de investigar irregularidades internas dentro de la corporación.

Flores Campbell ocupó la titularidad de Asuntos Internos de la Policía Federal de 2013 a febrero de 2016, durante el sexenio de Felipe Calderón y bajo la estructura de mando de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública federal.
El deslave evidenció el valor del inmueble y la incongruencia entre sus ingresos como servidor público y su declaración patrimonial.

Años después, Genaro García Luna sería detenido en Estados Unidos y posteriormente sentenciado por cargos relacionados con narcotráfico.
El proceso judicial contra su ex jefe revivió el nombre de Flores Campbell en Baja California, al ser uno de sus colaboradores cercanos originario de Tijuana.
El perfil de Flores Campbell también aparece mencionado en el libro “Los cómplices del presidente”, de la periodista Anabel Hernández.
En esa investigación, la autora aborda esquemas de corrupción y complicidad durante los gobiernos del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón, con especial énfasis en el papel de Genaro García Luna dentro del gabinete de seguridad federal..

En el libro se incluye a Flores Campbell dentro de una lista de personajes señalados como parte de la estructura que permitió la permanencia y operación de García Luna en el gobierno federal.
El libro refiere que ocupó distintos cargos en la administración panista: fue director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en noviembre de 2006, antes de que Felipe Calderón asumiera formalmente la presidencia; posteriormente fue nombrado titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública, en febrero de 2007, bajo la dirección de García Luna, y más tarde se desempeñó como oficial mayor de la misma dependencia.

La autora describe al hoy presidente del Comité Ciudadano como una figura clave dentro de esa red.
En la investigación de Hernández, también se le vincula con decisiones de un contrato multianual por 45 millones de dólares, otorgado a la empresa Microsoft para el desarrollo de software que la Secretaría de Seguridad Pública pretendía comercializar a estados y municipios.
Asimismo, el libro señala que habría participado en operaciones de espionaje y sabotaje político durante la campaña presidencial de 2006, incluyendo presunto espionaje a figuras internas del Partido Acción Nacional.

Tras dejar el ámbito federal, Flores Campbell reapareció en la escena política de Baja California, de donde es originario como asesor del entonces diputado panista (hoy aliado de Morena desde el PVEM) Jorge Ramos Hernández, quien se vio involucrado en un acto criminal en 2018 cuando un grupo de colaboradores suyo fue detenido por el secuestro de un agente federal en las instalaciones de una clínica propiedad del político.
En ese tiempo, Flores Campbell estaba dado de alta como asesor del legislador en la Comisión de Seguridad Pública del Congreso federal.
La propiedad en venta se ubica en uno de los fraccionamientos con mayor plusvalía de la capital del país, caracterizado por residencias de alto valor, seguridad privada y amplias superficies de terreno.

El precio de salida, cercano a los 34 millones de pesos, coloca a la residencia dentro del segmento de lujo del mercado inmobiliario.










































