Tijuana.- Un juez de control negó dejar en libertad al joven que se encuentra vinculado a proceso por el homicidio de Don Nico, el taquero de 73 años que en diciembre fue atropellado en su puesto de comida, lo que llevó a que el abogado del joven detenido le reclamara el juez su decisión.
“Me siento defraudado del nuevo sistema en el que desgraciadamente sigue ambiguo, aún se ve envuelto que el juzgador da apoyo a la Fiscalía”, manifestó el abogado defensor tras escuchar la resolución del juez.
PUNTO NORTE fue el único medio de comunicación presente en la segunda audiencia de revisión de medidas cautelares que ha solicitado el joven vinculado a proceso, Javier Eduardo, a través de sus defensores privados, desde que ocurrieron los hechos, el viernes 20 de marzo.
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En la audiencia, los abogados solicitaron al juez el cambio de medidas cautelares, pues a su consideración las medidas por las que se le impusó la prisión preventiva justificada habían variado.
En la primera audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el 17 de enero, los abogados privados presentaron una serie de pruebas que acreditaban que el joven contaba con un domicilio fijo y empleo formal.
Para justificar que existía un arraigo para que Javier Eduardo llevara su proceso en libertad, la defensa presentó una fe de hecho notarial con fecha del 7 de enero de 2026, en la cual un notario acreditó el domicilio de la familia.
Además, fueron expuestos una serie de documentos como carta de antecedentes no penales, constancia de situación fiscal, credencial de elector y de una escuela preparatoria, así como un comprobante para acreditar que el joven llevaba años con el mismo número de teléfono.
En aquella ocasión, tras escuchar a los abogados, una jueza consideró que las condiciones para cambiar la medida cautelar y permitirle a Javier Eduardo llevar el proceso en libertad no habían cambiado, pues su libertad aún seguía representando un riesgo no sólo para la comunidad, sino para los hijos de “Don Nico”.
En esta segunda audiencia, los abogados privados de Javier Eduardo volvieron a presentar las pruebas que anteriormente ya habían sido revisadas, incluyendo una entrevista de siete páginas al propietario de una llantera donde el joven trabajaba antes de ser detenido.
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La mañana del domingo 14 de diciembre de 2025, el joven de 18 años de edad conducía una camioneta Chevrolet Captiva negra modelo 2023, a exceso de velocidad, sobre el bulevar Cucapah.
Ese mismo día, pero horas antes, Nicolás Sevilla Espinoza, mejor conocido como Don Nico, acompañado de su hijo Miguel, salió de su casa para instalar un puesto de tacos varios en la esquina de la avenida Melchor y calle Quinta, al final del bulevar Cucapah, sobre la colonia Colas del Matamoros.
Durante más de 40 años, Nicolás se levantó a las 4:00 de la mañana todos los días y sin descanso para preparar guisos y tortillas. Luego alistaba el mobiliario para la venta de tacos a vapor, un platillo que aprendió a cocinar desde que era joven.
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Conforme Javier Eduardo avanzaba sobre la vialidad, perdió el control del volante y se estrelló primero contra un restaurante de comida que se encontraba en una plaza comercial y después embistió a Don Nico, quien falleció debido a las heridas que sufrió.
Javier Eduardo fue detenido en ese momento por los policías municipales que atendieron la emergencia y tres días después, al ser presentado ante un juez, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo, daños en propiedad ajena y contra la seguridad pública.
En esa audiencia, el juez de control atribuyó que por la naturaleza del homicidio y con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el joven debería permanecer en prisión preventiva.
En la nueva audiencia, los abogados presentaron los mismos documentos que en la audiencia de enero, pero agregaron una nueva entrevista para acreditar que las circunstancias por las que se había solicitado la prisión para Javier, ya habían cambiado.
“Esta defensa considera que los datos de prueba han sido superados, los elementos han quedado acreditados, como el domicilio del imputado. No hay elemento de prueba que no haya sido analizado”, manifestaron los defensores.
En la audiencia estuvieron presentes Miguel y Zoila, hijos de Don Nico, así como el asesor jurídico que los representa.
Como parte de sus argumentos, los abogados privados de Javier Eduardo, Daniel Ornelas y César Ávalos presentaron una entrevista realizada al dueño de una llantera, donde el joven trabajaba de lunes a sábado y percibía 3 mil pesos semanales.
De acuerdo con la defensa, este dato de prueba acredita que el dueño conocía a Javier Eduardo a quien calificaba como “un buen muchacho”, que “no tenía vicios” y “que era un joven de familia”.
Para darle valor a la entrevista, los abogados adjuntaron una credencial del dueño e imágenes del negocio, documentos que fueron motivo de observación por parte de la jueza en la primera audiencia de revisión de medidas cautelares.
Durante una hora y media, los abogados volvieron a leer todos los datos de pruebas, como el contrato de compraventa de una vivienda que realizó la madre del joven, pero otra vez, no presentaron recibos de agua, luz ni copia de las credenciales de elector de la familia.
Sin embargo, tanto el agente del Ministerio Público como el asesor jurídico argumentaron en contra de la solicitud de los defensores, al señalar que las pruebas que volvieron a ofertar ya se habían revisado anteriormente por una jueza en una audiencia previa, por lo que estaban superadas.
La fiscal reiteró que, de manera objetiva, no habían cambiado las condiciones por las cuales un juez determinó en audiencia de vinculación a proceso que Javier Eduardo debía quedar en prisión, pues persistía el riesgo a la comunidad.
“El imputado conducía en estado de ebriedad, eso constituye una capacidad y decidió hacerlo. La Fiscalía no tiene la certeza de que no va a manejar un carro en estado de ebriedad, sigue el riesgo”, manifestó.
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Mientras tanto, Javier Eduardo escuchaba atento los argumentos de su defensa y el agente del Ministerio Público, enlazado desde una computadora del Centro de Reinserción Social (Cereso) por medio de la plataforma ZOOM.
Al terminar de escuchar los datos aportados por la defensa y las manifestaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el juez Ángel Manuel Guillén Armenta consideró que las condiciones no habían variado y debía subsistir la medida de presión preventiva.
De acuerdo con el juzgador, ni la defensa ni el agente del Ministerio Público se hicieron cargo de lo que el joven manifestó cuando fue detenido.
El juez explicó que cuando el joven fue llevado a sede ministerial, proporcionó otra información diferente del lugar donde vivía y las pruebas presentadas por la defensa mencionan la colonia Valle Imperial, pero él señaló en ese momento, vivir en la colonia Azteca.
“Él dijo colonia Azteca y no he escuchado ningún dato de prueba sobre ello, no se me ha desvirtuado las pruebas, dado que no existe variación de la medida cautelar”, sostuvo.
Además, resaltó que aunque los defensores volvieron a leer las pruebas presentadas en la audiencia del 17 de enero, en esta ocasión no se expuso de manera puntual, por lo que desconocía la totalidad de la información.
Por lo que el juez determinó que la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta contra Javier Eduardo, de 18 años de edad, subsiste y negó su puesta en libertad.
Antes de que el juez diera por concluida la audiencia, uno de los defensores privados manifestó su inconformidad.
“Respetamos su resolución, pero estoy decepcionado del nuevo sistema, nos falta mucho, lo más fundamental es la cuestión de objetividad, no viendo particulares que si falta esto o por el color de algo”, concluyó.
Finalmente, el juzgador le recordó que el 21 de marzo vence el plazo de investigación concedido para avanzar con el proceso penal, por lo que la defensa, tienen la oportunidad de presentar todos los datos de prueba a favor de Javier Eduardo.
