Tijuana.- Con hombres armados, en camionetas blindadas, con el uso de la fuerza y amenazando de muerte a los afectados, diciéndoles “somos de la delincuencia organizada”, operaba el cártel inmobiliario en Tijuana y Playas de Rosarito, según documentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en la carpeta que llevó a la detención de su líder, el abogado Christian Pablo y de su cómplice, Emmanuel Aurelio.
PUNTO NORTE fue el único medio de comunicación presente en la audiencia en la que los dos hombres, identificados por la FGE como líderes del cártel inmobiliario, fueron presentados ante un juez por los delitos de despojo agravado por pandillerismo, asociación delictuosa y extorsión.
La audiencia inició pasadas las 7:00 de la tarde del jueves 26 de marzo, unas horas después de que ambos fueran detenidos, y se extendió hasta cerca de las 4:00 de la mañana de hoy viernes 27 de marzo.
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En su exposición, el Ministerio Público detalló cómo los detenidos utilizaban la empresa de seguridad privada Grupo Logística y Coordinación Tijuana Norte S.A. de C.V., mejor conocida como Centinela Seguridad Privada, con oficinas en El Soler y de la cual Christian Pablo es director general, para llevar a cabo los despojos de propiedades, intimidando a los propietarios y amenazándolos.
“Se lo va a llevar la verga, somos de la delincuencia organizada […] Le vamos a mochar la cabeza si no se alinea, ya lo tenemos ubicado”, le dijo Emmanuel a una de las víctimas en una llamada telefónica que quedó grabada y se expuso en la audiencia.
Por su parte, Christian Pablo, quien acumula 30 denuncias penales relacionadas con despojos de propiedades, aseguró en la misma audiencia al juez “soy un abogado profesionista, la FGE está malversando todo”.
Christian Pablo y Emmanuel Aurelio permanecerán en prisión preventiva hasta su siguiente audiencia, cuando el juez a cargo de la audiencia resuelva su vinculación a proceso.
Laderas del Mar, el despojo por el que terminaron en prisión
La carpeta que la Fiscalía General del Estado (FGE) integró en contra del cártel inmobiliario se compone de 3 mil 500 páginas que describen los datos de prueba en contra de ambos.
Además de cuatro carpetas de investigación que la Fiscalía ha abierto contra Christian Pablo desde el año 2016.
El hecho que inició la investigación es el despojo del fraccionamiento Laderas del Mar, el cual se encuentra ubicado en Playas de Tijuana.
El complejo residencial inició a construirse en 1997 y es administrado desde 2002 por la empresa Edificaciones y Servicios Industriales S.A de C.V.
Se trata de un fraccionamiento con viviendas y departamentos habitados y otros en obra negra, pues siguen en desarrollo.
La Fiscalía identificó que desde el 25 de julio hasta el 15 de marzo de 2026, Christian Pablo y Emmanuel Aurelio, junto a otras personas identificadas como Sandra, Marcelo, Miguel Ángel, Gonzalo, Zoila, Fernando y Pedro Martín, entre otras, comenzaron a apropiarse, con lujo de violencia, de diez casas y departamentos, así como 40 viviendas en obras negras, todas ubicadas en la calle Baja Mar y Alta Mar, en el fraccionamiento Laderas del Mar Segunda Sección.
La empresa Edificaciones y Servicios Industriales denunció ante la Fiscalía que todo inició cuando los de nombre Sandra y Marcelo, identificados como parte del cártel inmobiliario, llegaron a vivir en el fraccionamiento y se autonombraron como presidentes de la asociación de vecinos, sin siquiera haber celebrado votaciones para recibir esos cargos.
Tras haberse constituido como los líderes del comité vecinal, Sandra y Marcelo entregaron el fraccionamiento a la empresa de seguridad privada Grupo Centinela, propiedad de Christian Pablo, para que sus guardias se hicieran cargo de la seguridad. También construyeron dos casetas de vigilancia.
Ante el juez, la Fiscalía relató que con Sandra y Marcelo como presidentes del comité vecinal y los guardias de la empresa de Christian Pablo, cada vez que una vivienda del fraccionamiento era desocupada, porque los inquilinos dejaban de rentar la propiedad, el cártel inmobiliario las invadía y ordenaba a los guardias de seguridad que impidieran que alguien más las ocupara.
El primer hecho se registró el 4 de agosto de 2025, luego de que los residentes de una vivienda la desocuparan en julio de 2025.
La empresa administradora del complejo residencial envió a trabajadores para reparar el inmueble, pero a un mes de haber iniciado estos trabajos, cuando un representante de la empresa acudió al lugar para revisar el avance, se encontró con sujetos armados custodiando la vivienda.
Los hombres se mostraron hostiles cuando el representante de la compañía les preguntó qué hacían ahí, negándose a responderle qué hacían ahí. Además, le dijeron que si tenía problemas con su presencia en el inmueble, hablara con su jefe directo, de nombre Fernando.
Ese fue el modus operandi que el cártel inmobiliario siguió cada vez que una vivienda o departamento era desocupado.
Cuando los arrendatarios dejaban los inmuebles donde vivían, al poco tiempo, a veces incluso en cuestión de horas, los guardias de la empresa de seguridad de Christian Pablo, siempre armados, tomaban la posesión de las viviendas.
“Entran y salen como si fueran gente peligrosa, parecen militares, siempre andan armados, parecen policías, tenemos la instrucción de no acercarnos”, dio lectura el agente del Ministerio Público al testimonio de uno de los afectados.
En varias ocasiones, al menos dos testigos que trabajaban y vivían en la zona relataron ante el Ministerio Público que sufrieron diversas amenazas de muerte por parte de personas armadas.
Grabaciones de videovigilancia instaladas por todo el fraccionamiento dieron cuenta de cómo los sujetos armados, junto a Christian Pablo, Emmanuel Aurelio y otras personas llegaban en camioneta blindadas y con armas a las casas para retirar las cámaras de seguridad.
“Le vamos a mochar la cabeza si no se alinea”
Uno de los apoderados legales de la empresa administradora relató que en febrero de 2026 recibió una llamada de Emmanuel Aurelio, quien se identificó como abogado y representante legal de Christian Pablo.
En las primeras conversaciones, Emmanuel Aurelio le aseguraba que quería negociar para que la empresa que administra el fraccionamiento Laderas del Mar le entregara 21 casas que se encuentran deshabitadas.
Sin embargo, el representante legal de la empresa dijo en su testimonio que sentía miedo, pues había personas siguiéndolo, sujetos armados custodiando su casa y amedrentando.
Por lo que el hombre evitó reunirse y mantener comunicación con Emmanuel Aurelio.
Finalmente, Emmanuel le volvió a llamar por teléfono, pero esta vez para amenazarlo de muerte. La grabación forma parte de la carpeta de investigación de la FGE.
“Mira, ya te hablamos por las buenas, te desistes de esa madre. Si llora, se lo va a llevar la verga, somos de la delincuencia organizada… Le vamos a mochar la cabeza si no se alinea […] Le va a cargar la verga, usted sabe si se alinea, ya lo tenemos ubicado”, se escucha a Emmanuel Aurelio decir en la llamada.
Además, Emmanuel Aurelio le envió mensajes de WhatsApp a la víctima con imágenes de su familia para hacerle saber que la tenían vigilada, a manera de amenaza.
Otro de los testigos relató que vio anuncios publicados en la plataforma Facebook Marketplace que ofrecían las casas del fraccionamiento Laderas del Mar a la venta por 100 mil pesos.
Las fotografías de las publicaciones, identificó el testigo, eran tomadas por los guardias de seguridad de la empresa de Christian Pablo que custodiaban los inmuebles.
Además, en una ocasión, los guardias de seguridad Centinela amenazaron a un residente del fraccionamiento, luego de que les cuestionó quiénes estaban ocupando las casas, diciéndole que le iban a “a volar la cabeza” por estar haciendo preguntas.
En su relato, el Ministerio Público explicó que desde julio de 2025 hasta marzo de 2026, los afectados veían con miedo cómo camionetas de lujo entraban y salían del fraccionamiento, así como a Christian Pablo y Emmanuel Aurelio, quienes llegaban a cambiar las manijas de las puertas de las casas de las que se iban apropiando.
Por estos hechos, al menos tres testigos declararon en contra de Christian Pablo, Emanuel Aurelio y diversas personas por los delitos de extorsión, despojo y asociación delictuosa, en lo que la FGE ha identificado como el cártel inmobiliario.
Dentro de las pruebas que aportó la Fiscalía, obran grabaciones de videovigilancia, fotografías, conversaciones de WhatsApp y llamadas de teléfono que demuestran cómo los imputados entraban y salían de las viviendas que iban despojando, amenazando a residentes y trabajadores del fraccionamiento.
Con uniforme penitenciario y esposados
Christian Pablo y Emmanuel Aurelio portaban el característico uniforme naranja penitenciario cuando fueron llevados a la sala de audiencias para ser presentados ante el juez de control.
Estaban esposados de manos y llevaban cadenas en los tobillos durante la audiencia.
Al inicio de la audiencia, fueron representados por una defensora pública, pero tras un receso de una hora, sus abogados privados llegaron a los juzgados para llevar la audiencia.
Dos días antes, el miércoles 24 de marzo, la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión por parte de un juez para detener a Christian Pablo y Emmanuel Aurelio e iniciar el proceso penal en su contra.
El miércoles 25 de marzo, la Fiscalía realizó dos cateos para dar con su paradero, uno de ellos en la oficina de Centinela Seguridad Privada, la empresa de la que Christian Pablo es director general de la empresa de seguridad privada.
Sin embargo, en ninguno de los dos domicilios, los hombres fueron localizados. Fue hasta el jueves 26 de marzo que Christian Pablo fue detenido en su lujosa mansión de dos niveles, ubicada en calle Paseo Mil Cumbres del fraccionamiento exclusivo Cumbres de Juárez, uno de los complejos residenciales privados más costosos e la ciudad, donde viven políticos, empresarios y narcotraficantes.
Casi al mismo tiempo, agentes de la FGE cumplimentaron una orden de aprehensión a Emmanuel Aurelio, cuando se encontraba frente a las instalaciones de la Fiscalía en Zona Río.
Ambos hombres fueron puestos a disposición del tribunal alrededor de las 4:30 de la tarde y la audiencia inicial se programó a las 7:00 de la tarde.
Tras la exposición de los datos de prueba por parte de la Fiscalía, que se prolongó siete horas, el juez preguntó a Christian Pablo y Emmanuel Aurelio si preferían que se resolviera en ese momento su vinculación a proceso, en 72 o 144 horas, como lo marca el Código.
Luego de ser asesorados por sus abogados, ambos pidieron la duplicidad del periodo, esto es un plazo de 144 horas.
La Fiscalía solicitó al juez que mientras tanto, los imputados deben permanecer en prisión preventiva, argumentando la protección de las víctimas.
Además, el Ministerio Público explicó que el delito de extorsión se encuentra dentro del catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa.
La defensa, por su parte, intentó convencer al juez que les permitiera a sus representados recobrar su libertad y fijara otras medidas cautelares menos severas, pues ninguno de los dos tenían la intención de evadir la justicia.
A pesar de un largo debate entre ambas partes, que duró más de una hora, en el que la Fiscalía resaltó el peligro que representaba que los detenidos fueran dejados en libertad, debido a las múltiples amenazas de muerte que testigos denunciaron ante el Ministerio Público.
Por su parte, Christian Pablo hizo uso de la voz para intentar convencer al juez de su inocencia, abordando incluso al menos un proceso penal al que estuvo sujeto con anterioridad.
“Lo que adulan fueron investigaciones en las que no se me pudo comprobar nada. En esa ocasión, estuve firmando, me pusieron múltiples medidas cautelares como no salir de la ciudad, GPS en el pie y sigo aquí. Soy un abogado profesionista, la FGE está malversando todo”, dijo Christian Pablo.
Sin embargo, el juez les impuso tanto a Christian Pablo como a Emmanuel Aurelio la medida cautelar de prisión preventiva.
La siguiente semana, se celebrará la audiencia de vinculación a proceso para ambos.
