Tijuana.- El abogado Christian Pablo y su colaborador Emmanuel Aurelio, identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como líderes del cártel inmobiliario en Tijuana y Playas de Rosarito, permanecerán en prisión preventiva, tras ser vinculados a proceso por un juez de control por los delitos de despojo, asociación delictuosa y extorsión.
PUNTO NORTE estuvo presente en la audiencia celebrada hoy, martes 31 de enero, en la que el juez manifestó, tras escuchar tanto al Ministerio Público como a la defensa de los imputados, que “se acreditó su participación de manera conjunta para cometer los delitos de despojo, en grado de coautoría, se ostentaban como miembros de la delincuencia organizada y se empleó amenazas para que el afectado desistiera de la denuncia”.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, Christian Pablo y Emmanuel Aurelio participaron en el despojo violento de 51 viviendas en el fraccionamiento Laderas del Mar y realizaron actos de intimidación, diciéndoles a los afectados “somos de la delincuencia organizada” y amenazándolos.
Durante la audiencia, que se extendió más de cuatro horas, los abogados de los dos detenidos intentaron aportar como dato de prueba a su favor una entrevista publicada en medios de comunicación al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (FGE), Alejandro Isaac Fragozo López, en la cual aseguró desconocer los nombres de integrantes de la organización conocida como cártel inmobiliario.
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Los imputados ingresaron hoy a la sala de audiencias, luciendo inquietos y portando el uniforme naranja del Centro de Reinserción Social (Cereso), donde permanecen recluidos desde ese día.
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la FGE, Christian Pablo y Emmanuel Aurelio utilizaban la empresa de seguridad privada Grupo Logística y Coordinación Tijuana Norte S.A de C.V., mejor conocida como Centinela Seguridad Privada, para hacerse acompañar de hombres armados, que trabajaban como guardias de seguridad y escoltas, así como utilizar camionetas de lujo y blindadas.
La empresa tiene sus oficinas en El Soler y Christian Pablo es su director general.
Christian y Emmanuel llevaban a cabo despojos de propiedades en Laderas del Mar Segunda Sección en Playas de Tijuana, intimidando a los propietarios y amenazándolos con sujetos armados que trabajaban para ellos como “escoltas” y “guardias de seguridad”.
“¿Hoy salgo? ¿Salgo hoy?”, preguntó Christian Pablo en voz alta a uno de sus abogados, antes de que diera inicio la audiencia.
Por su parte, los litigantes le explicaron que presentarían pruebas a su favor durante la audiencia, para luego solicitar un receso de 20 minutos al juez porque habían olvidado algunos documentos.
Defensa pone en duda llamada de Emmanuel Aurelio para amenazar a víctima
Durante la audiencia, los abogados defensores de Christian Pablo y Emmanuel Aurelio cuestionaron varios de los datos de prueba aportados por la FGE contra sus representados, como grabaciones de llamadas telefónicas entre una de las víctimas y uno de los imputados.
En una de estas llamadas telefónicas, la Fiscalía expuso que Emmanuel Aurelio amenazó al representante legal de la empresa Edificaciones y Servicios Industriales S.A de C.V., la cual administra el fraccionamiento Laderas del Mar, para que le entregara la posesión legal de las viviendas.
“Mira, ya te hablamos por las buenas, te desistes de esa madre, vaya y llore […] Le vamos a mochar la cabeza si no se alinea, le va a cargar la verga, usted sabe si se alinea, ya lo tenemos ubicado”, se escucha en la llamada.
Al respecto, los abogados hicieron ver que la Fiscalía no presentó una prueba que confirme que la voz de las llamadas corresponde a la de Emmanuel Aurelio.
También, intentaron demostrar que este representante legal no contaba con esa facultad legal dentro de la empresa, al exhibir el acta de defunción de su hermano, con fecha del 5 de marzo de 2024, pues éste era el apoderado legal de la compañía hasta ese momento.
De acuerdo con los abogados, tras su fallecimiento, no se designó un órgano legal, ni tampoco hay prueba de que se convocó a una asamblea general de accionistas para nombrar a un nuevo apoderado legal.
Además de que las escrituras que presentó la FGE para demostrar que la víctima era el apoderado legal de la empresa, no estaban cotejadas y sólo eran copias simples.
“Al no haber personalidad legal, no hay víctima”, alegaron los abogados, al intentar convencer al juez de que “hubo señalamiento, pero no posesión de esos inmuebles, no se determina a quién se está afectando”.
De igual forma, solicitaron al juez permitir la comparecencia de un perito certificado para analizar un meta peritaje del acta de inspección de un video, de la constancia de hechos y de una diligencia que realizó un agente de la FGE en las viviendas afectadas.
Los agentes del Ministerio Público no tuvieron oposición con la integración del acta de defunción del hermano del representante legal a la carpeta de investigación, pero sí se opusieron a la comparecencia del perito.
“¿Cuál sería el sentido que se haga un meta peritaje, si no son peritajes?”, indicó el agente del Ministerio Público sobre la solicitud de la defensa.
El juzgador tuvo bien a darle la razón a la Fiscalía y explicó que el meta peritaje no era una “prueba igual” para combatir, pues en todo caso se necesitaba un dictamen para poder hacerle frente.
No obstante, la defensa volvió a ofrecer al perito para analizar los demás datos de prueba de la carpeta de investigación, pero de nueva cuenta su petición fue declarada impertinente por el juez.
Así, cada petición de la defensa era rechazada. Por ejemplo, cuando argumentaron que a Christian Pablo no se le podía imputar el delito de extorsión porque la Fiscalía no aportó ningún señalamiento de que él haya participado en un acto de este tipo ni que haya hablado con alguna de las víctimas.
Incluso, los abogados aportaron una entrevista al presidente magistrado del Poder Judicial del Estado, Alejandro Isaac Fragozo, publicada en medios de comunicación.
“En una entrevista del presidente del Tribunal no menciona a mi defendido, dijo que es un trabajo titánico lo del cartel inmobiliario, pero no da nombres sobre las personas que lo integran”, aseguró el abogado.
Por su parte, la Fiscalía respondió que las argumentaciones de los abogados no contravienen ninguno de los registros públicos, contratos, posesiones, créditos que se presentaron en la audiencia inicial para certificar al apoderado legal de la moral Edificaciones y Servicios Industriales S.A de C.V.
Además que para acreditar el delito de extorsión, existía un señalamiento directo de la víctima, quien fue amenazada para que no denunciara, así como las diligencias de reconocimiento por fotografía de las otras víctimas que denunciaron.
Finalmente, el juez Joel Chávez determinó vincular a proceso a los dos detenidos, pues explicó los datos vertidos por los agentes del Ministerio Público acreditaban los tres delitos por los que fueron denunciados.
De acuerdo a la justificación del juzgador, quedó comprobado que los imputados no actuaron solos, sino que con apoyo de otras personas, identificados como Sandra y Miguel Ángel, despojaron 51 viviendas, de las cuales 40 están en obra negra, en Laderas del Mar.
Y que si bien, los bienes no le pertenecen a la víctima, quedaba asentado que le pertenecían a la moral ofendida, por lo que si había muerto el apoderado legal, no era impedimento para llevar a cabo una investigación sobre el despojo violento.
Además quedaba claro con la denuncia del quien se presentó como apoderado legal, que fue amenazado de muerte y hostigado para desistir, así como las denuncias de las otras dos víctimas, quienes son trabajadores en Laderas del Mar.
Por estas razones, el juzgador también decidió que la medida cautelar de prisión preventiva justificada y oficiosa se mantuviera, pues el delito de extorsión así lo amerita.
Antes de concluir, la asesora jurídica solicitó a nombre de Edificaciones y Servicios Industriales S.A. de C.V. que los inmuebles que fueron despojados por Christian y Pablo en el fraccionamiento Laderas del Mar les fueran devueltos, pues actualmente se encuentran asegurados por la FGE como parte de las investigaciones.
Por lo que el juez, tras escuchar la petición y sin oposición de las partes, tuvo a bien decretar una fecha para llevar a cabo esta diligencia.
La Fiscalía solicitó un plazo de seis meses de investigación complementaria para llevar a cabo peritajes, dictámenes de audio y video, entrevistas con vecinos, verificar los vehículos asegurados y acreditar información de la empresa de seguridad Centinela.
El periodo fue otorgado por el juez, siendo este plazo el que tanto Christian Pablo como Emmanuel Aurelio permanezcan en prisión, hasta su siguiente audiencia.
Christian Pablo, quien acumula más de 30 denuncias por extorsión agravada, despojo y asociación delictuosa, así como otros delitos, fue detenido el jueves 27 de marzo en su residencia de lujo en el exclusivo fraccionamiento privado Cumbres de Juárez.
Simultáneamente, agentes de la Fiscalía cumplimentaron una orden de aprehensión a Emmanuel Aurelio, cuando se encontraba frente a las instalaciones de la FGE en Zona Río.
Al día siguiente, el viernes 27 de marzo, la FGE cumplimentó órdenes de aprehensión a Sandra Urbina y Miguel Ángel del Toro, quienes, de acuerdo con la carpeta de investigación, se ostentaron como presidentes de la asociación de vecinos y ayudaron con los despojos, permitiendo el ingreso de la empresa de seguridad privada Centinela para apropiarse de los inmuebles que eran desocupados por sus inquilinos y de 40 unidades en obra negra.
Sandra Urbina y Miguel Ángel del Toro fueron presentados en audiencia inicial, el domingo 29 de marzo.
Al igual que Christian Pablo y Emmanuel Aurelio, la pareja peruana-estadounidense solicitó las 144 horas para resolver su vinculación a proceso, por lo que su próxima audiencia será el jueves 2 de abril.
