Tijuana.- Integrantes del Colegio de Abogados de Tijuana y diversas asociaciones jurídicas exigieron al Poder Judicial del Estado (PJE), encabezado por el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López, revocar el acuerdo general que obliga a los litigantes a contar con estudios de posgrado para intervenir en asuntos de materia familiar en los que estén involucrados niñas, niños y adolescentes, puesto que consideran vulnera el libre ejercicio profesional y restringe el acceso a la justicia.
En rueda de prensa, hoy miércoles 1 de abril, el presidente del Colegio, Daniel Abitia Beltrán, advirtió que la medida “transgrede el ejercicio libre de nuestra profesión”.
También advirtió que el acuerdo emitido por el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado excede las facultades del órgano judicial, ya que dicho requisito no está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
“Se nos exige una especialidad, maestría o doctorado para litigar, cuando eso no garantiza la pericia en la práctica. Hay abogados con diez, quince o veinte años de experiencia en materia familiar que quedarían desplazados”, señaló.
Los representantes del gremio se mostraron visiblemente molestos con la actuación del órgano administrativo y del comité de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, integrado por los magistrados Nelson Alonso Kim Salas, Álvaro Castilla Gracia, Karina Acosta Duéñez y Michelle Corona Navarro.
De acuerdo con lo expuesto en la rueda de prensa, los abogados sostienen que este comité “se extralimitó” en sus funciones al imponer un requisito no contemplado en la legislación nacional, lo que, advirtieron, podría derivar en una ola de amparos por su posible inconstitucionalidad.
Mientras que con respecto al magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo López, señalaron que durante reuniones previas con colegios de abogados para atender el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, él se había manifestado neutral ante la propuesta, pero finalmente terminó respaldando el proyecto del Comité.
“Es que no nos escuchó”, expresó Hassan Martín Franco Ruiz, ex presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en el Estado (FEDABO), ante la pregunta de PUNTO NORTE.
Sin embargo, sí le hicieron un llamado directo para que reconsidere el acuerdo y encabece una revisión que permita corregir lo que calificaron como una imposición que afecta tanto a litigantes como a la ciudadanía.
Por su parte, Reyna Ramírez Oropeza, del Instituto de Defensa Estratégica de Derechos Humanos, subrayó que la exigencia del nuevo requisito de un posgrado carece de sustento legal y técnico, además de que ni siquiera existe una certificación uniforme en el país para ese fin.
“Se pretende legislar desde el Poder Judicial algo que no le corresponde. No nos negamos a la capacitación, pero sujetar el ejercicio a una certificación inexistente está fuera de lugar”, afirmó.
En el mismo sentido se manifestó Alexander Bazán Gómez Llanos, ex presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, quien indicó que el gremio ya había expresado su rechazo de manera unánime en reuniones previas con los magistrados y magistradas, sin que sus observaciones fueran tomadas en cuenta.
“Nos escucharon, pero no nos atendieron. Se impuso una decisión que va a generar más amparos y conflictos legales”, advirtió.
Por su parte, Hassan Martín Franco Ruiz alertó que la medida podría colapsar el sistema, al reducir drásticamente el número de litigantes disponibles.
“No habrá suficientes abogados certificados y el justiciable será quien pague las consecuencias. Esto va a saturar los juzgados y afectar a quienes más necesitan justicia”, dijo.
En tanto que desde la Coordinadora Nacional de Abogados de México en Baja California, su delegada Eva Corrubias Vázquez, hizo un llamado directo al Poder Judicial para revertir el acuerdo y evitar lo que calificó como una barrera injustificada.
“No lo vamos a permitir. No pueden decir que no estamos capacitados cuando llevamos años litigando. Mejor ayuden a capacitar, no a bloquear el acceso a la justicia”, expresó.
Mientras que Carlos Atilano, presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Abogados de Tijuana, sostuvo que el acuerdo es “innecesario, injustificado e inconstitucional”, al imponer requisitos no previstos en la Ley y encarecer los procesos judiciales.
“El Tribunal no puede restringir la libertad de trabajo de los abogados. Esto va a impactar directamente en la ciudadanía, porque encarece los juicios y limita el acceso a la justicia, especialmente para mujeres, niñas y niños”, puntualizó.
Durante la conferencia, los abogados anunciaron la preparación de un amparo colectivo para impugnar la medida, así como posibles movilizaciones en caso de que no se atienda su exigencia.
Asimismo, coincidieron en que el acuerdo podría derivar en una “justicia elitista”, al exigir estudios de posgrado que toman años en obtenerse, lo que reduciría la oferta de defensa legal en una de las materias con mayor carga en el estado.
“Estamos defendiendo no sólo nuestra profesión, sino el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables”, concluyó Ramírez Oropeza.
El gremio reiteró su disposición al diálogo con el Poder Judicial, pero insistió en que la única salida viable es la revocación del acuerdo antes de que sus efectos impacten de forma generalizada en los procesos familiares en Baja California.
Al terminar la rueda de prensa, los abogados y abogadas cerraron gritando la consigna “¡Revocación! ¡Revocación! ¡Revocación!”, levantando el puño.
En entrevista con PUNTO NORTE, el magistrado presidente del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isaac Fragozo López, argumentó que el origen del criterio no es local, sino federal, pues se deriva de un artículo transitorio del Acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión con el que se creó el nuevo Código.
“El artículo establece que tratándose de niñas, niños y adolescentes debe haber una defensa especializada… la interpretación que dio el Comité de Implementación fue asimilar esa especialización”, detalló.
También sostuvo que la medida cuestionada por el gremio jurídico no constituye una imposición directa, sino una interpretación normativa derivada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
“No se está pidiendo ni una maestría ni un doctorado, sino que se da una salida: si no tienes una especialidad en derechos de la infancia, niñas, niñas, adolescentes, pero tienes una maestría en derecho familiar, te puede servir”, justificó.
Fragozo López agregó incluso que muchos de los litigantes ya cuentan incluso con un doctorado, por lo que considera que
“No se le está prohibiendo de ninguna manera el ejercicio de su derecho, y sencillamente es una interpretación que se da a un artículo”, explicó.
Asimismo, el titular del Poder Judicial precisó que el requisito no entrará en vigor de forma inmediata, sino que contempla un periodo de transición.
“Se les está otorgando un periodo de tres años para poder lograr esa situación y, si todo sigue igual, entraría en vigor en ese plazo”, indicó.
Pero además, subrayó que existe apertura al diálogo con el gremio, pues dijo que “vamos a platicar con los colegios y vamos a analizar tal circunstancia”.
Añadió que incluso a nivel nacional se analiza una posible prórroga o modificación al transitorio del Código, lo que podría ampliar los plazos para su aplicación.
Finalmente, el magistrado presidente defendió que al interior del Poder Judicial ya se cumple con ese estándar, y aseguró que los juzgadores asignados a la materia familiar cuentan con estudios de posgrado y experiencia en el área.
Sin embargo, en la reforma judicial que permite, desde el año pasado, la elección por medio del voto popular de jueces, magistrados y ministros, no se contempla como requisito obligatorio acreditar un posgrado de especialidad en la materia a la que los aspirantes se postulan.
Incluso, Fragozo López dijo que el juez en Playas de Rosarito, donde inició el nuevo Código, tiene dos maestrías, y en el mismo sentido se refirió a los designados para Ensenada y Tecate.
“No podemos exigir algo que nosotros no cumplamos… todas las personas operadoras de justicia van a tener mínimo esa especialidad”, concluyó.
Con información de Iliana Carapia
