FGE entrega a su dueño las casas que el cártel inmobiliario despojó en Laderas del Mar

Por
Iliana Carapia
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Tijuana.- La Fiscalía General del Estado (FGE) restituyó las 51 viviendas del fraccionamiento Laderas del Mar, que fueron despojadas de manera violenta por los abogados Christian Pablo y su cómplice, Emmanuel Aurelio, líderes del cártel inmobiliario, a la empresa Edificaciones y Servicios Industriales.

PUNTO NORTE estuvo presente durante la diligencia en la que participaron un agente del Ministerio Público, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y peritos, quienes llegaron la tarde de hoy 1 de abril al fraccionamiento ubicado en la delegación Playas de Tijuana, para retirar los engomados, tomar fotografías de los inmuebles e inspeccionar cada una de las casas, antes de hacer entrega al apoderado legal de la empresa.

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Esto para cumplir con lo ordenado por un juez de control, quien ayer martes 31 de marzo, en la audiencia de vinculación a proceso de Christian Pablo y Emmanuel Aurelio, ordenó a la FGE que restituyera las propiedades a la empresa ofendida, a petición de la asesora jurídica de la compañía.

Los inmuebles se encontraban asegurados por la Fiscalía como parte de la investigación que derivó en la detención de cuatro personas, identificadas por la FGE como integrantes del cártel inmobiliario.

Son 11 unidades habitacionales con vista al mar y 40 que están en obra negra, ubicadas sobre las calles Alta Mar y Baja Mar, las cuales son propiedad de la empresa Edificaciones y Servicios Industriales S.A de C.V., desde el 2002.

Algunas de las casas cuentan con más de dos habitaciones, algunas con hasta tres niveles, así como terraza y cochera para uno o dos vehículos.

Al menos una de las viviendas fue vendida por el cártel inmobiliario en miles de dólares.

El comprador, un hombre de nacionalidad estadounidense, fue desalojado por agentes estatales de investigación de la FGE cuando realizaban la destitución de las propiedades.

El personal del fraccionamiento apoyó al afectado a retirar y sacar cada una de sus pertenencias a la banqueta, mientras que agentes de la Fiscalía hablaban con él y le explicaban que había sido víctima de un fraude.

Como parte de la diligencia, el personal de la Fiscalía hizo entrega de cada una de las unidades al apoderado legal de la empresa Edificaciones y Servicios Industriales, quien estuvo acompañado en todo momento por escoltas, personal del fraccionamiento y su asesora jurídica.

El apoderado legal es una de las víctimas a las que Christian Pablo y Emmanuel Aurelio, extorsionaron y amenazaron de muerte diciéndole “somos de la delincuencia organizada” para que entregará más viviendas y no los denunciara.

“Se lo va a llegar la verga, somos de la delincuencia organizada […] Le vamos a mochar la cabeza si no se alinea, ya lo tenemos ubicado”, fue una de las amenazas que recibió la víctima por parte de Emmanuel, según la carpeta de investigación de la FGE.

Durante la audiencia inicial y de vinculación a proceso de Christian Pablo y Emmanuel Aurelio, la FGE aportó datos de prueba de cómo los detenidos utilizaban la empresa de seguridad privada Grupo Logística y Coordinación Tijuana Norte S.A de C.V., cuyo es director general Christian Pablo, para llevar a cabo los despojos de propiedades, intimidando a los propietarios y amenazándolos.

De acuerdo a la investigación, Christian Pablo y Emmanuel Aurelio, junto a otras personas identificadas como Sandra Urbina, Marcelo, Miguel Ángel del Toro, Gonzalo, Zoila, Fernando y Martín, comenzaron a apropiarse de 51 viviendas en el fraccionamiento Laderas del Mar.

Según lo expuesto por la FGE, Sandra Urbina y Miguel Angel del Toro, quienes se ostentaban como presidentes de la asociación de vecinos del fraccionamiento Laderas del Mar, fueron quienes permitieron el ingreso de la empresa de seguridad para cuidar el fraccionamiento, donde se construyeron dos casetas de vigilancia.

De manera conjunta, Sandra y Miguel Ángel avisaban a los guardias de la empresa de seguridad cuando una vivienda del fraccionamiento era desocupada, porque los inquilinos dejaban de rentar las propiedades.

Ahí, el cártel inmobiliario llegaba en cuestión de horas para invadir las viviendas, luego daban aviso a los guardias de seguridad para que impidieran que alguien más las ocupara y amenazaban a los trabajadores del fraccionamiento que intentaban acercarse.

Las viviendas eran utilizadas para guardar herramientas, ropa y documentos diversos de los guardias y hombres armados que las ocuparon por instrucción de los abogados.

Algunos de estos objetos fueron encontrados hoy dentro de las viviendas, una vez que el agente del Ministerio Público retiraba los engomados de aseguramiento y abría las puertas para llevar a cabo la documentación de la entrega-recepción de los inmuebles.

Durante cada inspección, el personal de limpieza del fraccionamiento ayudó a retirar los artículos que se encontraban dentro de las viviendas, para llevar a cabo la entrega formal de cada unidad al representante legal de la empresa.

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