Mexicali.- El Congreso de Baja California, de mayoría morenista, aprobó la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, mejor conocida como Plan B, durante una sesión cargada de acusaciones, entre diputados, de vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero y opacidad.
También puedes leer Diputados de BC son los más caros del país: gastan 4 millones en café y comidas, 500 millones en “servicios personales”
En una sesión virtual extraordinaria, realizada ayer jueves 9 de abril, los legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano (MC), el extinto Fuerza x México, así como los partidos Verde Ecologista (PVEM), del Trabajo (PT) y Encuentro Solidario (PES) avalaron, con 21 votos a favor la reforma a los artículos 115 y 116, así como una adición de un párrafo al artículo 134 de la Constitución, con la oposición de cuatro votos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La minuta, remitida a los estados por la Cámara de Diputados, tras su aprobación el miércoles 8 de abril, contempla medidas para la austeridad y reducir privilegios, aspectos por los que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado al Congreso de Baja California, al señalar como el más caro del país.
También puedes leer Sheinbaum exhibe los “excesos” y “privilegios” de los diputados de BC
Sin embargo, durante el debate del acuerdo, la diputada del PAN, María Yolanda Gaona Medina, señaló que “mientras se habla de combatir privilegios, vemos casos en Baja California donde hay señalamientos públicos graves sobre posibles vínculos con recursos ilícitos o relaciones cuestionables”.
Y, como ejemplo, señaló el caso de “la ex alcaldesa Araceli Brown, ahorita diputada federal, donde se le ligó con organizaciones criminales, con el lavado de dinero y pues trae una charola en donde anda en toda la República sin pasar absolutamente nada”.
También puedes leer Por ser parte del Cartel de Sinaloa, EU boletina a Araceli Brown, ex alcaldesa de Rosarito y diputada de Morena
Sobre el senador y ex alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, la panista acusó que sus “cuentas públicas no pasaron por parte de la Auditoría Superior y en donde lamentablemente, hoy por hoy, eso le está impactando a los ciudadanos ensenadenses en donde no se ve un desarrollo, no se ve un crecimiento”.
También puedes leer Por millones de pesos en desvíos e irregularidades en licitaciones, reprueban cuenta pública de Armando Ayala como alcalde de Ensenada
“Y me voy más allá, funcionarios públicos no solamente del Estado, sino del Ayuntamiento que están ligados con el narcotráfico y sobre todo que aparecen inversiones en Estados Unidos y más allá donde vemos lamentablemente que les aparecen ahora sí que lonas, les aparecen hostigamientos en donde los relacionen con organizaciones criminales”, expuso
Sobre este último señalamiento, aunque sin precisar su nombre, hizo alusión al director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), Armando Carrazco López, a quien, en febrero, le fue dejada una cartulina con amenazas en un food truck de su propiedad.
También puedes leer Queman negocio de director de la CESPM y le dejan mensaje
Recientemente, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación sobre el patrimonio del funcionario tras reportes sobre la adquisición de una propiedad de lujo en La Jolla, California.
“Entonces no hay esa transparencia, no hay esa claridad, donde siempre hemos dicho que, desde el gobierno, se les abrieron las puertas a esas organizaciones criminales y aun así no hay consecuencias claras”, cuestionó.
Ante los señalamientos de Gaona, el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Manuel Molina García, respondió que “eso de ‘se supone’ y ‘se presume’ y ‘se piensa’ y ‘se dice’, pues la justicia es probar. Si tienen algo que denunciar, háganlo. Si tuvieron algo que denunciar, y no lo hicieron, pues entonces sus razones habrán tenido. pero lo cierto es que el tema del manejo de recursos de procedencia ilícita está prohibido desde hace mucho tiempo”.
Por otro lado, la diputada de MC, Daylín García Ruvalcaba, aprovechó el debate para señalar al diputado de Morena, Jaime Eduardo Cantón Rocha por la falta de transparencia en las sesiones de la Comisión de Administración, la cual preside.
También puedes leer Jaime Cantón debe informar en qué se gastan los recursos del Congreso: Daylin García
“Es una vergüenza que este Congreso del Estado sea, a nivel nacional, demostrado como el más caro, cuando lo que hemos pedido es que haya transparencia real para demostrar cómo se está ejerciendo el recurso. Por eso aprovecho este espacio para una vez más pedir a la Comisión de Administración del Congreso del Estado, que preside el diputado Jaime Cantón, que las minutas, las actas de todo lo que se ha sesionado y votado desde que inició esta legislatura, sea público”, puntualizó.
La legisladora insistió “que se cuelguen en la página de internet del Congreso del Estado, que todas las sesiones, que evidentemente seguro tuvieron que haber sido grabadas, se cuelguen también, así como se ponen en YouTube todas las sesiones de todas las comisiones”.
Sin embargo, el diputado Jaime Cantón no respondió a los señalamientos que le hizo la diputada de oposición.
La reforma aprobada indica que los presupuestos de las legislaturas locales no deben exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto para el Estado de Baja California es de 92 mil millones de pesos, mientras que el Congreso del Estado se auto aprobó un presupuesto de mil 203 millones de pesos.
Bajo este nuevo esquema, la Legislatura de Baja California recibiría 644 millones de pesos, casi la mitad de los recursos públicos que actualmente ejerce.
Esta reducción, detalla la reforma, permitirá destinar estos ahorros a rubros como inversión social y obra pública.
Respecto a los ayuntamientos, se establece un tope máximo de quince regidurías bajo principios de paridad de género y perspectiva de igualdad sustantiva.
Las remuneraciones de las personas consejeras electorales, magistradas y magistrados electorales, titulares de órganos administrativos y áreas ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE), organismos públicos locales y tribunales electorales de las entidades federativas, no podrán exceder el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.
Este artículo constitucional indica que la remuneración del presidente o la presidenta del presidente de la República es el tope máximo para cualquier funcionario, el cual para 2026 se fijó en 134 mil 290 pesos mensuales.
Además, dichos servidores públicos no podrán adquirir ni contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Con la reforma también se incorporan adecuaciones en materia de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la integración de los órganos legislativos estatales y en el poder público municipal.
, el extinto Fuerza x México){kind=link}