Tijuana.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado (FGE), investiga a ex funcionarios del gobierno de Montserrat Caballero Ramírez por haber entregado un contrato de 200 millones de pesos a cuatro empresas para iniciar con las obras de remodelación del malecón de Playas de Tijuana, a pesar de que no contaban con la anuencia del gobierno federal.
“La Fiscalía Especializada Anticorrupción está atendiendo el tema y llevando las audiencias y los procedimientos necesarios para poder fincarle responsabilidad a todos aquellos ex funcionarios que resulten culpables de este daño significativo que se le hizo al municipio de Tijuana”, explicó hoy la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán.
La funcionaria municipal ofreció una conferencia de prensa frente a las escalinatas del malecón de Playas de Tijuana, este miércoles 15 de abril, para informar en qué etapa se encuentra la obra, así como los procedimientos administrativos y penales que se abrieron a raíz de las irregularidades detectadas en los trabajos que se iniciaron en la administración de la ex alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.
“En este caso, la Fiscalía está atendiendo a las empresas que participaron en esta adjudicación directa, en lo cual, desde ahí ya se incurrió en una falta administrativa, al tenerse que haber licitado de manera pública para que concursaran diferentes empresas para poder participar en la construcción de la obra”, refirió Teresita Balderas.
La síndica procuradora recordó también que tres ex funcionarios ya fueron inhabilitados como parte de esta investigación.
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En el caso específico del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA), Juan Enrique Bautista Corona, éste presentó un amparo en el que alega que no fue el ejecutor del proyecto, sino que el director de Obras e Infraestructura Municipal, Marco Antonio Campoy Arce, fue el responsable.
“El responsable de cada dependencia es el secretario. Los directores no pueden ni deben tomar decisiones si el secretario no las autoriza, porque para eso es la cabeza de sector de las dependencias y automáticamente eso lo hace responsable.
Por eso los procedimientos están fincados a los titulares de las dependencias”, comentó al respecto Teresita Balderas.
Respecto al avance de la obra, la funcionaria explicó que si el proyecto de remodelación no se ha reanudado, a pesar de haberse iniciado en julio de 2024, es porque no se cuenta aún con la autorización de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Y si se retomaran los trabajos en el sitio, entonces el actual gobierno municipal incurriría en el mismo incumplimiento que la administración anterior.
“Este es un tema totalmente de índole federal, en el cual nosotros tenemos que ser muy respetuosos de los tiempos”, argumentó.
Por otra parte, la síndica procuradora calculó que más allá del pago de 200 millones de pesos a las empresas contratadas en el gobierno anterior, así como el pago de dos multas por 300 mil pesos, emitidas precisamente por la autoridad federal, la principal afectación es otra.
“El daño más significativo al erario es el daño social, el daño de que no se pueda contar con un malecón y que también los comercios estén perdiendo precisamente esta afluencia en sus restaurantes, en sus locales, en sus comercios, al no contar con este atractivo turístico”, refirió.
La funcionaria municipal le dio lectura a un oficio girado por la Profepa al gobierno de Montserrat Caballero, en julio de 2024, en el que le indica que “los únicos trabajos que se pueden realizar en el malecón de Playas es la rehabilitación del andador actual, la remodelación de la avenida Pacífico, en donde se construiría un nuevo andador, un camellón, remodelación de las banquetas, de las fachadas de las viviendas y de los comercios existentes. Se le permitió instalar de nuevo un andador de madera comercial, paralelo al existente, y la reubicación de los drenes pluviales”.
Teresita Balderas explicó que la razón por la que el gobierno municipal no podía llevar a cabo trabajos adicionales para construir un nuevo malecón, era por la falta de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual está por entregarse a la Profepa.
“Si el Ayuntamiento quería hacer obras de construcción diferentes a las que la Profepa le había permitido, tenía que solicitar de nueva cuenta una Manifestación de Impacto Ambiental ¿Por qué? Porque, a lo largo de los años, el suelo se podía erosionar”, explicó la síndica procuradora.
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La síndica aseguró que la anterior administración municipal puso en riesgo a la población al haber continuado con trabajos distintos a los autorizados, como excavaciones y movimientos de tierra.
“Comprometiendo la vida de los ciudadanos, transeúntes y familias. También estaba en riesgo la seguridad del sector económico. Esto no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo directamente de las notificaciones que la Profepa le hizo llegar al XXIV Ayuntamiento”, añadió.
Teresita Balderas explicó que una vez que el Ayuntamiento de Tijuana haga llegar la Manifestación de Impacto Ambiental a la Profepa, tendrán que esperar algunos meses para que el documento sea revisado y aprobado.
La MIA es un estudio técnico previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Para su realización, el actual gobierno municipal contrató a expertos en la materia para realizar estudios geotécnicos.
Este instrumento incluye las evaluaciones técnicas, costeras y ambientales realizadas por expertos en la materia que documentan los impactos de la obra para remodelar el malecón.
Y, con base en esto, la Profepa pueda autorizar qué tipo de obra es la que se puede realizar en el malecón de Playas de Tijuana.
La rehabilitación del malecón de Playas de Tijuana inició en julio de 2024, en los últimas semanas de la administración de la hoy ex alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.
Esto luego de que su gobierno entregó un contrato por un monto de 200 millones de pesos a cuatro empresas constructoras para realizar los trabajos, los cuales incluyeron renovar el andador de madera.
Sin embargo, la obra fue clausurada en septiembre de ese mismo año por la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Y, un mes después, una vez que el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz entró en funciones, el XXV Ayuntamiento de Tijuana realizó una segunda clausura.
En aquel entonces, el alcalde explicó que el diseño del malecón sería adaptado a un nuevo concepto y se encontraban revisando tanto los permisos como el contrato que se había entregado a las empresas constructoras.
Mientras que en julio de 2025, la secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Virginia Vargas, explicó que la obra fue reactivada únicamente para construir un muro de contención para un talud, para evitar daños al suelo por erosión.
La secretaria explicó que una vez que estas obras concluyeran, el Ayuntamiento de Tijuana reiniciaría el procedimiento, al lanzar una nueva licitación para una segunda y tercera fase del proyecto.
Sin embargo, hoy la síndica procuradora explicó que el proyecto no puede avanzar hasta que la Profepa revise la MIA y determine cuáles son los trabajos que se pueden llevar a cabo.
“Recordemos que ya no están las condiciones que estaban antes, hubo cortes, lo que hizo este Ayuntamiento no es un malecón, son obras de mitigación de riesgos para que las construcciones no colapsaran”, indicó.
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Y es que que la remodelación se inició sin contar con las autorizaciones en materia ambiental ni estudios técnicos especializados.
Tampoco había un control de aguas pluviales y residuales, pues se detectaron diversas tuberías que desembocaban en el talud de la plataforma que colinda la playa.
No obstante, el gobierno de Montserrat Caballero fue omiso en atender las notificaciones que la Profepa le hizo llegar, por lo que continuaron realizando excavaciones y movimientos de tierra, poniendo en riesgo a la comunidad, al turismo y al ecosistema.
Por ello, la Profepa emitió dos multas al gobierno municipal. La primera por 79 mil pesos y la segunda 226 mil pesos.
Las multas, que se determinaron a partir de “la gravedad de la infracción”, así como “omisiones en el acta de inspección” y “conductas de negligencia en su actuar”, fueron cubiertas por la actual administración municipal.
La titular de la Sindicatura Procuradora declaró que están en espera de que Profepa revise la MIA, para definir los daños que dejaron los trabajos de la remodelación del malecón.
Una vez que eso ocurra, aseguró la funcionaria municipal, comenzarán a trabajar de manera conjunta con vecinos y locatarios para reactivar la obra y así resolver la situación que ha afectado a cientos de personas.
Y es que durante casi dos años, la zona del malecón de Tijuana se encuentra prácticamente en ruinas, sin andadores ni iluminación.
“Si Profepa determina que el municipio ya está en condiciones de construir un nuevo del proyecto del malecón, será una de las primeras obras que el presidente va a impulsar”, aseguró la síndica procuradora.
