Tijuana.- Residentes de Playas de Tijuana, pertenecientes al colectivo “Defendamos Playas de Tijuana”, se oponen a la construcción del desarrollo inmobiliario Civantia en la Cañada Azteca, una zona de conservación ambiental y de riesgo.
El proyecto contempla la construcción de nueve torres de departamentos de entre 20 y 25 niveles, un edificio para un hotel de al menos diez niveles, así como un centro comercial.
Esto implicaría hasta mil 600 unidades habitaciones y por lo menos cuatro mil vehículos más sobre Paseo Playas, lo cual provocará congestión vial.
El sitio de construcción se encuentra delimitado con cerco de alambre a través del que se observan máquinas excavadoras y de carga de tierra, frente al Parque Azteca.
El colectivo explicó a PUNTO NORTE que la Cañada Azteca es la salida natural de una microcuenca que recoge escurrimientos de aguas de lluvia de las zonas altas y que, a pesar de la contaminación existente, tenía características de un humedal.
La alteración de esa zona, dijeron los vecinos, implica la pérdida de biodiversidad, pero además trae otros riesgos, como los derrames directos de aguas residuales al mar, aumento de la erosión costera, así como afectaciones a la infraestructura urbana.
Ahí es donde empresas como Musa y Ruba construyen el desarrollo inmobiliario conocido como Civantia.
Luego de que el colectivo encabezó algunas protestas, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) se había comprometido a delimitar áreas específicas de construcción y de conservación, esto no fue respetado.
En entrevista con PUNTO NORTE, Gabriela Guinea, integrante del colectivo, señaló que dejar terminar el proyecto representa la “destrucción final” de la Cañada Azteca.
“Es lo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo, destruirla. Le arrancaron todas las plantas nativas que servían de hogar a varias especies de pequeños animales, algunas endémicas; espantaron obviamente a los animales que usaban el espacio como descanso en su migración”, manifestó.
También denunció que cubrieron el cauce natural del arroyo, acción que calificó como indebida al tratarse de una cañada ribereña que debía conservarse, ante la inacción de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Los de Civantia alegaban que ahí sólo había basura y drenaje, pero eso era minoritario; debía haberse limpiado y arreglar el pluvial, en vez de enterrar el arroyo”, dijo.
Según explicó, cubrir el cauce del arroyo elimina la función de biofiltro natural que ayudaba a reducir la contaminación antes de que las aguas residuales lleguen al mar.
“Ahora mejor lo van a arrojar directamente a erosionar la playa, y eso es absurdo”, expresó.
Gabriela Guinea detalló que se han manifestado contra el desarrollo de diversas maneras desde hace tiempo.
La activista refirió que desde el año 2021, los vecinos han recurrido a amparos para detener el proyecto, y actualmente un juicio se encuentra próximo a resolución.
Ante la prolongación del proceso jurídico, así como obstáculos y procedimientos incorrectos, así como la falta de respuesta a denuncias posteriores, en 2023 promovieron un segundo proceso legal, actualmente en fase de pruebas periciales en materia de urbanismo.
En su preocupación, los residentes también han señalado una presunta tendencia de las autoridades para favorecer a los desarrolladores.
En ese sentido, indican que éstos han promovido reformas a la normatividad de planeación urbana para beneficiar proyectos que originalmente incumplían las disposiciones sobre el uso de suelo y las densidades permitidas, y con las modificaciones a la ley, ya son procedentes.
Finalmente, el colectivo Defendamos Playas aclaró que no se opone al crecimiento urbano, pero sí rechazan aquellos proyectos que priorizan intereses inmobiliarios ignorando el equilibrio ambiental y la calidad de vida de las personas.
