Mexicali.- La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó asignar una partida presupuestal para indemnizar a víctimas, señaló la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
Durante el informe de actividades del organismo ante el Congreso del Estado, realizado hoy viernes 17 de abril, el ombudsperson, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, precisó que el Gobierno del Estado y los siete Ayuntamientos aceptaron un exhorto de la CEDHBC para solicitar, en su presupuesto 2026, una partida para indemnizaciones, mientras que la FGE fue la única institución que rechazó la petición.
Lo anterior, en respuesta al cuestionamiento de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandrina Corral Quintero, respecto al cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a la FGE por parte de la CEDHBC.
En la sesión participaron también la diputada por Movimiento Ciudadano (MC), Daylín García Ruvalcaba; los diputados de Morena, Juan Manuel Molina García y Jaime Eduardo Cantón Rocha, así como la diputada panista, María Yolanda Gaona Medina.
Fue a finales de octubre de 2025 cuando la Comisión dirigió el exhorto a diversas autoridades para que contaran con recursos para el cumplimiento de recomendaciones, específicamente en aspectos como indemnización, atención psicológica y acompañamiento.
“La razón por la cual no se han concluido expedientes de recomendaciones emitidas es que está pendiente un punto recomendatorio que vienen siendo las indemnizaciones económicas”, precisó Ochoa Orduño.
El ombudpserson puntualizó que “el año pasado emitimos un exhorto […] dirigido a las y los alcaldes de los ayuntamientos, dirigido al ejecutivo y a la Fiscalía ¿Cuál era la razón de ese exhorto? Para que en sus proyectos de presupuesto del ejercicio 2026 agregaran una partida presupuestal precisamente para indemnizar a las víctimas acreditadas dentro de las recomendaciones”.
Si bien, el Gobierno del Estado ya tiene una partida que se le solicitó que ampliará y así ocurrió, los Ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Mexicali respondieron que trabajarían en una ampliación presupuestal, siendo el tercero el que aprobó la ampliación presupuestal para ese tema en específico para víctimas.
Sin embargo, “La Fiscalía nos contestó que ellos no iban a solicitar ese presupuesto”, informó el titular de la CEDHBC.
Sobre el tema, la diputada Corral Quintero aseveró que “realmente en la Fiscalía, y ya lo han dicho otras personas, pues existe mucha violencia institucional. Yo creo que, lo peor que puede suceder después de uno de ser víctima de un delito es todavía tener violencia institucional”.
Como ejemplo, la legisladora citó el caso de la joven Daryela Elizabeth Valdez Rocha, víctima de feminicidio en 2023, quien, a pesar de solicitar reiteradamente protección a la FGE, y de que la autoridad tenía plenamente identificado a su agresor, hubo omisiones en la atención a su caso.
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“Se habló mucho de feminicidio, pero nunca se dijo el problema que había en la Fiscalía, que la víctima había ido a la Fiscalía en reiteradas ocasiones, incluso antes de que se le haya cometido el homicidio. Ella ya estaba pensando en cambiar de domicilio, de irse de la ciudad y la Fiscalía le dijo que se quedara, que no había problema, que ya se lo iban a solucionar después de años, pues la mataron”, apuntó.
A partir del feminicidio de Daryela, la CEDHBC emitió, en octubre de 2024, la recomendación 8/2024, en la que se señalaron omisiones de la FGE, así como de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y se acreditaron vulneraciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica y al derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.
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La FGE ha sido objeto de nueve recomendaciones por violaciones a derechos humanos durante la presente gestión de la CEDHBC.
Entre ellas, dos relacionadas con fallas en medidas de protección a víctimas en casos de feminicidio.
Entre estos casos, están los de Daryela, en Mexicali, y el de la dentista María Fernanda Hernández Viera, quien fue asesinada en su consultorio en la zona de La Ermita, en Tijuana, en abril de 2021, caso en el que se acreditaron fallas de la FGE en el otorgamiento de medidas de protección para la víctima.
Finalmente, el presidente de la CEDHBC propuso a los legisladores, para reforzar el cumplimiento de las recomendaciones, “una sanción pecuniaria en contra de los funcionarios o funcionarias que se les haya comprobado que hayan violentado derechos humanos, pero directamente el servidor y servidora pública […] y que ese fondo sea en favor de víctimas”.
Además, “que se trabaje en un padrón nacional de servidoras y servidores públicos violentadores de derechos humanos y que, quizá, estemos ante la posibilidad de que, aquellas personas a las que se les haya demostrado que hayan cometido violaciones graves a derechos humanos, no tengan derecho a ser candidatos o candidatas o que no tengan derecho a ser servidores públicos”, concluyó.
