Mexicali.- Una mujer que ocultó evidencias del ataque en el que una jauría arrebató la vida a la señora Amparo Romero Gálvez, enfermera jubilada de 84 años, fue vinculada a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento.
En una audiencia realizada el 13 de abril, un juez determinó que el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal del Estado (FGE) aportó elementos suficientes para establecer la probable participación de la imputada, identificada como María José, persona cercana a la familia propietaria de los caninos, decretando la vinculación a proceso.
En la información presentada por el Ministerio Público se establece que la imputada habría entregado cuatro perros al Centro Municipal de Control Animal (Cemca) el día después de la agresión.
En estos hechos también están involucrados dos adolescentes, uno de ellos hijo de María José, quienes están siendo procesados, en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, también por encubrimiento.
“Esta misma mujer […] fue quien llevó a su hijo de trece años. Porque ese niño, junto con otro, habían levantado los perros de encima del cuerpo de mi mamá y, al día siguiente (a mi mamá la matan el 18), el lunes 19, esta mujer, va y lleva a Cemca cuatro perros y dice que ya no los puede atender, que son muy agresivos y que viven en un domicilio de Lomas Altas, lo cual es falso”, informó la hija de Amparito, Ana Lidia Soto, a PUNTO NORTE en entrevista telefónica realizada el martes 14 de abril.
Lo anterior, de acuerdo con la activista, tanto entregar a cuatro de los caninos involucrados, proporcionar una dirección falsa y pagar para su desahucio humanitario, tiene la clara finalidad de ocultar y destruir evidencia.
Ana Lidia Soto, quien también es abogada de otras víctimas, fundó el colectivo Justicia para Amparito, surgido a partir del ataque a su madre, en agosto de 2024.
A partir de estos hechos, el colectivo promovió una reforma al Código Penal para castigar con una pena de cuatro a ocho años de prisión a los propietarios de perros que, por negligencia, ataquen o priven de la vida a una persona.
Esta reforma, conocida como Ley Amparito, fue aprobada en Baja California y está vigente desde agosto de 2025.
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Asimismo, la activista señaló que la ahora imputada la denunció por supuestamente haber jaloneado a su hijo, el niño que participó ocultando evidencia.
“Esta mujer me denuncia a mí llevando a su hijo a decir que yo lo había jaloneado el 18 de agosto, a las 11 de la mañana, cuando ese día yo todavía ni siquiera sabia que mi mama había muerto”, precisó.
“Yo me enteré a las 12 del día. Además, yo ni conozco al niño y dijo que yo lo había jaloneado en una tienda de Villas del Rey y por eso me judicializaron aquella carpeta a los trece días, sin darme oportunidad de ofrecer mis datos de prueba, que yo los ofrecía y me decían en los acuerdos que no eran pertinentes y era porque ya lo habían judicializado porque encontraron ahí, en ese tiempo el fiscal Efrén Ruiz Romo, la manera de atacarme”, apuntó.
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Ana Lidia Soto especificó que, en esa carpeta, no le permitieron declarar. “El fiscal, que en ese tiempo era Andrés López, me dijo ‘pues es que los imputados nunca declaran’ y le dije que yo sí porque no hice nada, porque yo soy inocente. Total, que no me dejaron ni declarar”.
Por otro lado, María José también está vinculada por el delito de hostigamiento hacia Ana Lidia Soto, proceso por el cual tendrá una audiencia el próximo viernes 8 de mayo.
Lo anterior, de acuerdo con la activista, “tras haber emprendido una campaña sistemática de difamación en redes sociales, dirigida contra la hija de la señora Amparo y la memoria de la víctima”.
Sobre el proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que la FGE seguirá reuniendo pruebas relacionadas con el caso.
Finalmente, Ana Lidia Soto consideró que esta vinculación a proceso “representa un avance relevante en el acceso a la justicia, ya que desde el inicio (la hija de la víctima) sostuvo que existía responsabilidad de varias personas dentro de ese entorno, donde se auxiliaron entre sí, omitieron dar aviso a la autoridad y actuaron con absoluto desprecio por la legalidad”.
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