Mexicali.- El Congreso de Baja California, de mayoría morenista, aprobó un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR)m titulada por Ernestina Godoy y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, para que investiguen a funcionarios federales, estatales y municipales vinculados, coludidos o bajo sospecha de relación con el crimen organizado.
En la sesión del Pleno, realizada ayer jueves 7 de mayo, los legisladores avalaron la proposición dirigida a la procuradora general de la República y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la cual fue presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Daylín García Ruvalcaba.
Durante la lectura de la propuesta, la legisladora presentó un análisis de la situación de violencia en el estado, por lo que solicitó que las investigaciones “contemplen posibles actos de corrupción, omisiones en el ejercicio de las funciones, encubrimiento o cualquier conducta que pudiera favorecer la operación de grupos delictivos en Baja California”.
El exhorto tiene como antecedente la solicitud de detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya que emitió, el pasado martes 28 de abril, una Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos. y, a partir de la cual, el morenista presentó, el viernes 1 de mayo, una solicitud de licencia para separarse del cargo de gobernador de Sinaloa.
Este hecho ha tenido consecuencias como una fuerte tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como un intenso debate entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y los partidos de oposición como Acción Nacional (PAN) que, en el Senado, solicitó juicio político para Rocha Moya y la desaparición de poderes en Sinaloa ante las acusaciones de colusión con grupos criminales.
Por lo anterior, el exhorto de García Ruvalcaba contempla a “todos aquellos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que hayan sido señalados en medios de comunicación, denunciados por la ciudadanía o que se encuentren presuntamente vinculados o involucrados a hechos relacionados al crimen organizado o conductas irregulares para que, en un acto de responsabilidad pública, ética e institucional, soliciten licencia y se separen del cargo con el objeto de permitir el desarrollo pleno, imparcial y transparente de cualquier investigación”.
Durante el debate de la proposición, el diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM), Jorge Ramos Hernández, secundó la propuesta, aunque matizó su postura elogiando las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación en materia de seguridad.
“No generalizaría, de mi parte. Por el contrario, sí reconocería esfuerzos muy importantes que se están dando en todos los órdenes de gobierno y sí voto a favor de su proposición porque estoy convencido que la corrupción es mala en general, pero más la que se hace desde la parte policiaca”, aseveró el también ex alcalde de Tijuana cuando militaba en el PAN.
En seguida, el coordinador de los diputados de Morena, Juan Manuel Molina García, retó a la inicialista a dirigir el exhorto para que no sólo se investigue a los funcionarios de Baja California, sino a los de todo el país -aunque el texto leído por la inicialista sí especificaba los tres órdenes de gobierno-.
Además, Molina puso como ejemplo de corrupción y de colusión con el crimen, el caso del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, compañero de partido de Daylín García.
El diputado sustentó dichos señalamientos a partir de una columna publicada en El Financiero por el periodista Raymundo Riva Palacio.
Después, al referirse al operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra de Pinal, en Chihuahua, realizado el domingo 19 de abril, en la que participaron elementos estatales y murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), situación que generó controversia por la participación extranjera, Molina despotricó en contra del organismo de inteligencia norteamericana, señalando que “han estado involucrados en derrocamientos de regímenes políticos, generalmente de izquierda, que no han sido convenientes para los Estados Unidos”.
Después, lanzó una alusión, aunque sin mencionar su nombre, al diputado Jorge Ramos, al referir que “recuerdo aquí por el 2007-2008 fue de los peores años que hubo criminalidad en Baja California y todavía seguimos esperando resultados de dónde quedaron o quiénes eran casi 500 personas disueltas por una persona, ‘El Pozolero, o los asesinatos que hubo en Tijuana, la matanza de La Cúpula, ¿alguien la recuerda? En Tijuana, una balacera directa y con gente circulando por la calle”.
La balacera de La Cúpula fue un enfrentamiento armado, con duración de más de cuatro horas, ocurrida el 17 de enero de 2008 en la zona de La Ermita, en donde niños de preescolar y vecinos tuvieron que ser evacuados.
Mientras que Santiago Meza López, “El Pozolero”, es un criminal que, tras su detención el 22 de enero de 2009, en un predio conocido como “La Gallera”, en el ejido Ojo de Agua, confesó haber disuelto al menos 300 cuerpos en ácido.
Ambos eventos ocurrieron en el municipio de Tijuana durante el periodo en el que Ramos Hernández era alcalde por el PAN, entre 2007 a 2010.
Hace apenas unos días, el diputado Molina ya había lanzado ataques a su compañero de Legislatura, al recordar, durante la transmisión del “Podcast Desde Tu Congreso”, cuando, siendo diputado por el PAN, en 2008, votó en el Congreso Local en contra del programa de pavimentación conocido como PIRE, del entonces alcalde tijuanense, Jorge Ramos, y que implicaba una deuda de 1 mil 700 millones de pesos con la empresa CEMEX.
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Por su parte, el legislador del PAN, Diego Echevarría Ibarra, retomó el caso de la diputada federal por Morena y ex alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, quien fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con un grupo criminal y a quien le fueron congeladas sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano.
“No podemos ocultar que aquí en Baja California hay funcionarios públicos señalados. Incluso les han congelado cuentas otros gobiernos, como el de Estados Unidos. Y ahí la tienen de diputada federal, por ejemplo: Aracely Brown”, señaló el panista.
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Luego, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Yohana Sarahi Hinojosa Gilvaja, dirigió su crítica a la Fiscalía General del Estado, que encabeza María Elena Andrade Ramírez.
“En Baja California la Fiscalía no está atendiendo los temas de corrupción, no está atendiendo los temas de narcotráfico. Realmente, estamos viendo una complicidad y no solamente en los temas de narcotráfico, en todos los procesos legales. (…) Es lamentable la situación, pero la Fiscalía en el estado no sirve, no está funcionando”, apuntó.
Después, la panista Alejandrina Corral Quintero y el representante de Fuerza X México, Diego Alejandro Lara Arregui, se enfrascaron en una discusión por la situación en Sinaloa.
Finalmente, el exhorto fue aprobado por mayoría, con las adhesiones de los diputados Jorge Ramos, Diego Echaverría, así como del representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Valle Ballesteros.
