Tijuana.- Es importante que los trabajadores conozcan sus derechos en cuanto al reparto de utilidades, consideró el experto en materia laboral, el licenciado Jonathan Alfonso Quintero Arévalo.
El especialista, quien es fundador y director general de la firma “Corporativo Q”, la cual se dedica a brindar asesoría jurídica, laboral, corporativa y de defensa estratégica tanto a trabajadores como a diversos sectores empresariales, recordó que el reparto de utilidades es un derecho fundamental con alcances legales y constitucionales en beneficio de millones de trabajadores en México.
En entrevista, el especialista señaló que el reparto de utilidades constituye un derecho protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 123 apartado “A”, fracción IX, el cual establece la obligación de las empresas de compartir con las y los trabajadores una parte de las ganancias obtenidas durante el ejercicio fiscal anual.
“El PTU representa una herramienta de justicia social y reconocimiento al esfuerzo de las personas trabajadoras dentro de la productividad de las empresas. No se trata de un beneficio opcional, sino de una obligación patronal respaldada por nuestra Constitución y por la Ley Federal del Trabajo”, expresó el licenciado Jonathan Alfonso Quintero Arévalo.
Asimismo, explicó que este derecho también se encuentra regulado dentro de los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales establecen las bases para determinar quiénes tienen derecho al pago, cómo se calcula y cuáles son las obligaciones de los patrones respecto a esta prestación.
De acuerdo con lo expuesto por el experto, tienen derecho al reparto de utilidades todas aquellas personas trabajadoras que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal anterior, incluso en casos donde el trabajador haya sido despedido, haya renunciado o prestado sus servicios mediante contratos por obra determinada.
Respecto a las fechas de pago, recordó que las empresas deben realizar la entrega del PTU entre el 1 de abril y el 30 de mayo.
Mientras que las personas físicas con actividad empresarial cuentan con plazo del 1 de mayo al 29 de junio, conforme a lo establecido por la legislación laboral y fiscal vigente.
En relación con el cálculo de utilidades, Quintero Arévalo detalló que el 10 por ciento de las ganancias netas declaradas por la empresa se destina al reparto entre las y los trabajadores, conforme a lo señalado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
“El monto se divide en dos partes iguales: el 50 por ciento se reparte conforme a los días trabajados durante el año y el otro 50 por ciento se distribuye proporcionalmente con base en el salario percibido por cada trabajador”, explicó.
El especialista también hizo énfasis en las acciones legales que pueden emprender las personas trabajadoras en caso de incumplimiento por parte de los patrones.
“La Ley Federal del Trabajo establece que las personas cuentan con un plazo de un año para reclamar el pago de sus utilidades a partir de la fecha límite de entrega. Además, pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), institución encargada de brindar asesoría jurídica gratuita y acompañamiento en defensa de los derechos laborales”, puntualizó.
El licenciado Jonathan Alfonso Quintero Arévalo recordó también que el cumplimiento oportuno del reparto de utilidades fortalece la estabilidad económica de miles de familias mexicanas y fomenta relaciones laborales más justas y transparentes.
A lo largo de su trayectoria profesional, el especialista ha participado activamente en temas relacionados con el derecho laboral, relaciones colectivas de trabajo, defensa de derechos de los trabajadores, cumplimiento normativo, así como representación legal ante diversas autoridades laborales y administrativas.
Además, ha colaborado en procesos de orientación, capacitación y asesoría especializada sobre derechos laborales, seguridad social y cumplimiento patronal.
Por último, Quintero Arévalo exhortó a la ciudadanía trabajadora a mantenerse informada y ejercer sus derechos laborales de manera responsable.
