Tijuana.- El juicio de amparo que justificó la salida de Karim Emanuel del centro de rehabilitación de la Patrulla Espiritual, fue promovido por un funcionario federal adscrito a la Defensoría Pública en Sonora y quien se acreditó en calidad de su “asesor jurídico”.
Se trata de Roque Miguel Juraz García, identificado en registros públicos del Poder Judicial de la Federación como asesor jurídico del Órgano de Administración Judicial en Nogales, Sonora, quien aparece en el expediente como el representante legal que promovió la demanda de amparo a nombre de “Karime Emanuel”.
Juraz García se desempeña como funcionario del Instituto Federal de Defensoría Pública y, en sus redes sociales, ha compartido publicaciones de páginas que se burlan de la Patrulla Espiritual y la califican como un “cártel”.
El abogado que promovió el juicio de amparo también habría presentado la demanda con información engañosa, al señalar al alcalde Ismael Burgueño como la autoridad responsable de tener privado ilegalmente de la libertad a Karim, cuando en realidad, para ese momento, era ampliamente conocido que se encontraba internado en el centro de rehabilitación Jireh, con la autorización de sus padres.
Esa declaración falsa permitió activar una suspensión provisional en la que el juez ordenó al alcalde detener el supuesto ataque a la libertad personal.
La demanda de juicio de amparo fue radicada por el Juzgado Décimo de Distrito, a cargo del juez federal Marco Antonio Arreola Herrera, el 11 de mayo de 2026, el mismo día en que la madre de Karim firmó el expediente de ingreso al centro de rehabilitación, después de explicar que su hijo estaba desaparecido desde hace un año.
Y es que el juicio de amparo es una herramienta jurídica que permite a una persona pedir la protección de un juez federal cuando considera que una autoridad de gobierno viola sus derechos. En el caso de Karim, no aplicaría, dado que el centro de rehabilitación es un particular y no una institución pública.
Bajo el caso hipotético de que los abogados hubieran presentado la demanda de amparo, explicando al juez que Karim estaba en un centro de rehabilitación, el juez no hubiera admitido la demanda y en todo caso, hubiera dado vista al agente del Ministerio Público para que investigara el hecho como delito, según explica la Ley de Amparo.
Es evidente la razón de haber demandando al alcalde, pues el juez otorga la protección de manera temporal, creyendo que una autoridad pudiera haber cometido el hecho reclamado.
En los juicios de amparo, la persona que los promueve se llama quejoso, la autoridad señalada se llama autoridad responsable y lo que se reclama se llama acto reclamado.
En este caso, el quejoso fue Karim, la autoridad responsable fue el presidente municipal Ismael Burgueño y los actos reclamados fueron privación ilegal de la libertad fuera del procedimiento, incomunicación, tortura, tratos crueles, entre otros actos.
Karim permanecía en el centro con el consentimiento de su madre y de su padre, después de ser localizado en situación de calle, con vestido de mujer, con cabello largo y evidentes afectaciones por consumo de drogas.
En la hoja del acuerdo dictado por el Juzgado Décimo de Distrito se lee que “el once de mayo de dos mil veintiséis, la Secretaria da cuenta al Juez, con la demanda registrada con número de control interno 6486”, y enseguida certifica varios nombres de abogados que acompañaron la demanda.
Entre ellos aparecen Astrid Cristina Mejía Moreno, William Leonel Cachón Rosales, Evelyn Sánchez Martínez, Georgina Guadalupe Padilla Gaxiola, Marco Antonio López Gallo, Marín Morán Macías y Armando Bernal Reyes, nombres que también corresponden a personal vinculado a la oficina del Instituto Federal de Defensoría Pública en Sonora y en Baja California.
El acuerdo fechado en Tijuana, Baja California, el 11 de mayo de 2026, establece: “Por recibida la demanda de amparo promovida por la persona quejosa Karime Emanuel, a través de su asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, el licenciado Roque Miguel Juraz García en el amparo y protección en contra de los actos del Presidente Municipal de Tijuana, Baja California, en esta ciudad”.
Con esa formulación, el expediente asentó que Karim Emanuel había promovido la demanda de amparo a través de Juraz García, como si el funcionario federal actuara como su asesor jurídico, aunque en esa misma fecha Karim se encontraba internado en el centro de rehabilitación y, de acuerdo con la información médica y familiar, atravesaba un cuadro de afectación mental relacionado con el consumo de drogas.
La forma en que fue presentada la demanda podría abrir una investigación por posibles delitos de falsedad de declaraciones y fraude procesal, en caso de que se acredite que se hizo creer al juez federal que Karim había solicitado la protección de la justicia federal a través de un asesor jurídico y que el alcalde era el responsable de la privación ilegal de su libertad.
Lo cierto es que la Ley de Amparo permite que cualquier persona promueva una demanda en nombre de otra cuando se denuncian actos como privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación o desaparición forzada, siempre que la persona agraviada se encuentre imposibilitada para hacerlo.
Por eso, el juez federal no tenía que resolver de fondo, en ese primer momento, si Karim estaba o no retenido ilegalmente, sino conceder la suspensión de plano para evitar una afectación irreparable.
El artículo 126 de la misma Ley establece que la suspensión debe concederse “de oficio y de plano”, es decir, de manera automática, cuando se denuncien actos que representen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, entre otros actos.
Esa regla explica por qué el juez Marco Antonio Arreola Herrera concedió la suspensión sin valorar el caso, no porque hubiera determinado que la Patrulla Espiritual cometió tortura, desaparición forzada o privación ilegal de la libertad, sino porque la demanda fue planteada como un ataque a la libertad personal atribuido a una autoridad.
Sin embargo, de acuerdo con la versión y videos expuestos por la Patrulla Espiritual, en los primeros minutos del martes 19 de mayo, es decir, a la medianoche, un vehículo se estacionó frente a las instalaciones del centro de rehabilitación para pegar en las rejas el acuerdo del juez federal.
El documento fue utilizado para presionar la salida de Karim del centro Jireh, como si la orden judicial estuviera dirigida al centro privado, pese a que la Patrulla Espiritual no era la autoridad señalada dentro del juicio de amparo.
“La mamá vino y firmó el expediente el 11 de mayo, autorizando el ingreso y el mismo 11 de mayo estaba el amparo… Vinieron en la madrugada y trajeron este amparo, a las 12:15 de la madrugada, lo pegan y aquí está, dándome 24 horas, contando ayer, para soltar a Karim”, dijo Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como ‘El Chiquilín’, líder de la Patrulla Espiritual, en un video publicado en sus redes sociales.
En otra parte de la grabación, Osuna Torres cuestionó la forma en que fue promovido el recurso y los señalamientos incluidos en la demanda.
“Es una tristeza, es una frustración la que siente la mamá ahorita, es un coraje. Ahorita que le llamé para decirle que tiene que venir por su hijo. Me llama mucho la atención cómo actúan estas personas. El amparo lo promueve nada más y nada menos que Karime Emanuel, el día 11 de mayo, promovieron un amparo para sacarlo y te dan 24 horas para contestarlo”, expresó Osuna Torres en el video.
“Él tenía un año desaparecido con una ficha de búsqueda de la mamá. La mamá vino y firmó el expediente el 11 de mayo autorizando el ingreso y el mismo 11 de mayo está el amparo. ‘Karime’. No le pusieron ni bien el nombre, es Karim Emanuel”, añadió.
Nadie estuvo cuando fue expulsado del centro
Al día siguiente, el miércoles 20 de mayo, El Chiquilín grabó a los padres de Karim Emanuel en las oficinas de la clínica Jireh, mientras firmaban las hojas de egreso de su hijo.
“Para no creerse el amparo ¿verdad, madre?”, le dice el líder de la Patrulla Espiritual a la mujer, quien tras firmar los documentos, responde “no, la verdad que no. A ver si esta gente ayuda”.
Luego, sentada frente al escritorio, se lleva las manos a la boca y a los ojos, sollozando y tomando largos alientos.
El Chiquilín se vuelve a dirigir a ella para decirle “ojalá la gente la ayude a Karim afuera, madre. Desgraciadamente, yo aquí ya no puedo hacer nada”.
Luego, el joven entra a la oficina cargando una caja de plástico con pan dulce. Cuando El Chiquilín le pregunta cómo se siente, responde: “bien contenta”.
“Ahí está tu madre, con un nudo en la garganta, pero ahí está tu madre. Qué bárbaro”, comenta El Chiquilín.
“Veremos que la gente la ayude allá afuera a Karim. Se siente una impotencia todo esto ¿no? Sin palabras, ojalá la gente le ayude a Karim”, se escucha decir a ‘El Chiquilín’.
Durante los dos minutos que dura el video, la mujer se muestra preocupada. En un momento baja la mirada y se lleva la mano a los ojos, como si estuviera llorando.
El defensor público y la comunidad de la diversidad
El día 12 de mayo, un día después en que se presentó el amparo, Roque Miguel Juraz García compartió en su perfil personal de Facebook un video de dos reporteros de Mexicali en el que se refieren al centro de rehabilitación de ‘El Chiquilín’ como una “secta”, “cártel espiritual” y “el cártel de los centros de rehabilitación”.
El funcionario acompañó la publicación con la frase: “Prefiero la libertad con peligro que la paz con esclavitud”, atribuida al filósofo del siglo XXVIII, Jean-Jacques Rousseau.
Además, en búsquedas en la web, el nombre de Roque Miguel Juraz García aparece vinculado a espacios de la comunidad de la diversidad sexual, entre ellos una página LGBT relacionada con ventas de productos de identidad y difusión de actividades, descrita bajo la frase: “No somos solo una tienda. Somos parte de una comunidad que informa, respalda y transforma vidas”.
Estas referencias del funcionario coinciden con las exigencias de activistas de la diversidad sexual, abogados y políticos de Morena, como del diputado local, Jaime Cantón; el regidor de Mexicali, Alfredo Wong López y la ex alcaldesa Montserrat Caballero, quienes criticaron públicamente el internamiento de Karim y alentaron la polémica sobre su identidad de género.
El caso de Karim se popularizó desde el 9 de mayo, cuando la Patrulla Espiritual publicó un video de su ingreso. Estaba en situación de calle, sucio, con el pelo largo y con basura incrustada y con un vestido de mujer.
En el video, al introducirlo en el centro de rehabilitación, ‘El Chiquilín’ pidió que se le vistiera “como hombre” y que le cortaran el cabello como “caballero”, lo que provocó la reacción de colectivos y políticos LGBTQ+ que acusaron a la agrupación de violentar la identidad de género y realizar una terapia de conversión.
Los colectivos exigieron que Karim saliera del centro de rehabilitación, bajo el argumento de que se estaban vulnerando sus derechos humanos. También denunciaron que el corte de cabello y la ropa masculina formaban parte de un intento por “corregir” su orientación sexual o identidad.
Los padres de Karim acudieron al centro y confirmaron que se trataba de su hijo, que consumía drogas y que nunca había dudado de su identidad sexual, por lo que le atribuyeron al abuso de drogas, el haberlo encontrado vestido de mujer.
Mientras los activistas exigían su salida, la familia manifestó que estaba de acuerdo con que permaneciera internado para iniciar un proceso de rehabilitación por consumo de drogas.
