Tijuana.- Tras las heridas emocionales y físicas que Nailea Salas Fernández dejó a los ocho integrantes de una familia hace cinco años, al chocar contra su vehículo mientras conducía en estado de ebriedad, dejando a dos adultos sin vida y a tres menores con quemaduras graves, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la pena máxima, de 22 años y seis meses de prisión.
Lo anterior por los delitos de homicidio culposo, lesiones por culpa, daño en propiedad ajena por culpa y delitos contra la seguridad del tránsito vehicular.
PUNTO NORTE fue el único medio de comunicación presente en la audiencia de individualización de pena, celebrada ayer jueves 27 de mayo.
Ahí, el Ministerio Público solicitó también al juez que a Nailea se le fije una multa de 147 mil 254 pesos, así como el pago de reparación del daño para los tres menores afectados y su abuela, por un millón 156 mil 849.15 pesos.
La Fiscalía desglosó cada una de las facturas, recibos de hospital y gastos funerarios que la familia Valle Guzmán solventó sin apoyo de Nailea.
Sin embargo, la defensa legal de la mujer pidió al juez que no se consideren ni los gastos funerarios de Juan Valle y Rocío González, las víctimas mortales del accidente, ni las terapias psicológicas para los niños, sobrinos de Juan e hijos de Rocío, quienes sobrevivieron al accidente con quemaduras severas, al considerar que no las necesitan.
Desde 2022, Nailea se encuentra libre, cuando un juez cambió la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta cuando se le vinculó a proceso por el accidente ocurrido en mayo de 2021.
Abogada pide que Nailea no sea llamada “culpable” en la prensa
El viernes 22 de mayo, el juez Juan José Chávez Montes encontró culpable a Nailea por haber manejado en estado de ebriedad y provocar la muerte de Juan Valle y Rocío González, tío y madre de los tres menores de edad, respectivamente.
Mientras que José Armando Valle, padre de los pequeños, esposo de Rocío González y hermano de Juan falleció en 2022, en Estados Unidos.
La Fiscalía también destacó los daños psicológicos y físicos que los tres menores presentan, tras quedar con quemaduras en su cuerpo y con problemas emocionales tras el accidente y la pérdida de sus padres.
Por su parte, la defensa de Nailea hizo uso de la voz para pedirle al juez que la prensa no señale a su representada como culpable, a pesar de que el juzgador ya la declaró así, pues aún no se había dado la lectura de sentencia.
En la audiencia, el juez le recalcó a la defensa que a pesar de que aún no se ha llevado a cabo la lectura de sentencia, él ya había emitido su fallo, donde la mujer de 35 años de edad, fue declarada culpable, por lo tanto, la etapa había sido superada.
Para acreditar los alegatos finales, el agente del Ministerio Público solicitó presentar los testimonios de tres familiares y dos peritos psicólogos para demostrar los daños causados en los menores, así como los gastos funerarios de Juan Valle y Rocío González.
Una “incongruencia” la pena que pide la FGE, asegura defensa
Por su parte, una de los tres abogados de Nailea Salas Fernández, Marcela Sandez Tello, calificó como incongruentes los años de prisión que la Fiscalía busca como sentencia para Nailea, así como la sumatoria de la reparación del daño, pues consideró que la familia no lo necesitaba.
“Incongruencia es lo que advierto, incongruencia con la FGE, inicialmente dijeron 19 años de prisión y una multa de mil 400 UMAS, ahora pretenden ir más allá”, sostuvo.
Luego solicitó al juzgador que “los gastos funerarios no se tomen en cuenta, tampoco las terapias, porque pudimos ver aquí en las declaraciones que estaban bien, en buen estado, ellos no dijeron que necesitaban terapias psicológicas”.
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Durante la audiencia, Nailea se encontraba sentada a un costado de su abogada, llevaba el cabello recogido con una pinza, vestía pantalón de mezclilla, chamarra azul y unos tenis Adidas blancos.
Detrás de ella, se encontraba integrantes de su familia, quienes juntaron sus manos para orar por ella.
“El menor odia a quien lo hizo, extraña a sus papás y siente tristeza”
La madrugada del 16 de mayo de 2021, Nailea conducía una camioneta Chevrolet Equinox por la Vía Rápida Oriente, a la altura del CREA, en estado de ebriedad y a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora.
Según determinó el Tribunal con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía, la mujer no guardó la debida distancia e impactó por detrás la minivan Pontiac Montana, la cual se encontraba detenida, en la fila para cruzar hacia Estados Unidos.
Ahí viajaban ocho integrantes de la familia Valle Guzmán, donde Rocío González Hernández, madre de los pequeños murió, así como Juan Valle, hermano de su esposo.
Tras el impacto, se fracturó el tanque de gasolina del vehículo en el que viajaba la familia, por lo que el combustible hizo contacto con chispas provocadas por la fricción metálica del arrastre y desencadenó el incendio.
José Armando, esposo de Rocío, logró salir del vehículo e intentó romper las ventanas con los puños para rescatar a su familia.
Para dar sentido probatorio a la solicitud de la reparación del daño, la Fiscalía llamó a declarar a dos psicólogas, en su calidad de peritos, para que explicaran ante el juzgador las conclusiones de sus peritajes, luego de revisar a los tres menores afectados por el choque
Una de las peritos señaló que uno de los hijos del matrimonio Valle González, quien tenía 10 años cuando ocurrieron los hechos, detalló en entrevista que el día del accidente, no sabía dónde estaba, ya que él se encontraba dormido y después despertó en la calle.
De acuerdo con el pequeño, se volvió a quedar dormido y después despertó en un hospital en Estados Unidos.
“Ahí empezó a preguntar dónde estaban sus papás y uno de sus hermanos le dijo que sus papás habían fallecido, por ello, no puede dormir, toma un jarabe para ello”, indicó la perito.
La profesional detalló que el menor también le señaló lo afectado que se encontraba por las quemaduras en sus manos, ya que no podía mover los dedos, así como de las lesiones en su cara y otras partes del cuerpo, por lo que necesita ayuda para bañarse.
“Al preguntarle sobre el hecho, el menor odia a quien lo hizo, extraña a sus papás y siente tristeza, piensa en el evento, pero sabe que tiene redes de apoyo”, manifestó.
Mientras que su hermano mayor, quien tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, entrevistado por otra perito, refirió que se sentía alterado, con miedo, tristeza, odio, dolor, impotencia y culpa por los hechos.
El menor relató que el accidente impactó de manera total a su familia, por lo que ahora él y sus hermanos tienen que vivir con un tío y su abuela.
Ambas peritos explicaron al juez, que parte de sus conclusiones coinciden en que los menores debían someterse durante un año a terapias psicológicas, equivalente a 52 sesiones, valuadas cada una en 680 pesos, dando un total de 35 mil pesos por cada uno.
En la audiencia, familiares de los menores, comenzaron a llorar, tras escuchar las fuertes declaraciones de ambos menores y la descripción de las lesiones que sufren.
“No solo van a tener heridas en el cuerpo, también heridas emocionales”
De manera breve, Margarita, madre de Juan y José Armando Armando, suegra de Rocío y abuela de los menores de edad, pasó al estrado y pidió justicia al juez.
“Estoy aquí por un accidente, quiero que le den más años. El dolor que le causó a la familia, me quitó a mi hijo, a mi nuera, quiero que haga justicia”, expresó mirando a los ojos al juzgador.
Tras escuchar esto, el juez interrumpió la audiencia y le preguntó al fiscal si los otros dos familiares que faltaban por declarar iban a repetir los mismos testimonios que ya habían presentado, pues consideraba que los revictimizaba.
Por esta razón, la Fiscalía se desestimó de los otros testimonios, sin que pasaran a hablar las hermanas de Juan y de José Armando, y manifestó sus alegatos finales.
“Solicitamos la pena máxima, se vieron sesgados dos vidas y lesiones en tres menores, hoy uno ya es mayor de edad. Escuchó las lesiones emocionales y físicas. La hoy condenada decidió conducir el vehículo y ocasionar la muerte de dos personas, los menores no sólo van a tener heridas en el cuerpo, también heridas emocionales”, sostuvo el agente del Ministerio Público.
La Fiscalía requirió la pena de 22 años y 6 meses, la cual desglosó con 12 años por el delito de homicidio de Rocío y de Juan, siete años y 6 meses por las lesiones por culpa de los tres menores y tres años por el delito contra la seguridad de tránsito vehicular.
La suma de las penas equivalen a 147 mil 254 pesos de multa.
Para la reparación del daño, el agente del Ministerio Público solicitó una indemnización por los daños materiales y emocionales de 448 mil 100 pesos por cada finado, dando un total de 896 mil 200 pesos.
Mientras que para Margarita, la abuela de los menores, pidió el pago equivalente a dos meses por los gastos funerarios de 5 mil 375.20 pesos y 70 mil 727 pesos, equivalente a las sesiones de terapia psicológica a favor de los menores.
Además del pago de 32 mil 402 pesos para el pago de la factura de la funeraria Martínez, 3 mil 500 pesos del pago de arrastre del vehículo donde viajaba la familia, 10 mil 945 pesos del servicio de inmigración y 4 mil 583 pesos de la caja de la fosa del Panteón Municipal Número 4.
También el pago de 18 mil pesos de los gastos de la sepultura de Rocío y Juan, así como pagos de 75 mil, 9 mil 397, 12 mil 330 y 4 mil 176 pesos por los gastos de los hospitales donde los menores fueron atendidos por las quemaduras en su cuerpo.
Dando un total de 1 millón 156 mil 846.15 pesos para que les sean entregados a la abuela de los menores para solventar los gastos que ella y su familia hicieron, tras el accidente.
Por su parte, la defensa intentó desacreditar los montos y los años que la Fiscalía solicitó, incluso comparó el accidente y las quemaduras de los menores, con el trágico accidente del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, donde 49 niños perdieron la vida.
“Exponiendo el tema de los 49 niños quemados en la guardería, ahí se comprobó que no fue homicidio doloso, sino que se determinó una comisión culposa, una similitud con este caso”, expresó.
La abogada Marcela Sandez Tello dijo que las condiciones del hecho también favorecen a Nailea, pues el día del accidente, la calle donde ocurrió el choque, no estaba iluminada “lo cual beneficia a la acusada”. La litigante pidió al juez la pena mínima para Nailea.
Tras dos horas de audiencia, el juez de control indicó a los presentes que tenía “bastante” que pensar, por lo que difirió la audiencia para analizar el caso.
Será mañana viernes 29 de mayo, cuando el juez de control determine si Nailea Salas Fernández deberá cumplir los 22 años en prisión y pagar la multa de más de un millón de pesos o se le impondrá otro tipo de sanción.
