Mexicali.- A casi cinco años de los robos de urnas, boletas y paquetes electorales en Mexicali, durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, siete imputados por estos delitos, quienes utilizaron armas y palos para amenazar a ciudadanos y funcionarios de casilla, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) para evitar ir a prisión y pagar una reparación económica de 3 mil pesos.
PUNTO NORTE fue el único medio de comunicación presente en la audiencia intermedia que la jueza Mirna Guadalupe Ramos Pacheco celebró en el Centro de Justicia de Mexicali, hace una semana, el martes 26 de mayo.
Ahí, Jesús Alejandro, Juan Manuel, Fernando, Cristian Eduardo, Juan Carlos, Jesús y Francisco Xavier aceptaron el procedimiento abreviado que la FGE les ofreció tras casi cinco años de proceso penal.
Esto a pesar de que en la carpeta de investigación en su contra quedó constancia que el grupo llegó hasta una casilla y usando armas y objetos palos intimidaron a las personas que se encontraban haciendo fila para votar y a los funcionarios de casilla.
Además de empujarlos, amedrentarlos con palos y apuntándoles con las armas mientras pateaban las urnas, las rompían y las tiraban, logrando robar tres urnas y dos bloques de boletas electorales.
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De esta manera, las partes aceptaron suspender condicionalmente el proceso penal seguido por delitos electorales y ultrajes, con el compromiso de que los imputados no se acerquen a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) ni del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), así como a su personal, por un periodo de seis meses.
Además, como parte del acuerdo con la Fiscalía, encabezada por la fiscal general María Elena Andrade Ramírez, cada uno deberá cubrir la cantidad de 3 mil pesos al IEEBC en tres parcialidades mensuales.
De cumplirse las condiciones impuestas durante seis meses, la acción penal quedará extinguida y se decretará el sobreseimiento de la causa penal, lo cual significa que no se les fijará una sentencia firme y, por lo tanto, no contarán con antecedentes delictivos.
Apuntaron con armas y amenazaron con palos a funcionarios de casilla y ciudadanos
Este caso se remonta a la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2021, en la cual se renovaron tanto la gubernatura como alcaldías y diputaciones tanto locales como federales.
Sin embargo, fueron elecciones que quedaron marcadas como las más violentas en la historia reciente de Baja California, pues además de los robos de material electoral en Mexicali, en Tijuana fueron colocados restos humanos sobre las mesas de las casillas para votar y fueron incendiadas urnas.
En la capital del estado, la mayor parte de estos sucesos se dieron en casillas ubicadas en los Distritos 4 y 5, localizados al sur y poniente de Mexicali, hasta donde llegaron estas personas para amedrentar a los ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de casilla y robar el material electoral, un atentado directo contra la democracia del país.
Un grupo estaba conformado por los imputados en la audiencia que PUNTO NORTE cubrió: Jesús Alejandro, Juan Manuel, Fernando, Cristian Eduardo, Juan Carlos, Jesús y Francisco Xavier, así como Carmen Guadalupe y Ricardo, quienes también vinculados a proceso, pero que no se presentaron a la audiencia.
En 2021, la FGE dio a conocer que este grupo de personas utilizó una camioneta GMC Yukon XL gris con placas de circulación de California, un automóvil Infiniti negro con placas de circulación de California, un Ford Focus blanco y un Nissan Maxima negro, para llegar hasta el campo Álvaro Escamilla, ubicado en la avenida Oaxaca y calle Cócorit del fraccionamiento Misión San Diego.
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Ahí, se encontraban instaladas la casilla 522 básica y las casillas contiguas del distrito 4.
“Los imputados usando armas y objetos peligrosos como palos comienzan a intimidar a las personas que se encontraban haciendo fila y a los funcionarios de casilla empujándolos y amedrentándolos con los palos y apuntándole con las armas al mismo tiempo que comienzan a patear las urnas romperlas y tirarlas para lograr apoderarse de tres urnas y dos bloques de boletas electorales para después salir del lugar”, informó en su momento la FGE sobre estos hechos.
Tras la jornada electoral de 2021, en Mexicali se detuvieron a 42 personas relacionadas con delitos o incidentes electorales y se iniciaron las carpetas de investigación para estos hechos.
En aquel entonces, la FGE presumió que 40 detenidos fueron imputados de los delitos de robo con violencia calificado por cometerse por dos o más personas, ultrajes y pandillerismo, así como delitos en materia electoral que participaron en los hechos violentos en la jornada electoral.
En los 40 casos, los detenidos permanecieron en prisión preventiva como medida cautelar.
Casi cinco años después, al menos nueve de ellos gozan de su libertad, como se pudo constatar en la audiencia.
Jueza acepta acuerdo porque delitos no sumaban más de 5 años en prisión
La audiencia de Jesús Alejandro, Juan Manuel, Fernando, Cristian Eduardo, Juan Carlos, Jesús y Francisco Xavier estaba programada para iniciar a las 11:00 horas del martes 26 de mayo, pero comenzó hasta las 12:29 horas, dado que los imputados no contaban con defensa legal y se hizo el llamado a la defensoría pública, acudiendo la abogada Gabriela Cota González.
Por parte de la parte ofendida, se encontraban representantes legales del INE y del IEEBC.
Fue ahí cuando se propuso una salida alterna como suspensión condicional del proceso, la cual consistía en que, durante un periodo de seis meses, no se acercaran a las instalaciones del IEEBC ni del INE, ni a su personal.
Además, se les impuso una reparación genérica hacia el IEEBC por la cantidad de 3 mil pesos a cada uno, los cuales quedaron de pagarse en tres parcialidades de mil pesos, los días 15 de los meses de junio, julio y agosto.
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Ese recurso se tendría que depositar ante la Caja Auxiliar del Tribunal del Poder Judicial del Estado para de ahí ser transferidas a las organismos electorales.
Ante estas medidas, tanto los imputados como los representantes de las autoridades electorales aceptaron el acuerdo.
Por su parte, la jueza Mirna Guadalupe Ramos Pacheco indicó que la medida alterna que tanto la Fiscalía como los imputados acordaron se admitía, declarando que era viable ya que, por los dos delitos imputados, la pena en prisión en suma no excedía los cinco años.
De igual manera, la juzgadora manifestó que se comprobaba que los imputados no habían celebrado anteriormente un acuerdo para una salida por esta vía, además de que no se había dictado el auto de apertura de juicio oral.
Con esto, la jueza comentó que se suspendían las medidas cautelares de los imputados, que consistían en una firma cada 15 días, y que se les daría seguimiento por el periodo señalado.
A pesar de que al momento de su vinculación a proceso, a los siete imputados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, en una revisión realizada por PUNTO NORTE, se pudo conocer que tanto en febrero y octubre de 2022 como en mayo de 2024, se celebraron tres audiencias para la revisión, sustitución o modificación de medidas cautelares.
Ahora, si los siete imputados cumplen con las condiciones acordadas, se extinguirá la acción penal y se dará el sobreseimiento de los delitos.
Antes de culminar con la audiencia, la Fiscalía indicó que dos de los imputados que fueron notificados sobre la audiencia no acudieron ni presentaron justificación para su ausencia.
Por ello, es que se solicitó que se girara orden de aprehensión contra las dos personas, de nombre Carmen Guadalupe y Ricardo.
Tras esto, se declaró que la audiencia se cambiaría a privada, para los actos subsecuentes, por lo que no habrá presencia de los medios de comunicación para cubrir lo que ahí se desahogue.
