Mexicali.- Maestros integrantes del Frente Estatal Magisterial por las Jubilaciones, afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se manifestaron en las oficinas de Issstecali para denunciar irregularidades en los proceso de jubilaciones, incluyendo que no se respeta el orden de la lista de prelación.
La protesta tuvo lugar hoy lunes 15 de junio y derivó en una reunión encabezada por Noel Maya Montemayor, subdirector general de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (IIssstecali).
Ahí, los trabajadores de la educación expusieron su inconformidad por la forma en que se están autorizando las jubilaciones.
De acuerdo con el coordinador del Frente Estatal Magisterial por las Jubilaciones, Rigoberto Castillo, la principal queja es que trabajadores que ya iniciaron su proceso de jubilación tienen hasta cuatro años en espera de que les sean concedida, mientras que otras personas que se registraron después de ellos, ya recibieron su jubilación.
“Una sentida queja de parte de los afectados, de los profesores, que están en un orden sucesivo y de alguna manera, se los ha estado brincando 20 o 30 lugares. Las maestras están impugnando el derecho que tienen a la jubilación”, manifestó.
De igual manera, Rigoberto Castillo señaló que “hay compañeros que cumplieron con todos los requisitos desde hace años y siguen trabajando”.
El líder del grupo aseguró que las respuestas que reciben por parte del Instituto no les permiten entender con claridad cuáles son los criterios que se están aplicando para jubilar a algunos antes que a otros.
Los manifestantes señalaron que la lista de prelación fue creada originalmente como una medida administrativa ante la falta de recursos para jubilar de manera inmediata a todos los trabajadores que cumplen con los requisitos legales.
Sin embargo, consideran que incluso dentro de ese esquema el orden establecido debe respetarse.
Durante la reunión, los docentes reclamaron que una parte importante de las jubilaciones autorizadas corresponde a trabajadores que obtuvieron dictámenes de invalidez permanente debido a alguna complicación de salud.
Sin embargo, hay docentes que han sufrido enfermedades y lesiones durante los años en los que han esperado que llegue su turno en la lista de prelación.
Asimismo, Rigoberto Castillo destacó que la inconformidad no está dirigida contra las personas que cuentan con un dictamen de invalidez, sino contra el mecanismo que permite modificar el orden de prelación mediante acuerdos internos.
Por su parte, autoridades de Issstecali rechazaron que exista favoritismo en la asignación de jubilaciones.
El subdirector general de Prestaciones Económicas y Sociales del Isestecali, NOel Maya Sotomayor explicó que se autoriza un promedio de 58 pensiones al mes, distribuidas entre jubilaciones por prelación, casos de invalidez y pensiones derivadas del fallecimiento de trabajadores activos.
El funcionario estatal detalló que la prioridad otorgada a los casos de invalidez no corresponde a decisiones discrecionales de la actual administración, sino a acuerdos previamente aprobados por la Junta Directiva del Issstecali.
Además, Maya Sotomayor sostuvo que los trabajadores con invalidez también forman parte de la lista de prelación y que los dictámenes son emitidos por especialistas en salud ocupacional bajo procedimientos médicos y legales establecidos.
Durante la reunión, personal médico de Issstecali explicó que la determinación de una invalidez definitiva requiere evaluaciones clínicas, estudios especializados y la participación de peritos en medicina del trabajo.
Además, se subrayó que los expedientes médicos son confidenciales y están protegidos por la ley, por lo que no pueden ser exhibidos públicamente para justificar casos individuales.
Al término de la reunión, Rigoberto Castillo informó que los manifestantes entregaron dos oficios a Noel Maya: uno dirigido al director general de Issstecali y otro a la Junta Directiva del Instituto.
Esto para solicitar una revisión de los acuerdos vigentes que permiten priorizar casos de invalidez, así como exigir mayor transparencia en los procesos de jubilación y que se analice la posibilidad de respetar estrictamente el orden de prelación sin considerar otros factores.
“El objetivo es sentar un precedente. Los maestros conocemos nuestros derechos y no vamos a quedarnos de brazos cruzados cuando consideramos que están siendo vulnerados”, afirmó Castillo.
