Mexicali.- El proceso penal contra uno de los directivos y dueño de Next Energy sufrió un nuevo retraso ayer martes 16 de junio, luego de que la audiencia intermedia que se celebraría por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades tuviera que ser suspendida ante la ausencia tanto del imputado como de su defensa.
La cita estaba programada a las 10:00 horas en la Sala Dos del Centro de Justicia de Baja California, ubicado sobre el Río Nuevo en Mexicali, en contra de Héctor, quien, de acuerdo a su perfil público se desempeña como director general de la empresa Next Energy.
A la audiencia arribaron tanto la representación jurídica del Gobierno de Baja California como de la Fiscalía General del Estado, acompañados de varias cajas con expedientes que tuvieron que ser ingresadas a la Sala en carretillas de mano.
Sin embargo, tras casi una hora de espera, la diligencia no pudo llevarse a cabo debido a que ni el imputado ni su defensa se hicieron presentes, por lo que el juez a cargo decidió diferir la sesión para julio.
Este caso forma parte de las actuaciones legales que realiza el Gobierno del Estado y la Fiscalía contra el contrato firmado con Next Energy y Banca Afirme, en el año 2021, para construir una planta fotovoltaica en Mexicali, durante el gobierno estatal a cargo de Jaime Bonilla Valdez.
Esta obra no contaba con permisos federales, lo que llevó a la cancelación del contrato en 2022 y al inicio de una serie de denuncias penales contra los personajes involucrados.
Además, se formalizó un fideicomiso de 123 millones de pesos que, sumando los intereses, el cual generó un total de 172 millones de pesos, que tras años de litigios, fueron devueltos en julio de 2025 al gobierno estatal.
Por esto último, Nabor y David Alejandro, directivos de Banca Afirme, se encuentran vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades cometido por particulares
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En una de las audiencias más recientes por este caso, celebrada el viernes 12 de junio, la defensa de ambos directivos bancarios solicitó suspender el proceso debido a que se encuentran privados de la libertad en Aguascalientes, por un caso de fraude en aquella entidad y el cual también está relacionado con un contrato que el gobierno estatal celebró con la empresa Next Energy.
Sin embargo, la jueza negó la petición de la suspensión del proceso penal.
En cuanto a Héctor, dueño de la empresa, fue vinculado a proceso en 2025 y ha recurrido en varias ocasiones a prórrogas y otras peticiones que han impedido que se le presente formal acusación.
