Tijuana.- Con la justificación de acordar un procedimiento abreviado con la Fiscalía General del Estado (FGE) para evitar ir a juicio oral, el abogado defensor de la mujer que en estado de ebriedad atropelló y acabó con la vida de la niña Silvia Aurora y su abuelita, solicitó a una jueza de control diferir la audiencia intermedia.
Se trata del cuarto cambio de defensa legal que representa a Carla Alejandra, quien desde que ocurrieron los hechos, en agosto de 2025, se encuentra en prisión preventiva al haber sido vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo.
En múltiples ocasiones desde entonces, la mujer ha buscado su libertad por medio de audiencias que han solicitado los abogados que ha contratado.
PUNTO NORTE fue el único medio de comunicación presente en la audiencia intermedia que se celebró, ayer lunes 29 de junio, en el que la FGE presentaría su escrito de acusación formal en contra de la mujer para pasar a la siguiente etapa del proceso penal.
En esta segunda fase, la defensa y el agente del Ministerio Público presentan ante el juez o la jueza de control todas las pruebas recabadas en la etapa de investigación para que sean desahogadas en el juicio oral.
Sin embargo, tras haber tomado protesta ese mismo día, el abogado Adolfo Santiago Azcárraga, solicitó a la jueza el diferimiento de la audiencia, pues no estaba impuesto a la carpeta de investigación y dijo que tenía que revisar un recurso de amparo promovido por otro abogado.
Antes de ingresar a la sala, la familia de las víctimas protestó frente a los juzgados penales, señalando diversos errores por parte de la FGE en el escrito de acusación.
Por ejemplo, que no se integró la prueba de alcoholimia, que determina el grado de alcohol que la mujer llevaba cuando atropelló y acabó la vida de la menor y su abuelita, pero lo cual se logró subsanar por medio de su asesor jurídico.
Alejandra López, mamá de Silvia Aurora, quien junto a su hijo de ocho años también fue atropellada en el mismo hecho donde su hija y suegra fallecieron, ha encabezado una serie de protestas para exigir justicia por los hechos ocurridos el 12 de agosto de 2025.
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Desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) La Mesa, Carla Alejandra fue enlazada por medio de una computadora a la videoconferencia para llevar a cabo el seguimiento de la audiencia.
A diferencia de otras ocasiones, la joven aprovechaba las pausas de la audiencia para platicar con las oficiales procesales que se encontraban acompañándola. Vestía el típico uniforme penitenciario, de color naranja, y llevaba el cabello suelto.
Como parte de los argumentos para solicitar el diferimiento de la audiencia, la defensa detalló que dentro de la carpeta de investigación se encontraban dos testimoniales incompletas.
Por ello, el abogado privado pidió cotejar cada una de las pruebas junto al agente del Ministerio Público.
Pero también, el litigante manifestó que buscaba “el acercamiento con la Fiscalía para llegar a la terminación anticipada del proceso penal o bien, un procedimiento abreviado y ofrecer una pena mínima”.
En ese sentido, el agente del Ministerio Público explicó que no tenía ninguna oposición por los demás requerimientos que había solicitado la defensa.
Sin embargo, sobre “la salida alternativa” señaló que no tenía ningún conocimiento de un ofrecimiento por parte de la Fiscalía.
Antes de que la jueza Estefany Moreno pudiera dar su resolución sobre la petición de la defensa, Alejandra López, madre de la niña Silvia Aurora, pidió que el abogado defensor se presentara de nuevo y dijera su nombre en voz alta.
Mostrando un documento en la pantalla, Alejandra le hizo saber a la jueza que no entendía por qué el abogado Adolfo Santiago Azcárraga no estaba impuesto a la carpeta de investigación, pues hace meses ella y su familia habían sido notificados del nombramiento del defensor, junto con otros cinco abogados.
Por tal motivo, la juzgadora decidió dar un receso de 20 minutos para que los familiares pudieran hablar con su asesor jurídico.
Al regresar ante la jueza, el asesor jurídico tomó la palabra y señaló que, entre las múltiples veces en que Carla Alejandra ha cambiado de defensor, existe un escrito con fecha del 28 de abril de 2026, en el cual se nombró como abogado a Adolfo Santiago Azcárraga, mismo que aceptó y protestó el cargo desde entonces.
Sin embargo, un mes después de ello, el 27 de mayo de 2026, la imputada presentó otro escrito donde nombró a otros tres litigantes como sus defensores.
Luego, una semana después nombró a otros abogados y, finalmente, el 15 de junio, se dan por enterados que éstos renunciaron.
Lo que significaba que había una confusión por parte de la Administración del Poder Judicial del Estado, pues no se llevó a cabo la renuncia formal ni la revocación del cargo a ninguno de los abogados anteriores que estuvieron representando a Carla Alejandra.
Tras escuchar por varios minutos la explicación del asesor, la jueza Estefany Moreno detalló que, a pesar de ello, se trataba de la primera vez que compareció el abogado y, por tal motivo, necesitaba estar impuesto a la carpeta.
Además, la jueza aceptó las peticiones que fueron presentadas por la defensa, entre ellas se encontraba la solicitud para realizar las gestiones con la FGE para buscar un procedimiento abreviado.
“La defensa realizará las gestiones para acogerse a una abreviación anticipada, la Fiscalía no tiene la autorización de su superior y en caso de ser aceptada, Carla tendría que aceptarse como culpable con una pena anticipada, pero deberá hacer la gestión”, refirió la jueza Estefany Moreno.
Luego detalló “no estoy violentando ningún derecho, puesto que el abogado no está impuesto a la carpeta, fue un error de administración porque no se había revocado el cargo del defensor”.
Y, antes de hacer una pausa, para designar una nueva fecha de audiencia, el padre de la niña Silvia Aurora e hijo de Silvia, solicitó que así como se protegían los derechos de la imputada también se hicieran valer los suyos, al exigir “una justicia pronta y expedita”.
Por tal motivo y tras dos pausas breves para buscar disponibilidad en la agenda del tribunal, la jueza Estefany Moreno confirmó que será hasta la siguiente semana cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia.
Además, apercibió a Carla al señalarle que “la audiencia la vamos a llevar, porque la vamos a llevar”, pues en caso de que haga del conocimiento alguna renuncia o cambio de abogado, se le asignaría uno de oficio.
“Carla, se le apercibe con referencia a sus diversos nombramientos y renuncias. En caso de que quiera dilatar el procedimiento la apercibo, si me llega con un diverso defensor, vamos a desplegar esa audiencia con una defensoría pública”, sostuvo.
De igual manera, hizo un apercibimiento al defensor de que en caso de que buscara renunciar, debía hacerlo 48 horas antes de que se llevará a cabo la audiencia de lo contrario tendría que pagar una multa de 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAS).
Mientras que al agente del Ministerio Público le impuso una multa de 10 UMAS en caso de no entregar una contestación al tribunal y a la defensa antes del jueves 2 de julio, sobre si la Fiscalía acepta llegar a un procedimiento abreviado.
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Ésta es la séptima audiencia que se celebra dentro de este proceso penal, pues en múltiples ocasiones, la detenida ha intentado obtener su libertad, ya sea mediante el cambio de medida cautelar o la suspensión del proceso, peticiones que sus abogados han hecho ante diversos jueces durante casi un año.
En entrevista con PUNTO NORTE, la madre de la pequeña Silvia, Alejandra López, detalló que en una de las ocasiones, un abogado de la vinculada a proceso le ofreció 800 mil pesos para que la familia retirara los cargos.
“Tú como víctima aceptas el dinero y todo se borra, la imputada sin antecedentes penales y es lo que no sabemos a veces como víctima, es la mediación. En este caso, sigue el juicio oral y es el punto al que queremos llegar”, indicó.
Por el momento, la familia tiene conocimiento que hay un recurso de amparo interpuesto por un diverso defensor ante el Juzgado Décimo Primero en Tijuana, para que no se remita al Tribunal de Enjuiciamiento el acto de apertura a juicio oral.
Es decir, una vez que se lleve a cabo la audiencia intermedia y no se llegue a ningún acuerdo entre las partes involucradas, Carla podrá permanecer en prisión sin ser presentada en la última fase de su proceso penal.
Según la familia, esto puede llevar a que el proceso de la mujer que atropelló y acabó la vida de la niña Silvia Aurora y su abuelita Silvia, se prolongue y ella busque su libertad, tras cumplir dos años en prisión preventiva, tiempo límite que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.
