Tijuana.- Alrededor de cien personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron la tarde del viernes 3 de julio frente a la Casa de los Saberes Jurídicos, sobre Paseo de los Héroes, para exigir al Poder Judicial que dé trámite a los amparos promovidos contra la reforma al Artículo 127 constitucional, la cual, aseguran, de forma retroactiva redujo entre un 30 y un 70 por ciento los montos de sus pensiones.
La protesta se llevó a cabo minutos antes del inicio de la mesa de “Diálogos por la Justicia Abierta”, encabezada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Irving Espinosa Betanzos, así como representantes del Poder Judicial federal y estatal.
Los manifestantes acudieron con la expectativa de entregar sus demandas directamente al ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, pero él no acudió al evento.
“Venimos prácticamente a solicitar el acceso a la justicia, porque muchos de nosotros ya metimos amparos contra esta ley que nos está afectando, básicamente por el recorte de nuestras pensiones”, explicó Dulce Félix Saguchi, integrante de la Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio.
La reforma al artículo 127 de la Constitución fue propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y enviada al Congreso de la Unión como una iniciativa del en marzo pasado, fue aprobada en menos de un mes por las dos Cámaras, en abril entró en vigor.
Con ello, se estableció que los montos de las jubilaciones y pensiones del personal de confianza de organismos públicos, empresas del Estado y otros entes federales no pueden ser mayores a la mitad del sueldo de la Presidenta de la República.
Según declaraciones de Sheinbaum Pardo, con esa medida se busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de altos mandos para generar ahorros públicos.
Pero los jubilados afectados argumentan que la reforma se está aplicando a pensiones ya otorgadas, lo que consideran una aplicación retroactiva, vulnerando derechos adquiridos y convenios de jubilación bajo los cuales se retiraron, y planearon su vida.
Y esta situación ha dado origen a amparos contra dicha reforma, y a movilizaciones de jubilados de organismos como la CFE.
En entrevista con PUNTO NORTE, la ingeniera mecánica eléctrica jubilada señaló que, además de buscar que se revierta la aplicación retroactiva de la reforma, exigen que el Poder Judicial atienda los recursos que, aseguró, permanecen sin avances.
“Muchas de las demandas no tienen ni siquiera expediente, no nos han contestado y hoy venimos a hacer presencia para que nos puedan atender”, afirmó.
De acuerdo con la representante del grupo, los trabajadores afectados son empleados de confianza de la CFE que laboraron durante 25 años o más, y cuya pensión fue reducida tras la entrada en vigor de la reforma.
“Fuimos afectados porque se redujeron nuestros salarios entre un 30 y un 60 por ciento”, indicó.
Aunque reconoció que recientemente el Gobierno Federal realizó ajustes a los topes salariales, sostuvo que continúa la incertidumbre jurídica sobre el respeto a los convenios de jubilación.
“Estamos aquí hasta que se cumpla eso. Con el Poder Judicial queremos que atienda realmente nuestros amparos, y que se aplique ese eslogan de ‘justicia real y verdadera para todos los ciudadanos’”, expresó.
Entre los manifestantes estuvo Alonso Abril, de 80 años de edad, quien trabajó 34 años en la CFE, donde se desempeñó como subgerente de distribución.
El jubilado aseguró que la disminución de su pensión ha tenido consecuencias directas en la atención médica de su esposa, quien padece cáncer.
“Mi esposa está enferma de cáncer, y teníamos un seguro de gastos médicos mayores que, ahorita, a la edad de nosotros, se incrementó muchísimo y ya no fue posible pagarlo”, relató a este medio.
Alonso afirmó que desde mayo comenzó a recibir una pensión 70 por ciento menor.
“Ya tienes una vida hecha, ya una pensión que tienes distribuida. Realmente nos ha afectado mucho, porque tiene uno compromisos de (pagos de) vivienda y de otras cosas”, dijo.
Durante la manifestación, personal de la Suprema Corte encabezados por la directora general de Atención y Participación Ciudadana, Karina López Regalado, se acercaron con los inconformes e intercambiaron algunas palabras, acordando una reunión posterior para escuchar sus demandas.
Al respecto, López Regalado informó que la Defensoría Pública Federal revisará los expedientes de los inconformes para determinar si existe alguna vulneración a sus derechos.
“Nos sentamos, dialogamos y la Defensoría Pública Federal estará colaborando para revisar los expedientes y ver si alguna situación de derecho ha sido vulnerada o violentada”, explicó.
La funcionaria precisó que en este asunto hay cuestiones que son competencia del Poder Judicial, y otras dependen de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, aseguró que dará seguimiento a los asuntos que sean en el marco de sus atribuciones.
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Al finalizar el diálogo con la directora general de Atención y Participación Ciudadana de la Suprema Corte, los integrantes de la Alianza dijeron confiar en que se llevará a cabo el encuentro, y que serán atendidos, pero advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una respuesta a sus demandas.
“Vamos a seguir protestando y vamos a seguir haciéndonos visibles hasta que tengamos hechos concretos en cuanto a la atención de nuestros amparos”, afirmó.
