Mexicali.- Una denuncia penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como coalición de servidores públicos fue presentada contra el diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la denuncia interpuesta, a la que PUNTO NORTE tuvo acceso, el abogado Christian Deschamps Luna explica que el cinco veces diputado -tres de ellas de manera consecutiva como abanderado de Morena- cuenta con escoltas pagados con el erario público, sin justificación alguna.
“Cuenta con escoltas desde el año 2009, antes de ser diputado local por primera vez. Actualmente cuenta con tres escoltas. Uno asignado por la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Mexicali, Baja California, y dos elementos pertenecientes a la Agencia de Investigación de la Fiscalía General del Estado”.
La denuncia fue interpuesta el jueves 25 de junio y ratificada ayer 7 de julio, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El denunciante, Deschamps Luna, ya había anunciado, desde el 18 de junio, una serie de acciones legales, entre demandas y denuncias penales, en contra del coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Baja California.
Esto, a raíz de que Juan Manuel Molina realizó una serie de declaraciones a medios de comunicación, en el recinto legislativo, en contra del abogado Deschamps Luna, como parte del conflicto que existe en el Comité de Vecinos del fraccionamiento Villa Mediterránea, donde habita el legislador.
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En la denuncia presentada se documenta que, en múltiples ocasiones, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se ha negado a responder a medios de comunicación sobre el motivo o razón por la que cuenta con tres escoltas.
Esto, indica el denunciante, demuestra que el diputado se ha negado a transparentar el por qué cuenta con elementos de seguridad a su servicio, los cuales son pagados con el erario público.
Señala además que dado a que su labor es meramente legislativa, no implica riesgo alguno y la permanencia de este esquema de protección genera preocupación respecto de la existencia de determinaciones administrativas que permitan “sostener durante años la utilización de recursos humanos, materiales y presupuestales pertenecientes al Estado para la protección personal de un legislador local”.
Dentro de la propia exposición de motivos de la denuncia, se señala que se desconoce la existencia de dictámenes de riesgo, evaluaciones de amenazas, estudios de vulnerabilidad, resoluciones administrativas o cualquier otro documento que permita comprender por qué un diputado local requiere la protección permanente de tres elementos de seguridad pública.
Se menciona también que si de las documentales se demuestra que no existe necesidad real o un riesgo acreditado para asignarle, se estaría ante un posible esquema de utilización indebida de recursos públicos en beneficio personal de un servidor público.
De igual manera, se refiere una violación del artículo 34 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que establece que “el armamento y municiones correspondientes a una licencia oficial colectiva solo pueden emplearse en funciones de carácter oficial y de seguridad pública. Queda prohibido su uso en actividades de carácter privado tales como seguridad a particulares, seguridad a los bienes y seguridad en el traslado de bienes o valores.”
En ese sentido, dice la denuncia, la protección de un diputado no es una función de seguridad pública general ni de investigación de delitos, sino un servicio de naturaleza privada expresamente prohibido por la ley federal.
“Esto introduce una dimensión de legalidad federal que refuerza la gravedad de la conducta y la necesidad de una investigación exhaustiva”, expone el denunciante.
También se hacen requerimientos específicos tanto a la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Ayuntamiento de Mexicali, el Congreso del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional.
No obstante, hay un requerimiento para todas las autoridades, para que informen de la existencia de estudios de riesgo emitidos respecto de Molina García, cuándo fueron realizados, qué autoridad los emitió, cuál fue su vigencia, si continúan vigentes y cuántas veces han sido actualizados.
En caso de no existir, solicita que dé constancia de esto, ya que la ausencia de dictámenes refuerza la tesis de que el armamento asignado a los escoltas está siendo utilizado en actividades prohibidas por la legislación federal.
Deschamps Luna solicita que se practique inspección ministerial sobre la documentación obtenida para determinar si existen actos administrativos que justifiquen estas asignaciones de personal.
Con esto, determinar la legalidad conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la duración de las comisiones, los recursos públicos involucrados y los servidores públicos que participaron en las autorizaciones.
Por último, solicita en la denuncia que, en caso de existir elementos suficientes, se remitan los antecedentes a la Secretaría de la Defensa Nacional para los efectos que en materia de licencias oficiales colectivas y control de armamento resulten procedentes conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
