Tijuana.- A casi un año de que perdieron la vida la pequeña Silvia Aurora, de apenas 5 años, así como su abuela, Silvia Yáñez, de 67 años, tras haber sido atropelladas por una mujer que conducía en estado de ebriedad, la responsable le pidió disculpas a la familia por los hechos, los cuales calificó como un accidente, pero presentó un amparo para impedir el inicio del juicio oral, en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) pediría una pena de 13 años de prisión en su contra.
Se trata de Carla Alejandra, de 21 años de edad, quien desde el 12 de agosto de 2025, permanece detenida tras ser vinculada a proceso por el delito de homicidio, lesiones, manejar vehículo de motor en estado de ebriedad y daños contra la seguridad pública.
PUNTO NORTE fue el único medio de comunicación presente en la audiencia intermedia, celebrada ayer martes 7 de julio, la cual se prolongó por más de cinco horas.
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Ahí, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó el escrito de acusación para avanzar a la siguiente etapa del proceso penal, solicitando una pena de 13 años, nueve meses y dos días de prisión, así como una multa de 33 mil 376 pesos y una reparación del daño que asciende a 553 mil 734 pesos.
El agente del Ministerio Público también reformuló la imputación al solicitar el cambio de los delitos de homicidio y lesiones por culpa, a dolo eventual.
El delito de dolo eventual fue modificado en el Código Penal de Baja California en mayo de este año, para que conductores en estado de ebriedad reciban penas más severas por daños en propiedad ajena, homicidio y lesiones.
La reforma legislativa en el Congreso del Estado fue impulsada por Alejandra y Juan Carlos López, padres de la pequeña Silvia Aurora, tras una serie de protestas que han encabezado para exigir justicia por los hechos.
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Antes de concluir la audiencia, la defensa privada de Carla Alejandra, hizo saber a la jueza de control, Estefany Moreno, que su representada quería hacer uso de la voz.
Carla, quien estaba esposada de los pies, llevaba el traje naranja característico penitenciario. Llevaba el cabello suelto, tenis blancos y estaba sentada a un costado de su abogado.
La jueza le preguntó a Carla si estaba segura en declarar y si previamente lo había consultado con su abogado. Ella contestó que sí.
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De manera breve, la mujer hizo uso de la voz y manifestó: “quería pedir disculpas a las personas que están aquí. Nunca fue mi intención. Fue un accidente, fue algo que no quería hacer”.
Después, rompió en llanto, para continuar.
“Yo también soy madre e hija y qué más quisiera no haber tenido que haber lamentado esto, les pido una disculpa… perdónenme”, refirió Carla.
Al escuchar las palabras de la joven, la madre de Silvia Aurora, solicitó hacer uso de la voz y se paró frente a Carla, su abogado, el asesor jurídico y el agente del Ministerio Público.
Entre lágrimas, Alejandra manifestó “dice que no fue su intención, pero ella salió borracha de un salón de fiestas, no se equivocó en tomar su carro”.
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Vestida con una playera blanca con la imagen de su hija y su suegra, la mujer detalló ante la jueza cómo se dieron los hechos, de qué lado de la calle iba caminando junto a su familia, cómo sostenía de la mano a sus hijos y también, cómo logró ver que la camioneta que manejaba Carla, las impactó.
“Ella venía de una pelea con su pareja, con su carro atropelló a mi familia. Yo volteé y vi a Carla que venía al volante… me avienta, perdí la noción por cuatro minutos, despierto y veo a mis niños tirados, pido auxilio, y vienen personas a querer sacarla a ella para llevársela. Mi niña estaba tirada, convulsionando”, indicó.
Juan Carlos, padre de la menor e hijo de Silvia, también solicitó hacer uso de la voz y manifestó que su familia no tenía nada contra Carla ni de su familia, sino contra la acción de haber tomado alcohol y decidir manejar en estado de ebriedad.
“Tú sabías que venías en ese estado. Mi madre, mi niña, es una ausencia que duele. No es contra ti, ni tu familia, es contra tu acción”, expresó, con la voz entrecortada y mirando fijamente a Carla.
Silvia, su abuelita, su mamá y su hermano iban a comprar fresas con crema el día del accidente
El agente del Ministerio Público comenzó su participación en la audiencia al leer cada uno de los puntos que se establecieron en el escrito de acusación, en los cuales se describen los hechos en donde Carla, en estado de ebriedad, les quitó la vida a Silvia, de 5 años y su abuelita, también de nombre Silvia, de 67 años.
Los hechos ocurrieron la tarde del martes 12 de agosto, cuando la niña Silvia, su abuelita, su madre y su hermano de 8 años, caminaban sobre la calle Catemaco, en la colonia Planicie, para ir a comprar fresas con crema.
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Ese día, tras tomar unos tragos y salir de un salón de eventos, Carla Alejandra se sentó detrás del volante de una camioneta Chevrolet Silverado blanca modelo 2004.
La mujer conducía en estado de ebriedad, lo que llevó a que perdiera el control del vehículo, invadiera el carril contrario y arrollara a la familia, para terminar chocando contra la pared de una casa.
Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica a la familia.
Sin embargo, debido a las lesiones que sufrió por la fuerza del impacto, Silvia, de 67 años, fue declarada sin vida.
Mientras que la pequeña Silvia Aurora fue trasladada a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde cinco días después murió a causa de un derrame cerebral.
Y Carla Alejandra, quien intentó escapar de la escena con ayuda de familiares que acudieron al accidente, fue detenida por agentes de la Policía Municipal y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En esta segunda fase, el agente del Ministerio Público, la defensa y el asesor jurídico de la familia, presentaron ante la jueza de control las pruebas recabadas en la etapa de investigación para someterlas a discusión de lo que se desahogaría en el juicio oral.
El agente del Ministerio Público indicó que dentro de las pruebas se estaba considerando la declaración del oficial de Tránsito de la Policía Municipal que atendió el reporte del accidente, así como testimonios de agentes de FGE que llevaron a cabo el procesamiento de la escena y del vehículo asegurado.
También ofreció las testimoniales de testigos que estuvieron en el lugar del accidente, paramédicos que atendieron a los lesionados, así como de los familiares de Silvia Aurora y su abuelita, Silvia.
Como pruebas periciales, la FGE dio lectura a las actas de investigación realizadas por peritos de tránsito, los certificados de necropsia realizadas por médicos legistas, el informe técnico terrestre, dictámenes en psicología de las partes ofendidas y un dictamen de evaluación médica al hermano de Silvia, quien también resultó lesionado en el accidente.
El agente del Ministerio Público también presentó imágenes y videos, los cuales fueron adjuntados en los dictámenes, actas de investigación y procesamiento.
Para la reparación del daño, la Fiscalía desglosó la cantidad de 553 mil 734 pesos, en pagos que recibirán los familiares para la atención psicológica. Los montos fueron determinados por medio de entrevistas con peritos psicólogos.
En el caso de los hijos de la señora Silvia, de 67 años, se determinó que William recibiría 73 mil 643 pesos; Felipe, 44 mil 948 pesos; Jesús, 87 mil 100 pesos y Juan Carlos, 87 mil 100 pesos.
Para Alejandra, madre de Silvia, se solicitó la cantidad de 87 mil 100 pesos, así como 95 mil 732 pesos por el concepto de terapias y 78 mil 705 pesos por las lesiones provocadas en su hijo de 8 años, hermanito de Silvia Aurora, quien también fue atropellado por Carla.
Mientras que para la pena, la Fiscalía ofertó 13 años, 9 meses y 2 días, junto a una multa de 33 mil 376 pesos, equivalente a 295 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
Para subsanar datos que no fueron ofertados por el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico de la familia solicitó integrar la prueba de alcoholimia, la cual determina el grado de alcohol que la mujer presentaba en su organismo cuando atropelló y acabó la vida de la menor y su abuela.
Así como el certificado de sanidad del menor de 8 años, hermano de Silvia, testimoniales, el certificado de pérdida de vida, un expediente clínico emitido por el subdirector del Hospital General de Tijuana y el certificado médico para la donación de órganos, expedido por un médico legista.
Como pruebas documentales, el asesor jurídico solicitó que se integrarán recibos de compra de medicamentos con diferentes valores, los cuales fueron entregados por la familia de las víctimas.
Además de las facturas por 62 mil pesos, 10 mil 890 pesos, 13 mil 900 pesos, 23 mil 755 pesos de los gastos funerarios, así como pagos de 500 y mil dólares por pagos honorarios de la asesoría legal.
La defensa, por su parte, no ofertó ninguna prueba pues señaló que su plazo había vencido y apenas había tomado el cargo.
A pesar de ello, se opuso a que se reclasificara el delito a dolo eventual y solicitó que no se integran los testimoniales de testigos que presenciaron los hechos, por resultar abundantes durante el desahogo de las pruebas.
Tampoco consideró necesario que se permitiera la lectura del certificado médico para la donación de órganos, ya que en el caso de la niña Silvia, fue donante, al considerarlo impertinente, ni los dictámenes en Psicología realizados a los familiares de las víctimas, pues aseguró que no guardan relación con los hechos.
“Ningún dictamen guarda relación con los hechos, no hay una afectación directa de ellos, no menciona la metodología, por lo que solicito, su señoría, que se excluya, por resultar impertinentes”, indicó.
El defensor también solicitó que no se integrara la prueba de alcoholimia, pues consideró que ésta fue extraída de forma irregular, violando los derechos de Carla, ya que ella manifestó que nunca estuvo de acuerdo en hacerse las pruebas que pudieran incriminarla.
En el caso de los recibos de compra en diferentes farmacias que fueron ofertados por el asesor jurídico, la defensa detalló que no existía una relación sobre sí ellos habían hecho las compras, pues no se encontraba el nombre de ninguna víctima en ellos.
A pesar de las manifestaciones, la jueza de control resolvió a favor de las pruebas que fueron presentadas tanto por el agente del Ministerio Público, así como del asesor jurídico, al considerarlas pertinentes.
En el caso de la prueba de alcoholimia, la juzgadora determinó que obraba una constancia de la lectura de derechos a Carla y que durante la intervención de las pruebas, estuvo acompañada por un defensor público, por lo tanto, sus derechos no fueron vulnerados.
Jueza da apertura a juicio oral, pero el juicio no se llevará a cabo
Una vez que todos los datos fueron aprobados para el desahogo de las pruebas en la etapa final del proceso penal, la jueza resaltó dos amparos promovidos por diversos defensores, uno de ellos se trata de una suspensión del proceso, que fue desechado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a cargo de la jueza de Distrito, América Yanet Ruiz Ríos.
Mientras que el otro, con número 55-2026 del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, a cargo del juez Francisco Caballero Green, para la suspensión del auto de apertura a juicio oral, permanecía vigente.
Por lo que la juzgadora, para que quedara grabado en audio y video, detalló que emitía su resolución para la apertura del juicio oral, pero que tal decisión no podía ser remitida al Tribunal de Enjuiciamiento para su transcripción y fecha de juicio.
Dentro de sus apreciaciones, destacó que una vez que el Juzgado Decimotercero resuelva la suspensión del auto de apertura, se podrá remitir dicha resolución al Tribunal, por lo cual las partes no serían notificadas del escrito final.
“Tendría que verificar el agilizar la suspensión definitiva, el día que el juez de distrito informe sobre la resolución. No se publicaría hasta que resuelva el juzgado, por lo tanto autorizó el auto de apertura, pero la transcripción no será publicada”, refirió.
Antes de ingresar a la sala de audiencia, la familia de las víctimas protestó frente a los juzgados penales, exigiendo justicia para que Carla Alejandra permaneciera en prisión.
Entre lágrimas, los familiares señalaron que tenían miedo a que el amparo que está en manos del juez Francisco Caballero Green, pudiera aplazar el juicio oral y que, Carla no enfrente una condena.
Por lo que después de escuchar a la juzgadora, la familia de Silvia Aurora, de 5 años y Silvia, de 67 años, comenzaron a llorar.
Desde que ocurrió el trágico accidente, se han celebrado siete audiencias dentro del proceso penal, donde en múltiples ocasiones, la detenida ha intentado obtener su libertad, ya sea mediante el cambio de medida cautelar o la suspensión del proceso.
Además, ha cambiado sus defensores privados, al menos cuatro veces.
Esta situación ha llevado, que los familiares de las víctimas protesten, en múltiples ocasiones durante casi un año, frente a los juzgados del Poder Judicial del Estado.
También han encabezado marchas pacíficas para exigir que la mujer sea llevada a juicio, pues aseguran que “el dolor” de haber perdido a Silvia y su abuelita, no podrá sanar, pero al menos buscan justicia.
