Ciudad de México.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, esquema conocido como huachicol fiscal.
Tras la reanudación de la audiencia inicial, y después de una sesión de más de 30 horas, la madrugada de hoy jueves 23 de julio, la jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Alejandra Ramírez de la Vega, ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el ex mandatario permanecerá recluido en el Centro de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano.
Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que aseguró haber presentado “datos de prueba contundentes” para obtener la vinculación de Ruffo Appel, así como de otras siete personas.
“En continuación de la audiencia inicial, toda vez que en días pasados la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, el juez otorgó la vinculación para las personas referidas, una vez que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los argumentos para que además se ratificara la prisión preventiva oficiosa”.
En el caso de Ernesto Ruffo y otras cuatro personas, la medida deberá cumplirse en el CEFERESO 1 Altiplano, otros dos de los imputados permanecerán en prisión preventiva domiciliaria, mientas que una más permanecerá en el en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Hace una semana, el pasado jueves 16 de julio Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, trasladado a la FGR en Tijuana y, después, a la Ciudad de México, donde fue presentado ante una jueza de control en el penal federal de Almoloya de Juárez.
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A través de un video difundido el mismo día de la detención, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó de manera detallada un complejo entramado de operaciones de la empresa Ingmar, de la cual es accionista Ruffo, para el contrabando de combustible y la evasión de impuestos, concluyendo que el ex gobernador habría operado una red de huachicol que generó ganancias superiores a los 4 mil 500 millones de pesos.
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De acuerdo con la FGR, este esquema de contrabando consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
La detención del político de 74 años de edad provocó diversas reacciones, entre ellas la movilización de decenas de personas, primero el viernes 17 de julio en Ensenada y luego el lunes 20 de julio en Tijuana, para exigir su liberación, al considerar que su detención y acusación responde a fines políticos.
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Una vez vinculado a proceso, Ernesto Ruffo Appel deberá enfrentar la etapa de investigación complementaria en reclusión, esperando el desahogo del caso en un plazo que pudiera ser de hasta seis meses durante el cual, tanto la FGR como la defensa, encabezada por el abogado Fernando Gómez-Mont deberán reunir y aportar sus pruebas.
Al concluir la investigación, la FGR podría formular la acusación formal para dar inicio a la etapa intermedia, en la cual un juez de control depurará las pruebas presentadas y dictará el auto de apertura a juicio.
Finalmente, en la etapa de juicio oral se desahogarán públicamente todos los testimonios y evidencias ante un Tribunal de Enjuiciamiento, el cual emitirá la sentencia definitiva para determinar si Ruffo y los demás imputados son absueltos o condenados.
