Mexicali.- Un grupo de familiares de al menos dos de los 21 detenidos en el operativo que resultó en la detención de Germán Eduardo, alias “El Mike de la Carranza”, denunciaron que las audiencias se han pospuesto en más de una ocasión debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no se presenta a ellas.
Hoy, martes 11 de agosto, un grupo de personas protestó a las afueras del Centro de Justicia, ubicado sobre el Río Nuevo, para exigir que la FGE acuda a las sesiones judiciales para que los procesos que enfrentan sus familiares puedan avanzar sin demoras.
En representación de las inconformes hablaron Claudia Ramírez y Claudia Maldonado, quienes omitieron ante medios de comunicación el nombre de sus familiares detenidos.
“Queremos audiencias completas. No quiero llegar a una audiencia y que no esté Fiscalía presente”, expresó Claudia Maldonado.
El caso se remonta a la noche del 9 de abril de 2026, cuando policías municipales acudieron a un domicilio de la colonia Venustiano Carranza, luego de recibir un reporte al número de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego durante una fiesta con música en vivo.
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Sin embargo, algunos de los asistentes agredieron a los policías, quienes lograron detener a algunos de los responsables, mientras que otros huyeron. Al pedir apoyo de otras corporaciones, el domicilio quedó sitiado, en espera de una orden de cateo, por lo que los asistentes no pudieron retirarse.
Entre ellos estaba Germán Eduardo, alias “El Mike de la Carranza”, identificado por las autoridades como integrante de “Los Rusos”, una célula criminal del Cártel de Sinaloa con presencia en Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.
Finalmente, el viernes 10 de abril, con una orden de cateo, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron a la vivienda, donde detuvieron a un total de 28 personas.
De esta cifra, 21 hombres fueron vinculados a proceso por los delitos de resistencia de particulares, agresiones contra elementos policiales y encubrimiento por favorecimiento, en su modalidad de ocultamiento, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.
En la audiencia de vinculación a proceso, el juez de control determinó la existencia de elementos suficientes para vincular a proceso a los 21 imputados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
A cuatro meses de dicho operativo realizado en un domicilio de la colonia Venustiano Carranza, al oriente de Mexicali, los familiares de algunos de los vinculados a proceso, quienes permanecen privados de la libertad, exigieron públicamente que se realicen audiencias.
Las familiares señalaron que, de acuerdo con lo que han observado durante el proceso, algunas audiencias han sido suspendidas y posteriormente se les ha asignado una nueva fecha, sin que se les informe con claridad cuáles son los motivos de las suspensiones o en qué etapa se encuentra actualmente el procedimiento.
“Nos dan otra fecha, volvemos a la audiencia y no se presenta Fiscalía”, señalaron durante su pronunciamiento.
Sobre la protesta, Claudia Ramírez consideró “no estamos haciendo ningún escándalo, lo único que queremos es que se lleve a cabo una audiencia completa”.
Las mujeres señalaron que han transcurrido aproximadamente cuatro meses desde el operativo y que continúan sin tener claridad sobre el desarrollo de las audiencias.
También expusieron que entre las personas privadas de la libertad hay adultos mayores y personas con distintos tratamientos médicos.
Por ejemplo, Claudia Maldonado mencionó específicamente el caso de su esposo, de 64 años, quien, de acuerdo con su testimonio, padece hipertensión, diabetes y tiene una lesión ocular.
“Hay gente enferma, gente mayor. Hay gente que tiene tratamiento aquí afuera”, señaló.
Las familiares afirmaron que, aunque algunos medicamentos pueden llegar al Centro de Reinserción Social donde permanecen recluidos los detenidos, consideran que la atención y el seguimiento de los tratamientos no son iguales a los que tenían cuando se encontraban en libertad.
Durante su encuentro con medios, las mujeres aseguraron que el día del operativo, había numerosas personas en el inmueble, incluidos menores de edad, mujeres y personas que, según su versión, se encontraban realizando actividades laborales.
Relataron que algunas mujeres fueron llevadas a las instalaciones policiales junto con los demás presentes, aunque posteriormente fueron dejadas en libertad debido a que se encontraban acompañadas de menores.
También mencionaron el caso de un supuesto plomero, quien según su testimonio, habría acudido al lugar para reparar una tubería y terminó detenido, así como el de músicos que se encontraban en el inmueble durante la reunión.
Estas afirmaciones corresponden al testimonio de las familiares y no fueron acompañadas durante el pronunciamiento de documentos que acrediten la situación jurídica particular de cada una de las personas mencionadas.
No obstante, las familiares insistieron en que su principal petición es que la Fiscalía y los responsables de la coordinación de las audiencias trabajen de manera conjunta para evitar nuevas suspensiones y permitir que los procesos avancen.
Las mujeres señalaron que esperan que la próxima audiencia les permita conocer con mayor claridad el estado de los procesos y reiteraron que continuarán solicitando que las autoridades les proporcionen información.
Mientras tanto, los 21 imputados permanecen sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el proceso continúa en etapa de investigación complementaria, conforme a la información proporcionada sobre la causa penal.
