Mexicali.- Alrededor de 60 mil madres autónomas de Baja California se registraron este año para recibir el apoyo económico de 2 mil 600 pesos bimestrales, por medio de la Tarjeta Violeta.
Se trata del programa de la Secretaría de Bienestar del Estado, implementado en la presente administración estatal, que entrega este incentivo económico a las madres de familia que no están casadas ni viven en concubinato con un hombre.
Durante su conferencia de prensa semanal, hoy miércoles 12 de agosto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda precisó que, desde el inicio de su gobierno, 100 mil mujeres se han registrado para recibir este beneficio.
Sin embargo, fue este año, cuando más de la mitad de la cifra global de los registros, casi 60 mil, se registraron.
La convocatoria para resultar beneficiaria de este programa se abrió recientemente, del 27 al 31 de julio.
Las filas para que las mujeres entregaron su documentación, en diferentes sedes de la entidad, iniciaron una noche antes de que se abrieran los registros, en medio de una intensa ola de calor.
En estos momentos, detalló la gobernadora, la Secretaría de Bienestar se encuentra “haciendo las revisiones de todos los registros” para determinar quiénes serán las mujeres que recibirán la tarjeta.
En ese sentido, Marina del Pilar afirmó que se priorizará a “mujeres que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad o con hijos con alguna discapacidad que vengan de algún tipo de situación de violencia y el contexto en general”.
Sobre el poder de convocatoria de este año, la titular del Poder Ejecutivo del Estado consideró que se trató de una cifra histórica.
“A todas las madres autónomas que acudieron, fueron kilómetros de fila que se hicieron para estos registros”, puntualizó la gobernadora.
Por medio de la Tarjeta Violeta, se otorga un apoyo bimestral de 2 mil 600 pesos a madres autónomas de entre 18 a 59 años, que no cuenten con pareja y tengan hijos menores de 21 años.
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En abril de 2025, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma presentada por la gobernadora para elevar este programa a un derecho constitucional.
