Mexicali.- Con los votos de los diputados de Morena y sus aliados, el Congreso de Baja California aprobó una reforma a la Ley Electoral del Estado con la que da marcha atrás a la prohibición para colocar y pintar propaganda electoral en la vía pública, la cual la misma bancada aprobó hace cinco años.
Con esto, se revierte una reforma aprobada por la XXIII Legislatura, en el año 2021, durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, cuando el Congreso también de mayoría morenista, decidió prohibir la pinta de bardas y otras modalidades de propaganda electoral.
En ese momento, el diputado Juan Molina García, al igual que lo hace hoy, también presidía la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Y fue quien presentó ante el Pleno el dictamen mediante el cual se aprobaron las restricciones que ahora él mismo propuso eliminar.
Fue así como hoy, jueves 27 de agosto, en su séptimo año consecutivo como diputado, el ex panista y hoy morenista presentó el dictamen 103 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
La reforma fue aprobada con 18 votos a favor y seis en contra de las diputaciones del Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con ello, se elimina la prohibición absoluta de colocar, fijar, proyectar, adherir o pintar propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares y pantallas electrónicas, entre otros espacios.
En el caso de bienes privados, señala el documento, los partidos, coaliciones y candidaturas deberán contar con autorización del propietario o poseedor, además de sujetarse a las disposiciones de Protección Civil, señalización y vialidad.
Asimismo, indica que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) conservará facultades para ordenar el retiro o suspensión inmediata de propaganda que incumpla con las disposiciones.
Luego de la presentación del dictamen en el Pleno, el presidente de la Mesa Directiva, Eligio Valencia López, preguntó si algún legislador deseaba argumentar en contra del dictamen, pero rápidamente dio por hecho que nadie lo haría.
Ante ello, las diputadas Daylín García Ruvalcaba y Yohana Hinojosa Gilvaja reclamaron que esta última había levantado la mano para intervenir, por lo que señalaron que se estaba limitando su derecho a hacer uso de la voz.
Tras una breve discusión, se concedió el turno a la petista, quien calificó la reforma como un “retroceso electoral” y cuestionó que el Congreso permita nuevamente una modalidad de propaganda que, sostuvo, termina convirtiéndose en “basura” después de las campañas.
“Volver a permitir basura en las calles, porque en eso termina, es un retroceso en el Estado de Baja California ¿Por qué tenemos que seguir los ciudadanos pagando propaganda? Porque no la pagan los candidatos, la paga la ciudadanía. Estamos hasta la madre de ver todo Baja California lleno de bardas pintadas, lleno de lonas, vayan a la Zona Este para que vean el basurero que es prácticamente las calles de Tijuana, y prácticamente de todo Baja California. Se acaban las campañas políticas y las bardas siguen pintadas”, expresó.
La legisladora del PT sostuvo además que esta reforma beneficiará principalmente a los partidos políticos que reciben mayores recursos económicos.
Y, finalmente, consideró innecesario regresar a este tipo de propaganda que habían sido restringida y que dijo sólo les sirve a quienes han perdido credibilidad de la ciudadanía.
“Entre más grande tengas que usar el logo político, significa que menos tienes poder político y reconocimiento de la gente. Entonces, tienes que volver a utilizar las mañas de antes”, aseveró en ese sentido Hinojosa Gilvaja.
A manera de contraargumento, Juan Manuel Molina respondió que la legislación contempla sanciones para quienes incumplan las reglas, así como límites en el financiamiento de recursos públicos.
Sin embargo, Hinojosa Gilvaja replicó que las multas no han sido suficientes para impedir que los partidos cometan irregularidades.
Además, señaló que con la capacidad económica de los partidos mayoritarios, pueden absorber ese tipo de sanciones, como lo hicieron en el proceso electoral pasado.
La reforma votada hoy había sido aprobada en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales apenas tres días antes, el lunes 24 de agosto.
Ahí recibió los votos de Morena, mientras que Daylín García Ruvalcaba (MC) y Juan Diego Echevarría Ibarra (PAN) se abstuvieron y señalaron que reservarían sus posicionamientos para el Pleno.
Y aunque hoy jueves finalmente ambos votaron en contra, ninguno de ellos hizo alguna manifestación.
La anterior reforma fue aprobada en julio de 2021, después de las elecciones celebradas ese año en el que se renovaron la gubernatura, las alcaldías, así como las diputaciones locales y federales.
Por lo que empezó a aplicarse hasta el proceso electoral 2023-2024, habiendo sido aplicada en una ocasión, pues al echarla abajo hoy, los legisladores modificaron las reglas electorales para las elecciones de 2027.
La reforma también deroga el artículo 354 BIS de la Ley Electoral, que establecía multas de 50 a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes incumplieran las restricciones previstas en el artículo 152.
De acuerdo con la exposición de motivos presentada en la sesión de Comisión, el cambio responde a “un diagnóstico derivado de las experiencias en procesos electorales recientes”, según el cual la prohibición absoluta no produjo los resultados para los que fue creada.
“La actualización incide en cómo partidos y candidaturas ejercen frente al electorado la libre difusión de ideas, lo que impacta la calidad de la competencia democrática y la equidad de los contendientes”, establece la iniciativa.
Por ello, con la aprobación del Pleno, se regresará a que partidos políticos, candidatos y candidatas usen bardas y otros espacios privados para difundir su propaganda electoral, siempre que tengan el permiso de sus propietarios.
A favor de la reforma votaron los Eligio Valencia, Alejandra Ang, Juan Manuel Molina, Evelyn Sánchez, Gloria Miramontes, Fidel Mogollón, Maythé Méndez, Michel Sánchez, Montserrat Murillo, Jaime Cantón, Angélica Peñaloza y Julia Andrea González Quiroz, así como los diputados suplentes Jesús Daniel Razo Córdova y Gabriela Poce Velázquez.
De éstos, tanto Juan Manuel Molina como Julia Andrea habían votado en 2021 por la anterior reforma, dado que en ese momento también formaban parte del Poder Legislativo.
También la respaldaron Diego Lara Arregui, recientemente afiliado a Morena; Teresita Ruiz, del Partido Encuentro Solidario (PES); Bryan Manuel Castillo, suplente del diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Ramos, así como la diputada sin partido Adriana Padilla.
En contra se pronunciaron Yohana Hinojosa Gilvaja, del Partido del Trabajo (PT); Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano; los panistas Juan Diego Echevarría, Alejandrina Corral y Yolanda Gaona, así como Humberto Valle Ballesteros, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
