CDMX.- Baja California figura entre las entidades del país con mayor número de cuentas bloqueadas a grupos delictivos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Así lo informó hoy Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Secretaría de Hacienda.
Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, encabezada hoy viernes 28 de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el funcionario federal explicó que, con 356 casos, Baja California se encuentra en el quinto lugar con mayor número de cuentas inmovilizadas a organizaciones criminales en México.
“Las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son Ciudad de México, con 2 mil 300; Jalisco con mil 185; Nuevo León con 955; Sinaloa con 723 y Baja California con 356 cuentas”, expresó Reyes Colmenares.
Y sostuvo que esto refleja el trabajo coordinado de la UIF con el Gabinete de Seguridad para identificar y afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.
El titular de la UIF mencionó que del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país, lo que representa el 31.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas; es decir, 1 de cada 3 cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos.
Adicionalmente, una de cada 17 cuentas inmovilizadas está relacionada con investigaciones por el delito de extorsión, lo que implica mil 443 de 2024 a lo que va de 2026.
Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera se encarga de detectar operaciones financieras inusuales, analizar la información y generar inteligencia financiera.
“A partir de este análisis se identifican personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero”.
El titular de la UIF señaló entonces que cuando existen los elementos correspondientes se incorporan estos sujetos a la lista de las personas bloqueadas con la finalidad de inmovilizar estos recursos, lo que se realiza en estrecha coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.
Por lo que en la actual administración se han incorporado 2 mil 395 sujetos a la lista de las personas bloqueadas y se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.
Señaló que de esta manera se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales, se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y se fortalece la coordinación institucional e interinstitucional.
Expuso que en el ámbito internacional han reforzado el intercambio de inteligencia financiera a través del grupo Egmont, así como la relación con FinCEN y OFAC y otros organismos internacionales.
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En ese sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha informado sanciones a personas y empresas relacionados con el crimen organizado en México.
Hace casi un año, el 18 de septiembre de 2025 dio a conocer un documento en el que reveló nexos de la diputada federal morenista y dos veces alcaldesa de Rosarito Araceli Brown Figueredo con operadores políticos y económicos de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa en Playas de Rosarito, por lo que señaló aplicarle sanciones junto a otras personas y 15 empresas, un total de 22 objetivos en México.
Inmediatamente, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en México informó haber instruido “un bloqueo administrativo a las cuentas de personas identificadas por el gobierno de Estados Unidos como integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero”, entre quienes se encuentra la ex presidenta municipal de Playas de Rosarito.
“Derivado de la designación de OFAC, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, reiteró entonces.
Indicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, “para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional”.
Dijo que realizaría el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, daría vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.
Sin embargo, aclaró también que la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, “y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”.
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A pesar del comunicado de la UIF, esa misma mañana en un breve posicionamiento de tres párrafos en la red social Facebook, la diputada federal señaló que era falso que sus cuentas en México hubieran sido bloqueadas e hizo referencia a que el fin de semana anterior estuvo en San Diego, California.
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