Mexicali.- Un mes después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) debía investigar al senador con licencia y aspirante a la gubernatura, Armando Ayala Robles, por la denuncia en su contra por promoción personalizada relacionada con la propaganda de su segundo informe legislativo, la autoridad electoral requirió información al propio morenista, a Morena, al Ayuntamiento de Mexicali y al Senado de la República.
Como informó PUNTO NORTE, el caso provocó un conflicto de competencia entre el INE y el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), luego de que ambas autoridades se declararon incompetentes para investigar la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra el ex alcalde de Ensenada.
Finalmente, la Sala Superior determinó que correspondía al INE sustanciar el procedimiento por posibles violaciones al artículo 134 constitucional, relacionadas con la difusión del informe de labores de Ayala Robles.
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PUNTO NORTE tuvo acceso al acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, fechado el 4 de septiembre, en el cual se ordena realizar una serie de requerimientos para reunir información y documentación que permita sustanciar la investigación.
A todas las partes les otorga un plazo de tres días hábiles, contados a partir de su notificación, para responder y entregar la documentación solicitada.
La mayor parte de los requerimientos se hacen hacia el senador con licencia y hacia el partido Morena.
Al igual que Julieta Ramírez, también senadora con licencia y también aspirante a la gubernatura de Baja California, Armando Ayala organizó su segundo informe de labores casi medio año antes de que se cumpliera su segundo periodo en el Senado de la República.
Al realizarlo en junio, esto le permitió realizar actos masivos con otros políticos y público antes de su registro como aspirante a la coordinación estatal de Morena, nombre que el partido otorga a sus precandidaturas a la gubernatura.
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A Ayala Robles se le solicita que indique el periodo en que realizó y difundió su segundo informe de labores, que remita copia del mismo y mencione la estrategia de comunicación social que usó para su difusión, así como los periodos utilizados.
También se le pide indicar los gastos que se efectuaron con motivo de la realización y difusión de su “segundo informe”, si contrató u ordenó la elaboración, pinta, colocación o difusión de bardas.
En el documento, se enlistan once pintas de bardas y para ello, se le solicita que proporcione copia simple de los instrumentos jurídicos que usó para realizar estas pintas.
Además, le señala que, de ser afirmativa la respuesta a esto último, señale la fecha de inicio y de término para la difusión de esa propaganda y si usó recurso público para ello.
En caso de haber utilizado recursos privados, le solicitan indicar de dónde se obtuvieron, además de puntualizar la finalidad o propósito de realizar, ordenar o contratar la pinta de las bardas alusivas a su segundo informe legislativo.
En el punto referente a Morena y con el fin de contar con mayores elementos para la integración de la investigación y debido a que en las pintas de bardas se advierten los logos del partido, se le hacen diversas peticiones.
En primera instancia, si reconoce la propaganda alusiva al segundo informe legislativo de Ayala Robles que viene en el acuerdo.
Posteriormente, que indique si el partido o alguno de sus órganos, dirigencias, representantes, militantes o simpatizantes “conoció, autorizó, ordenó, solicitó, contrató, coordinó, supervisó, financió o participó, de cualquier manera, en la elaboración, colocación, pinta o difusión de la propaganda señalada”.
También le solicita que informe si autorizaron el uso de su nombre, emblema, colores, tipografía o cualquier otro elemento en la propaganda investigada y que, en su caso, remitiera la documentación de esa autorización.
Se le pide señalar si Ayala Robles o alguna persona de su equipo solicitó apoyo económico, material, logístico o humano para la elaboración o difusión de la propaganda y si los gastos relacionados con la misma, fueron reportados en el sistema de fiscalización del partido.
En ese sentido, también se le pide informar si conocen a las personas propietarias de los inmuebles donde están las bardas, y de ser así, otorgar nombres y datos de localización.
El INE también le solicita a Morena si pidió retirar las pintas de las bardas una vez culminado el periodo permitido para la difusión del informe y que precise las acciones implementadas, las fechas y personas responsables de su ejecución.
Para el Ayuntamiento de Mexicali, las peticiones son relativas a informar si autorizó la pinta de bardas y el nombre de la persona que solicitó la autorización para realizarlas.
Además, se le pide indicar si los inmuebles o bardas están sobre propiedad municipal o forman parte del equipamiento urbano y, en caso afirmativo, identificar al área y a la persona responsable de su administración, cuidado o vigilancia.
En tanto, al Senado de la República, se le peticiona informar la fecha en que Ayala Robles presentó su segundo informe anual de actividades legislativas y si autorizó la entrega de recursos públicos para implementar una estrategia de comunicación social para su realización y difusión.
En este punto, se indica que de ser afirmativa la entrega de recursos, se manifieste el monto de los recursos otorgados, si la erogación fue solicitada o autorizada por Ayala Robles o por alguna otra persona, precisando, en su caso, su nombre y datos de localización.
El representante del PRI ante el IEEBC, Joel Abraham Blas Ramos, confirmó a PUNTO NORTE que le fue notificado el documento, pero los mismos revisten de criterio de confidencialidad, por lo que no puede declarar sobre el fondo del acuerdo.
No obstante, confirmó que el acuerdo hace requerimientos a Armando Ayala Robles, a Morena, al Ayuntamiento de Mexicali y al Senado de la República.
El representante del PRI en los órganos electorales agregó que previo a la sanción a Ayala Robles, se pugnará porque las medidas cautelares se tomen de inmediato, para que se retiren las pintas de bardas.
Al momento de abordar el fondo del asunto, indicó que el INE deberá revisar la falta cometida y determinar la gravedad del asunto para, a partir de ahí, sancionar.
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“Obviamente, como bien lo he dicho, es un delincuente electoral ya que tiene varias sentencias en contra de carácter electoral, esto le aplicaría una reincidencia en seguir incumpliendo la normatividad electoral. Nosotros vamos por la sanción máxima, que es el retiro de sus derechos políticos”, concluyó.
