Mexicali.- Con la protesta de una madre que señaló corrupción e ineptitud de parte de magistrados y jueces en una denuncia penal por violencia contra su hija menor de edad, el presidente del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isaac Fragozo López, compareció ante el Congreso del Estado como parte de la glosa correspondiente a su informe anual, correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.
Durante su exposición, diputados cuestionaron al representante del Poder Judicial por la presunta participación de jueces y otros funcionarios en el llamado Cártel Inmobiliario, dedicado al despojo de casas e inmuebles, así como por la falta de resultados en las investigaciones y sanciones contra quienes pudieran estar involucrados en esta red de despojo de propiedades.


Por otra parte, Fragozo López señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la que es titular María Elena Andrade Ramírez, es responsable de que alrededor del 80 por ciento de las audiencias sean diferidas y, en consecuencia, no alcancen sentencias condenatorias.
Hoy, miércoles 4 de agosto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), se presentó junto a su equipo de trabajo a la sesión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) ampliada, dando inicio al periodo de glosas ante el Poder Legislativo.


Fragozo argumentó que se ha reunido en distintas ocasiones con la fiscal general para revisar el diferimiento de las audiencias, pero refirió que “es un tema en el que, insisto, […] en el que no hemos podido coincidir”.
“No se trata que señalemos 10 mil audiencias y solamente efectivas van a ser cien. Se trata de que las audiencias se desahoguen y se logre la vinculación para que, posteriormente, se logre la sentencia condenatoria”, aseveró el magistrado presidente.

Además, indicó que el sistema que sigue la FGE es costoso, “estamos simulando en las solicitudes, en las solicitudes de audiencia inicial, que no se celebran”.
“A final de mes, nos judicializan cosas que no tienen sentido, que ya pasaron, quizá delitos prescritos, sin domicilio. […]

Definitivamente, es muy alto el costo de operación del Sistema de Justicia Penal y debemos de ser responsables todos los operadores de justicia”, criticó.
“Si tú judicializas 100 y terminan en vinculación 10, no tiene caso, Significa que no hubo una investigación en los otros 90. Eso nos está costando mucho a la ciudadanía” explicó y puso como ejemplo el caso del municipio de Ensenada donde el hecho de que se difieran las audiencias iniciales tiene un costo mensual de un millón de pesos.

Para concluir ese tema, Fragozo López dijo que el tema ya lo ha planteado, incluso, ante la Secretaría de Hacienda además de que aseguró estar dispuesto para revisar nuevamente el tema con la titular de la FGE.
Antes y durante el inicio de la sesión, una ciudadana, de nombre Paulina Gutiérrez protestó con reclamos directos al presidente del Poder Judicial exigiendo atención para el caso de su hija, denunciando que vivió durante años en un entorno de violencia sin que las juezas a cargo del expediente atendieron el caso.

“Mi hija no es culpable ni responsable de haber sido víctima de violencia”, señaló Paulina Gutiérrez, confrontando además a las magistradas Karla Patricia Amaya Coronado y Odette Tapia Palma, a quienes acusó de no solamente ser omisas en el caso, sino en convertirse en cómplices del violentador de su hija e incluso de burlarse de ella.
La mujer declaró que la ineptitud y corrupción de los jueces y magistrados lastima directamente a las víctimas, quienes no reciben justicia, pese a llevar todas las pruebas ante los juzgados.

Además, las exigencias las repitió durante diversos momentos de la sesión, ante lo cual, el presidente de la JUCOPO y coordinador de Morena en el Congreso, Juan Manuel Molina García intentaba silenciarla argumentando que la Ley Orgánica del Congreso impedía que ciudadanos participaran durante el desarrollo de las comparecencias.
Por su parte, el diputado panista Diego Echevarría cuestionó a Fragozo respecto a cuántos integrantes del Poder Judicial están siendo investigados por participar en los esquemas de despojo conocidos como cárteles inmobiliarios.

En respuesta, la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Guadalupe Ricardo Rodríguez, precisó que “tenemos ocho denuncias que tienen las distintivas para creer que es del denominado cártel inmobiliario y, dentro de esas denuncias, hay doce personas que están siendo investigadas, de las cuales, diez son jueces”.
Dichas denuncias corresponden a los municipios de Tijuana y San Quintín y dichos funcionarios no han sido separados de sus cargos para ser investigados.

En su participación, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), preguntó al Poder Judicial sobre la cantidad de resoluciones alcanzadas por el Tribunal de Disciplina Judicial, a lo que la magistrada Ricardo Rodríguez contestó que han sido 210, de las cuales, 63 han sido dictadas en el área de los magistrados y 147 en el área de investigación.
Con base en lo anterior, se han impuesto 18 sanciones, de las cuales, la más grave ha sido la suspensión de quince días a un juzgador.
En el mismo sentido, se manifestó el diputado de Morena, Jaime Cantón Rocha, al cuestionar sobre las acciones que ha tomado el Poder Judicial para combatir el fraude inmobiliario y desarticular las redes del Cartel Inmobiliario.

En ese sentido, Fragozo López declaró que, al percatarse del problema, se sostuvieron pláticas con los jueces civiles, al ser quienes llevan a cabo estos procedimientos jurídicos.
Entonces, lo que se ha determinado es realizar acciones para verificar la existencia y la veracidad de los hechos.
Explicó que un alto porcentaje de las acciones del “Cartel Inmobiliario”, consiste en acudir ante la jueza o juez, llevar a testigos y mentir enfrente de la autoridad.

“Como autoridad de buena fe crees en lo que dicen las personas, que van y dicen que si ahí vive, que habita, que es el propietario y luego tienen una sentencia”, expresó.
Y explicó que con esa sentencia, las personas toman ventaja y realizan distintas acciones, desde ocupar los inmuebles a la fuerza o tomar uno desocupado, amparándose en esa sentencia.
No obstante, Fragozo López dijo “yo creo que hay que recordar que la prescripción no es el método correcto para adquirir un título sobre tu propiedad”, afirmó.
De igual manera, el presidente del Tribunal señaló que el 70 por ciento de los asuntos de este tipo se basan en prescripciones.

La magistrada Ricardo Rodríguez fue cuestionada por la diputada Yohana Hinojosa Gilvaja sobre las denuncias interpuestas contra personal del Poder Judicial.
Contestó que las más importantes son las ocho relacionadas al Cártel Inmobiliario y que mantiene conversaciones con la Fiscalía General del Estado para revisar si hay personas investigadas por ambas instituciones y evitar duplicidad de procedimientos.
Explicó que, conforme a sus lineamientos internos, el Tribunal espera a que concluyan las investigaciones administrativas para determinar si cuenta con elementos suficientes para presentar una denuncia penal.
En la comparecencia estuvieron presentes, por parte del Poder Judicial, el consejero ciudadano de Administración, Francisco Javier Tenorio; la magistrada consejera, Columba Amador Guillén; la consejera ciudadana, Cecilia Razo Velázquez: así como el magistrado consejero, Nelson Kim Salas.
Además, acudieron las y los magistrados Karina Costa, Karla Maya, Carlos Alberto Ferré, Michelle Corona, Monique Estrada, Carlos Flores Domínguez, Naum Rodríguez, Dolores Moreno, Gustavo Medina, Álvaro Castilla, Odette Tapia, Elizabeth Castro, así como la presidenta del Tribunal de Disciplina, Guadalupe Ricardo.
En la sesión estuvieron presentes las y los diputados de Morena Julia Andrea González Quiroz, Dunnia Montserrat Murillo López, Evelyn Sánchez Sánchez, Alejandra Ang Hernández, Gabriela Ponce Velázquez, Maythé Méndez Vélez, Juan Manuel Molina García, Jaime Cantón Rocha y Daniel Razo Cordova.
También acudieron, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Valle Ballesteros; por el Partido Verde (PVEM), Jorge Ramos Hernández: por el Partido del Trabajo, Yohana Hinojosa Gilvaja; por Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba; por Acción Nacional (PAN), María Yolanda Gaona Medina, Alejandrina Corral Quintero y Diego Echevarría; así como la legisladora sin partido Adriana Padilla Mendoza.











































