Tijuana.- De manera unánime, los diputados de Baja California votaron para no aprobar la cuenta pública del año fiscal 2020 del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER), año en el que Arturo González Cruz fue alcalde de Tijuana y quien designó a Priscilla Velásquez Placencia frente a esta paramunicipal.
La votación de los legisladores se originó ante el informe individual, en manos de PUNTO NORTE, realizado por la Auditoría Superior del Estado y entregado al Congreso del Estado, el cual contiene una serie de observaciones al manejo de los recursos públicos en la dependencia.
Los trabajos de fiscalización detectaron malos manejos, así como “errores y omisiones significativos” en los estados e información financiera del INMUJER en Tijuana además de otros hallazgos que violan diversas leyes, reglamentos y normas de operación.
En solo una de las observaciones, la Auditoría encontró que entre las 16 empleadas de confianza del Instituto se repartieron en efectivo la partida de “previsión social”, la cual corresponde a un monto de un millón 386 mil 660 pesos, violando las leyes y disposiciones fiscales.
De hecho, ante la serie de irregularidades, la Auditoría sugiere en su informe que los órganos de control inicien procedimientos sancionadores para poder castigar las faltas detectadas.
De la revisión efectuada al manejo de los recursos públicos durante el periodo de Arturo González y su entonces directora Priscilla Velásquez Placencia, el informe individual advierte “presenta errores y omisiones significativos en los estados, y la información financiera; incumpliendo a disposiciones legales, fiscales y normativas aplicables”.
Esas omisiones incluyen el “no proporcionar plan de previsión social, no expidió ni entregó Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI-Timbrado de finiquito), no haber realizado procedimiento de adjudicación de servicios recibidos, cuentas por cobrar sin gestión de cobro, Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal pagado de menos, omitir las plazas y no proporcionar las nóminas o recibos de honorarios asimilables a salarios, por exceder la tasa de crecimiento real en la asignación global de servicios personales”.
Y remarca el informe que, al 25 de febrero de 2022 cuando la auditoría concluyó los periodos de revisión, los malos manejos “no han sido solventados”.
La austeridad de la 4T no llegó al Instituto de la Mujer cuando Priscilla Velásquez estuvo al frente, pues de 2019 a 2020 hubo un incremento a la asignación de la partida de “servicios personales”, en donde se incluyen los sueldos, aguinaldos y demás prestaciones para la directora, sus jefas, coordinadores y demás empleadas.
Solo para esta partida de “servicios personales”, el IMMUJER presupuestó 4 millones 269 mil 656 pesos para un total de 16 empleadas, lo cual representó un aumento del 4.79 por ciento respecto al 2019 con la administración panista de Juan Manuel Gastélum.
Ese aumento, incumple la Ley de Disciplina Financiera dado que el límite de aumento autorizado para los municipios es solo del 2 por ciento, según lo previsto en los “criterios de política económica” de la Secretaría de Hacienda.
No solo eso, como parte de la fiscalización, se revisaron nóminas de las 16 empleadas encontrando que lo pagado de Impuesto Sobre la Renta en ese año, estuvo mal calculado.
Además, explica el dictamen aprobado por el Congreso, en poder de PUNTO NORTE, que IMMUJER “no proporcionó evidencia documental del Plan de Previsión Social que avale” los registros de pagos por el importe arriba citado de un millón 386 mil 660 pesos, los cuales se gastaron los trabajadores de confianza durante el 2020.
Respecto a lo anterior, en el dictamen se puede leer “se constató que la previsión social otorgada a los trabajadores de confianza fue entregada en efectivo”.
Y, por lo tanto, no pudo ser considerado como un gasto deducible para la paramunicipal, “pues su destino no está plenamente identificado”, detalla la auditoría.
También se descubrió que el Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) realizó pago como
“subrogaciones para otorgar servicio médico a sus trabajadores” por un monto de 164 mil 911 pesos, lo cual consta en registros contables bajo la cuenta de “Medicinas y Productos Farmacéuticos” y “Otros Servicios Generales”.
Sobre estos gastos en farmacias y médicos, detectaron los auditores que “no se proporcionó evidencia documental” en donde IMMUJER analizara propuestas para la adjudicación de los contratos de los servicios médicos, ni tampoco “se proporcionó dictamen técnico por cada uno de los servicios en los cuales se debió incluir nombre de la persona física o moral, y sus datos de identificación fiscal, especialidad médica, descripción de los servicios propuestos, costo unitario (de conformidad con el tabulador autorizado), y el responsable de la prestación del servicio”. Fueron gastos de manera discrecional y fuera de la norma.
Incluso, respecto a los gastos en “Medicinas y Productos Farmacéuticos’ ni siquiera se presentaron “evidencia de la elaboración del formato ‘Hoja de Solicitud’ y de autorización del médico general para la subrogación de los medicamentos en farmacias externas”.
La posible corrupción y los malos manejos de gobiernos pasados fueron igualmente encubiertos, en el periodo de la directora y el alcalde, ambos de MORENA. Pues en los trabajos de fiscalización encontraron que, en 2018, durante el gobierno de Gastélum ‘El Patas’, se contrató a una persona únicamente para que realizara la instalación de “una plataforma hidráulica para personas con discapacidad” por un monto de 11 mil 20 dólares.
El contratista se comprometió en hacer la instalación en los 75 días posteriores al contrato (julio de 2018), pero esta nunca se llevó a cabo. Incluso se le hizo un pago más en 2019 por 122 mil 111 pesos y la otra parte al firmar el contrato, dando una suma en total de 214 mil 547 pesos.
La auditoría advierte que, en el periodo de Priscilla Velásquez en 2020, IMMUJER no se realizó ninguna gestión “en contra del proveedor para resarcir los daños causados por incumplimiento al contrato”.
Asimismo, el Instituto de la Mujer mantuvo cuentas por cobrar a tres ex funcionarios de los años 2014 y 2015 (durante el gobierno priista de Jorge Astiazarán) por un monto de 199 mil 191 pesos por el concepto de gastos por comprobar.
En este caso, durante el año 2020, tampoco existe evidencia de gestiones para recuperar los recursos, lo cual era una obligación. Este hecho también lo manifestó la Auditoría Superior.
La directora del IMMUJER tuvo bajo su responsabilidad un presupuesto de 5 millones 890 mil pesos en 2020, para ello, presentó (como es obligación) un “Programa Operativo Anual de la Entidad”.
Sin embargo, tras el análisis del mismo por la ASE “se determinó que no existe claridad y congruencia entre el fin, propósito, componentes y actividades”, explica el documento.
Sobre los números de “Indicadores para Resultados” de su único programa que IMMUJER definió “se determinó que presenta deficiencias en su elaboración”, concluyó la fiscalización.
Hay un apartado del Informe Individual que señala las inconsistencias y deficiencias en estos indicadores, ya que “no existe claridad y congruencia entre fin, propósito, componentes y actividades con sus indicadores, medios de verificación y supuestos”, se lee.
Incluso, la directora del INMUJER falseó en estos reportes. En el análisis de la fiscalización, descubrió que una de las actividades de un componente “no fue lograda al 100%”, pero fue presentado “como realizado al 100% omitiendo reflejar el impacto en el mismo por la falta del logro de sus actividades”.
El dictamen aprobado de manera unánime por los 24 diputados presentes en la sesión del 9 de junio en donde se votó la cuenta pública del Instituto de la Mujer, establece que la no aprobación no “producirá efecto jurídico alguno” para evitar acciones que busquen sancionar las irregulares detectadas, tales como “solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa, denuncias penales y de juicio político”.
