Rechazan colectivos desginación de titular de la Comisión de Atención a Víctimas

María Alejandra Basaldúa Ayala. Foto: Víctor Medina

Tijuana.- Ofendidos, molestos y revictimizados, así es como se sienten integrantes de organizaciones de la sociedad civil, luego de que el Congreso del Estado ignorara su llamado a respetar la Ley de Atención a Víctimas, tras designar a María Alejandra Basaldúa Ayala como nueva titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Y es que, de acuerdo a la ley en la materia, uno de los requisitos indispensables es que quien encabece los trabajos no haya desempeñado cargo público en los dos años previos y la nueva comisionada lleva 16 años trabajando para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y ahora para la Fiscalía General del Estado (FGE), como directora de Atención a Víctimas y Testigos.

Angélica Ramírez, líder de la organización Una Nación Buscándote, que brinda ayuda a familiares en la búsqueda de sus desaparecidos, explotó en contra del actuar de los diputados locales y aseguró que no aceptarán la designación, por lo que esperan la resolución de un amparo.

“Estamos enojados, estamos tristes, porque por parte de los colectivos y de grupos de víctimas hicimos todo lo propio para sensibilizar a las autoridades, decirles que estaban mal, que estaban violando la ley, pero este nuevo gobierno hizo oídos sordos a todo lo que nosotros solicitamos, nos sentimos revictimizadas”, expresó.

“Antes de que hicieran la postulación, que fue el 11 de enero, alcanzamos a meter un amparo, es lo único que tenemos que nos puede salvar, hay que esperar a que un juez dictamine si tenemos o no tenemos la razón, vamos a seguir dando batalla”, dijo la activista.

Angélica Ramírez dijo que mientras esto se resuelve por la vía legal, a María Alejandra Basaldúa la van a mantener vigilada con lupa, porque como encargada de Atención a Víctimas se dedicó a revictimizar a las personas que pedían su ayuda y ha sido señalada de quitar apoyos económicos a quienes el gobierno les dio recursos para la reparación del daño.

“Vamos a vigilarla con lupa a esta señora que revictimiza, aparte de eso hay cosas que no están claras sobre los dineros, desde el momento en que lleva a las víctimas al banco con el cheque y en cuanto salen de cobrar la señora está afuera para quitarles todo el dinero, excusándose que ella va a hacer las compras que las familias necesitan”, señaló.

Agregó que cada vez que María Alejandra Basaldúa tropiece, se va a levantar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y las quejas que sean necesarias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), además de que esperan se realice una auditoría.

Si durante el ejercicio de su cargo hubiera sido una férrea defensora de las víctimas, posiblemente otra postura tendrían, aclaró.

Mientras esperan el resultado del amparo, colectivos y organizaciones civiles ya reúnen firmas de catedráticos y especialistas en la ley en materia de atención a víctimas, para emitir un posicionamiento, “la batalla va a seguir”.

La activista reprobó el actuar de los diputados locales, porque fueron ellos quienes aprobaron la ley y son los que están obligados a conocerla y encargarse de su aplicación.

El artículo 85 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Baja California, establece claramente que quien encabece la comisión ejecutiva no debe haber ocupado cargo público, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, “dentro de los dos años previos a su designación”.

En declaraciones del diputado Juan Manuel Molina García a PUNTO NORTE, había asegurado que iban a revisar a detalle los tres perfiles enviados por la titular del Ejecutivo Estatal y si alguien no reunía los requisitos, iban a escuchar a los inconformes.

“Queremos que el diputado Juan Manuel Molina se siente con las víctimas a leer la ley, vamos leyéndola y si hubo esa violación, que él dice que no la hubo, que dé una disculpa pública por su falta de conocimiento o simplemente por no hacer su chamba, que fue leer”, exigió Angélica Ramírez.

La designación de María Alejandra Basaldúa es por un periodo de cinco años. En la terna también estuvieron el médico forense Manuel González Millán y Arely Lourdes Vera Lizárraga.

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