Mexicali.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sostuvo una reunión de trabajo con Jorge Álvaro Ochoa Garduño, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con quien abordó aspectos torales para el presente y el futuro de los derechos humanos de la entidad.
Esto con el fin de “refrendar el compromiso de la administración estatal con promover e impulsar los derechos humanos en las políticas públicas”, indicó el gobierno estatal en un comunicado de prensa.
La mandataria estatal destacó el trabajo realizado en materia de derechos humanos, especialmente la reciente publicación en el Periódico Oficial del Estado del Programa Estatal de Derechos Humanos de Baja California 2022-2027, en el que se articulan acciones interinstitucionales para salvaguardar la dignidad de todas las personas desde la función pública.
Marina del Pilar también destacó el trabajo que se realiza desde la Secretaría General de Gobierno del Estado (SGG), que encabeza Alfredo Álvarez Cárdenas, para privilegiar la necesidad de gobernar con un enfoque derechohumanista en favor de todas y de todos, especialmente de grupos de atención prioritaria que fueron ignorados por décadas.
Por su parte, el ombudsperson de Baja California reconoció la iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo del Estado para establecer pautas con perspectiva de derechos humanos en el diseño e implementación de políticas públicas, así como la apertura para atender pendientes históricos y estructurales en la materia.
En ese sentido, el titular de la CEDH celebró el acercamiento de distintas áreas del gobierno del Estado hacia el organismo, tanto para el seguimiento a quejas y recomendaciones, como para la construcción de programas principalmente orientados a la atención de grupos que requieren atención prioritaria.
Además, reconoció la publicación del Programa Estatal y consideró que se trata de un instrumento que marca la pauta del trabajo conjunto entre el organismo y las autoridades para desarrollar condiciones en que ninguna persona vea vulnerados sus derechos, y se garantice un entorno de dignidad en Baja California.
