Mexicali.- Ante irregularidades y delitos cometidos en perjuicio de migrantes en estaciones migratorias de Tijuana y Baja California, el Congreso del Estado emitió un exhorto a la administración estatal para que se coordine con el gobierno federal y mejore la seguridad en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).
Señaló que en estos espacios se han cometido crímenes en contra de migrantes como un atentado con armas de fuego, el 8 de abril en la de Tijuana.
En su exposición de motivos, el Poder Legislativo de Baja California recordó además que el jefe de la Estación Migratoria de Tijuana “fue detenido en posesión de cartuchos de armas de fuego y con más de un millón de pesos en efectivo, presumiendo que dicho sujeto se encuentra ligado a crímenes de corrupción, extorsión y tráfico de personas”.
Como informó PUNTO NORTE, el 29 de febrero de este año, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Marte Antonio Camacho Solano y María Isabel Paredes, funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
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Ello, tras un cateo en un domicilio de Santa Fe donde las autoridades federales hallaron el equivalente a 2 millones de pesos en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólar y varios cartuchos calibre 9 milímetros.
Había también en el domicilio una libreta con anotaciones sobre cobros a migrantes indocumentados para ingresar a Baja California y pedir desde aquí asilo humanitario a Estados Unidos.
Marte Antonio se ha desempeñado como encargado de la estación migratoria de Tijuana desde mayo de 2009, pero el juez lo dejó en libertad junto con la mujer detenida con él, argumentando irregularidades durante su arresto.
La legisladora inicialista subrayó que “es una pena que el derecho de migrar se vea coartado por la inseguridad que atraviesa el país, anteriormente se culpaba a los grupos de delincuencia organizada que se aprovechaban de la vulnerabilidad de este grupo de atención prioritaria y de la necesidad en la que se encontraban para extorsionarlos y/o secuestrarlos; sin embargo, hoy en día también se tiene a la misma autoridad actuado de forma ilícita”.
En el exhorto dirigido al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, el Congreso el Estado pide que en el ámbito de su competencia, “implemente medidas de verificación y estrategias de seguridad, en coordinación con el gobierno federal para que las estaciones migratorias que se encuentren en la entidad, cuenten con todo tipo de protocolos enfocados a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentren bajo custodia en los mismos”
Apenas la semana pasada, la noche del jueves 25 de abril, una unidad del Instituto Nacional de Migración (INM) fue apedreada en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza de la zona del muro fronterizo de Playas de Tijuana.
El INM aseguró que antes del incidente, sus elementos localizaron a ocho colombianos de tres familias intentando cruzar el muro fronterizo a través de la casa en la zona y los trasladaron a sus instalaciones.
“En este trabajo parlamentario solicitamos que de forma inmediata se establezca una agenda de coordinación donde el gobierno federal establezca canales institucionales de comunicación efectivos y se asignen suficientes recursos para atender con dignidad y respeto a los derechos humanos, así mismo se lleve a cabo una investigación exhaustiva respecto a los hechos criminales que se han llevado a cabo en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana Baja California”, concluyó el Congreso del Estado.
