Tijuana.- Al considerar que la prisión preventiva oficiosa es fundamental para preservar la seguridad y mantener la construcción de la paz en el país, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda se sumó al llamado de gobernadores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no eliminar la prisión preventiva oficiosa en México.
Lo anterior, como una de las integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), en un texto dirigido a Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A diferencia de otros posicionamientos, en los cuales sólo participan mandatarios estatales emanados de Morena, en este caso, se unieron los 31 representantes de las entidades federativas.
Las y los gobernadores manifestaron que se encuentran “preocupados por los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana” en caso de que se elimine este precepto.
Actualmente, hay un catálogo de delitos en los que, sin necesidad de argumentación por parte del Ministerio Público, ya sea del orden común o del federal, los jueces deben establecer la medida cautelar de prisión preventiva para aquellas personas que son vinculadas a proceso.
Algunos de estos delitos son homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada de personas, trata de personas, delincuencia organizada y otros.
En el texto formulado en calidad de Amicus Curiae, “con respeto absoluto a la división de poderes”, los gobernadores recordaron que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen “que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.”
Desde hace varios años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido modificando los delitos en los que la medida cautelar de prisión preventiva se dicta de manera oficiosa, por ejemplo en el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Sin embargo, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que declara inconvencional la prisión preventiva oficiosa y se señala que debe ser eliminada del sistema penal mexicano.
De ahí que el ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo realizó un proyecto de resolución para que México acate la resolución del organismo internacional.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa” expresaron los integrantes de la Conago respecto de la resolución que deberá emitir el máximo tribunal constitucional sobre la prisión preventiva oficiosa.
“Es importante manifestar que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el Ministerio Público sólo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; por lo tanto, solo en esas condiciones precisas, el juez ordenaría la prisión preventiva de forma oficiosa”.
Las gobernadoras y los gobernadores piden que se considere también el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, “puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales”.
El texto enviado por los integrantes de la Conago fue recibido por el buzón judicial de la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la SCJN.
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